Hemisferio Izquierdo: ¿Cuáles son las principales tensiones que indentificás en torno al trabajo en la coyuntura actual? Natalia Leiva: El capitalismo sienta sus bases en el trabajo, pero en el sentido moderno del concepto. Esto es, en un nuevo tipo de trabajo que permitió dos procesos fundamentales: producir y generar una clase social cuyo carácter peculiar es conformarse como tal a partir de realizar esta acción, de forma separada de los medios e instrumentos para desarrollarla. Aquí se genera una contradicción fundamental, madre de todas las contradicciones y “tensiones”, la que existe entre capital y trabajo. En una etapa de ascenso, el capitalismo y la burguesía lograron expandirse hasta territorios tan lejanos que el mundo parecía no tener límites, la exportación de capitales generó un ascenso inimaginable. Sin embargo, el capitalismo entró en una -centenaria ya- bancarrota, un periodo de declive de magnitudes históricas, que se manifiesta en sucesivas y cada vez más profundas crisis. Nos enfrentamos al décimo segundo aniversario de la crisis iniciada en 2007, que se profundiza en 2008 con el quiebre de la Lehman Brothres y en consecuencia de Wall Street. Proceso que a su vez, se había iniciado una década antes, con la crisis de los gigantes asiáticos y sus terribles consecuencias en toda la “periferia”. El aumento de la deuda internacional de EE.UU., la acentuación de la crisis de deuda en China, sumado a su inserción (junto a Rusia) en el mercado mundial, colocaron a fines de los '90, las bases para una crisis que arrastró a Europa, EE.UU. y tras ellos el resto del mundo, que aún hoy mantiene sus premisas fundamentales. En otro plano, el desarrollo de la industria capitalista en China, generó una enorme clase obrera, surgida en condiciones de semiesclavitud produce mercancías que inundan el mundo, compitiendo con el resto del proletariado que tras siglos de formación, ha conquistado condiciones de vida y trabajo superiores. De este somero resumen, se desprenden varios de los problemas relacionados con el trabajo, a nivel mundial, que claramente tienen una manifestación particular en nuestro país: el aumento del desempleo, el aumento de la edad de jubilación (y la consiguiente confiscación del salario que implica), la privatización del Estado y la reforma laboral (que implica desregulación, flexibilización y precarización de las relaciones laborales). En concomitancia con las exigencias de pago de la deuda y en función de la reducción del déficit fiscal (esencial para garantizar lo anterior), los organismos multilaterales de crédito exigen la reforma de la seguridad social, es decir del actual sistema de jubilaciones y pensiones. Se trata, entonces de un verdadero mandato a nivel mundial, que se repite año a año, teniendo un enorme protagonismo en las “recomendaciones” del FMi en enero de 2019, que abordan dos niveles: reducción del costo (“tasa de renovación”) y aumento de la edad de retiro, fundamentalmente en las mujeres. En Uruguay, un trabajador se jubila con 64 años, dado que necesita trabajar más tiempo que el mínimo estipulado por la ley, para aumentar su “tasa de renovación”(que con 30 años de trabajo y 60 de edad, es de 45% aproximadamente, de las más bajas de la región). En este contexto, los capitalistas apelan a la desestructuración del Estado, de sus alcances y responsabilidades. Por un lado, la creciente sustitución de las instituciones estatales por empresas privadas (desde Sociedades Anónimas, grupos económicos,ONG’s), implica que capitalistas se apropien de suculentas porciones del presupuesto estatal, beneficiándose además de cierta garantía respecto a márgenes de ganancia durante décadas (tomemos como ejemplo a las empresas de mantenimiento y limpieza) y cuyo aporte en el ahorro de los dineros estatales, no ha sido probado, por el contrario. Se generan así verdaderas estructuras parasitarias. Vinculado a lo anterior, se impone la exigencia de flexibilización de las condiciones de trabajo, que supone la eliminación de conquistas históricas del proletariado como: regulación de la jornada laboral, regulación y negociación del salario. Impone flexibilización de los contratos e imposición de cláusulas de despido, sin derecho a indemnización alguna, de sistemas monotributistas en sectores como los de repartos, donde existe una relación laboral con una patronal. Se trata de un retroceso a condiciones de trabajo decimonónicas. Esto genera una tremenda precarización laboral, es decir, la proliferación de los contratos basura. Las relaciones laborales como las que intenta imponer UPM, son la continuación de una política que incluye las tercerizaciones, los contratos a través defiguras como el “monotributo”. A nivel del desempleo, las cifras oficiales en nuestro país lo colocan en torno al 9%, estos puntos porcentuales, con una pérdida acumulada de casi 50.000 puestos de trabajoen los últimos cuatro años, fundamentalmente en la industria, la construcción y el sector agropecuario. Hemos asistido al cierre de empresas históricas, como FRIPUR, La Spezia, Raincoop, Ecolat, FANAPEL, Colgate-Palmolive, Montevideo Gas (a la cual los trabajadores luchan por mantener abierta), etc. En contrapartida, los sectores vinculados a los servicios (con salarios inferiores a los $20.000 nominales), han aumentado la cantidad de empleados, al igual que el llamado“autoempleo”, es decir, las unipersonales. Existe una unanimidad a nivel de los partidos patronales política, por el fomento del “emprendedurismo”, existiendo incluso un Proyecto de Ley aprobado en Diputados, por unanimidad. Este aumento responde a la flexibilización laboral que denunciamos, a la proliferación de verdaderas estafas a los trabajadores. Por lo tanto ¿dónde queda el “Uruguay productivo con justicia social” que pregona el FA y su burocracia sindical? La primera conclusión es que el capitalismo en pleno derrumbe no puede garantizar ni siquiera las condiciones de explotación de los trabajadores.
Hemisferio Izquierdo: ¿Qué desafíos de les plantean a los trabajadores organizados y a la izquierda frente a este panorama? Natalia Leiva: Quienes militamos en el Partido de los Trabajadores y en su corriente internacional la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI), entendemos que el proceso de bancarrota mundial implica un proceso de reagrupamiento del proletariado a escala planetaria. Para esto, la construcción de partidos revolucionarios es parte de una tarea de combate político a la burguesía y sus gobiernos, lo cual implica la intervención en todos los frentes, en las luchas obreras, estudiantiles, en los sindicatos y organizaciones de desocupados, en las elecciones. Entendemos que colocar un programa de salida a la crisis capitalista trasciende la lista de delimitaciones con la burguesía y aborda las elaboración de un plan de lucha, de una táctica de intervención, donde la clase obrera conquiste reivindicaciones concretas, como escalón hacia su preparación política como sujeto revolucionario. Estas tareas, fueron enunciadas hace 150 años, por Marx, reafirmadas durante la Comuna de París, siendo la base de la Revolución Bolchevique, manteniendo aún su vigencia histórica. En Uruguay la construcción de esa organización, es un eje de nuestra intervención como Partido de los Trabajadores. Sin embargo, este proceso no se agota en señalar las tareas históricas, hay mojones transicionales que resultan fundamentales. Luego de 15 años de gobiernos del FA, la clase obrera ha agotado una experiencia, donde se ha beneficiado incesantemente al capital, coronando este proceso con el pacto colonial celebrado con UPM2, a lo que se suma la intención de continuar la mal llamada “reforma educativa”, que comparte con el resto del Estado los componentes fundamentales de la privatización. Las diferentes variables del FMI, colocan un problema de intensidad y ritmo en la estructuración de un ataque hacia las masas: las diferencias cosméticas, no ocultan su coincidencia programática en los puntos nodales, algunos -reforma de la seguridad social, desempleo, flexibilización laboral- enunciados en la respuesta anterior; otros como la defensa de la impunidad de los genocidas de la última dictadura, la agroindustria, la privatización del Estado, forman parte de una política pactada en las oficinas de Washington. En este sentido, la lucha por la la independencia política de los sindicatos, se constituye en un elemento clave para el desenvolvimiento de una enconada lucha frente a los ataques de las patronales y sus gobiernos. Es por esto que la conquista de direcciones sindicales para las corrientes clasistas debe ser defendida con uñas y dientes : frente a una burocracia que busca defender sus intereses a través de la defensa de un gobierno y su “bloque social y político de los cambios”, el nuevo fetiche del “diálogo social” (una suerte de “Pacto de la Moncloa” para el saqueo de las jubilaciones), anteponemos organizaciones que defiendan la democracia obrera y sus métodos históricos de lucha. Expulsar a la burocracia sindical es entonces, una cuestión de supervivencia para los trabajadores y sus organizaciones. Un proceso transicional, requiere la articulación de planteos que contemplen esa particularidad histórica. Es por eso que: prohibición de despidos, reparto de las horas de trabajo, ocupación de las fábricas, exigiendo su estatización bajo control obrero; frente a las tercerizaciones, pasaje a efectividad de todos los trabajadores que se desempeñan en las tareas, con el pleno reconocimiento de todos los derechos correspondientes, derrotar a la reforma jubilatoria. Este es el momento de organizar una lucha que surja de los debates y deliberaciones de las Asambleas de trabajadores y jóvenes en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, con la perspectiva de una huelga general que unifique todas las luchas particulares.
*Natalia Leiva. Profesora de Historia en CES. Militante del Partido de los Trabajadores y de Ades-Montevideo/FENAPES