Entrevista a Luis Eduardo Morás*: "...de lo que se trata es de lograr revertir una concepción política que en forma casi unánime pretende resolver los problemas de la violencia sin importarle el tratamiento de las causas que la generan"

 Fotografía Pablo Nogueria. Fuente: La diaria

 

Hemisferio Izquierdo, Tania Rodriguez, Daiana García (HI, TR, D): La reforma constitucional propuesta por Larrañaga más que una ruptura con lo que se venía haciendo o un acto de oposición, representa una continuidad con el esquema punitivo. ¿A qué responde el desplazamiento punitivista al que estamos asistiendo como sociedad? ¿Qué rasgos estructurales están puestos en juego allí? 

 

Luis Eduardo Morás (LEM): Ciertamente que esta reforma representa un nuevo hito dentro de un largo proceso que hace posible su existencia. Es la continuidad de un camino que se empieza a recorrer con mayor claridad desde la segunda administración del Frente en el año 2010 y que -en parte- se explica por el giro operado en la propia izquierda que ambienta un clima de opinión de consenso generalizado sobre las causas del problema y las soluciones factibles de aplicar. Un indicador del cambio se plantea con la convocatoria a la Comisión Interpartidaria de Seguridad, que sintetiza los diálogos mantenidos con la oposición a través de un Documento de Consenso publicado en agosto de ese año. Allí, si bien se reconoce que para enfrentar los problemas de seguridad se necesita una “concepción integral” y que es necesario “seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar factores determinantes de la marginalidad y la delincuencia”; cuando se trata de proponer medidas concretas se apela casi exclusivamente al incremento del presupuesto del Ministerio del Interior, mejorando el funcionamiento policial con la incorporación de tecnología, desarrollando actividades de inteligencia, reformulando su despliegue territorial y promoviendo el ejercicio de la autoridad. El paquete de medidas se complementa con reformas legales en el ámbito penal que tienen una clara orientación sancionatoria.

 

En este sentido, podría decirse que esta propuesta de modificar la Constitución con el objetivo de “Vivir sin miedo”, al igual que la llevada adelante desde el año 2011 con el propósito de reducir la edad de imputabilidad penal con el propósito de “Vivir en Paz”, hacen parte de un proceso que para su desarrollo recoge acuerdos más amplios existentes en la sociedad y trascienden a las fuerzas políticas conservadoras que puntualmente promueven ambos plebiscitos.

 

Una manera de analizar específicamente el actual intento de reforma debería abordar, al menos, tres aspectos: el contenido explícito que plantea, los fundamentos más amplios que la hacen posible y la forma de procesar el cambio.

 

Respecto al primer punto, la reforma pretende introducir cuatro enmiendas que implican, por una parte modificar un texto que sintetiza el acuerdo político más general que nos une como nación, incorporando instrumentos muy específicos de política criminal y del proceso penal que adquieren estatus constitucional. Por otra parte, no parece imprescindible la puesta en marcha de un dispositivo de esa dimensión, para iniciativas que ya se están implementando o bien podrían aplicarse con mínimos ajustes efectuados por la vía parlamentaria ordinaria.

 

En segundo lugar, debe atenderse el contexto más amplio que hace “posible de ser pensada” esta reforma y que logre la adhesión de 400.000 ciudadanos. En este plano, juega un rol central la particular construcción del problema que se realiza sobre las causas de la inseguridad, el perfil y motivaciones de quienes protagonizan los hechos de violencia y la legitimación que adquieren algunos operadores para enunciar un discurso y casi que monopolizar los debates en los medios de comunicación. En definitiva, el éxito de la propuesta se explica en gran medida, por la generalización de un sentido común reduccionista de las complejidades involucradas, que elabora una interpretación sobre las razones de la violencia que tiene como corolario asociar inevitablemente toda solución a la profundización de un modelo represivo.

 

Por último, la campaña al apelar a la vía de la consulta popular, instala durante varios años al supuesto antídoto para un problema muy sensible en la agenda pública. Esto supone amplios espacios en los medios de comunicación para sus portavoces, auspiciando corrientes de opinión, dando visibilidad a candidatos, proyectando figuras políticas en un período donde legalmente no es permitido realizar propaganda electoral. Más allá del resultado final del plebiscito, el largo proceso de recolección de firmas es una plataforma electoral relevante para movilizar ciudadanos y generar liderazgos, lo cual termina posicionando a la campaña reformista como un hecho político significativo.

 

 

HI, TR, DG: ¿Es efectiva la reforma propuesta? ¿Cuáles son sus aspectos más peligrosos?

 

LEM: Las medidas concretas propuestas no cuentan con ninguna evidencia internacional que demuestren su idoneidad para solucionar los problemas de seguridad que pretende resolver; lo cual no puede interpretarse como que la misma no sea efectiva. La reforma ya ha obtenido un considerable éxito, no por lo que dice solucionar mediante lo que propone, sino por los efectos simbólicos y prácticos que tiene en varios planos.

 

En un plano que podríamos llamar simbólico, puede decirse que ha contribuido a reafirmar a lo largo del proceso de recolección de firmas un imaginario colectivo sobre el origen de los problemas de seguridad. Al centrarse sus argumentos en mecanismos claramente represivos e intimidatorios que desestimulen la comisión de actos delictivos; y sus adversarios criticar el escaso impacto que tales medidas puedan tener, se dejan de lado otras posibles vertientes interpretativas sobre el origen de los actuales problemas. Prácticamente han desaparecido del debate actual las “causas sociales” que ambientan el delito, los procesos sociales que llevan al desarraigo de la vida en comunidad, las múltiples limitaciones al ejercicio de una ciudadanía plena para amplios sectores de la sociedad y el impacto de la profunda segmentación de servicios públicos en zonas que permanecen desde hace décadas en una situación de extrema exclusión, entre otras situaciones claramente violatorias de derechos humanos básicos. Los cuatro componentes de la reforma, se “explican” y son la contraparte lógica, a un tipo de delincuente visualizado como un sujeto racional que evalúa costos y beneficios o un producto cultural enajenado; que gozarían de una absoluta impunidad por la ausencia de dispositivos policiales de control o de normas que alimentan su impunidad por las múltiples ventajas que ofrecen.

 

La reforma responde, y a su vez reafirma con el agregado de la fuerza simbólica que representa la participación ciudadana con las firmas y el posterior acto electoral, varios preconceptos ampliamente asumidos por la mayoría de la opinión pública. Algunos de ellos se expresan en la fundamentación de la iniciativa y se encuentran disponibles en la página web, donde se afirma que la reclusión permanente revisable se hace necesaria porque algunos “delincuentes suelen ser de difícil o imposible recuperación”; o que incluir en el texto constitucional la obligatoriedad del cumplimiento total de las penas se justifica pues existe “el fenómeno de puerta giratoria, que hace que los que delinquen entren y salgan con facilidad del sistema de Justicia”.

 

La prolongada tramitación de la reforma tiene, además, efectos concretos reales e inmediatos. Si vemos lo ocurrido con el plebiscito del 2014 para reducir la edad de imputabilidad penal, resulta tan claro que no resultó aprobado como que si lo hubiera sido, la realidad no hubiera cambiado demasiado. En los hechos, la respuesta a la campaña significó un conjunto de reformas en la legislación de adolescentes claramente regresivas en términos de derechos y garantías respecto a lo que establecía el Código del Niño y el Adolescente. Durante el período de movilización y debates previo al acto electoral, se aprueban modificaciones como la penalización del hurto en el grado de tentativa, la creación de un registro de antecedentes, la ampliación del plazo de la medida cautelar privativa de libertad y una medida que fuera incluso considerada como “inconstitucional”, como lo era imponer una pena mínima de un año de privación de libertad en el caso del delito de rapiña. Lo cual permite afirmar que no necesariamente es imprescindible el éxito electoral de la reforma, para que se consolide un modelo punitivo como mecanismo para resolver los conflictos sociales que subyacen en la extensión del delito.

 

En lo que tiene que ver con el actual proceso, es posible ver una dinámica con algunos puntos en común. La adjudicación de todos los males actuales a la entrada en vigencia del nuevo CPP, ha dado origen a una serie de modificaciones que suponen desvirtuar un modelo que pretendía brindar mayores garantías y atender las complejidades de la violencia con medidas más variadas y con mayor participación de la comunidad y las víctimas. Las insistentes denuncias sobre la excesiva preocupación garantista de los fiscales, las presuntas limitaciones para realizar un trabajo policial eficiente por parte de jerarquías y autoridades ministeriales, la alarma ante la imposición de penas “ridículas” y la supuesta proliferación de “beneficios” liberatorios y excarcelatorios que alimentan la impunidad, son –entre otros- los argumentos que llevaron al oficialismo a plantear cambios que han dado lugar a lo que se catalogó como una “contrarreforma” del CPP.

 

En definitiva, creo que lo más preocupante de la reforma es su contribución a la unánime creencia de que las raíces del extendido “miedo” se ubican en determinados sujetos que protagonizan algunas de las variadas modalidades delictivas; abonando un sentimiento colectivo de ajenidad respecto al impacto que tienen procesos de exclusión de larga data, cuando no de abierto y violento rechazo a las figuras que son identificables como productoras del miedo.

 


HI, TR, DG: ¿Qué podemos proponer como alternativa para enfrentar la problemática de la inseguridad? 

 

LEM: Soy pesimista y me inclino a pensar que no podemos proponer nada con mínimas pretensiones de que sea, no ya implementado sino siquiera escuchado. Al día de hoy, pretender esbozar “alternativas” solo puede ser visto como un ejercicio intelectual de académicos trastornados por una seria deformación ideológica que les impide ver con total claridad lo que resulta evidente para todos: la solución racional pasa inevitablemente por “recuperar la autoridad” perdida, sancionar con mayor rigor la impunidad galopante que disfrutan los delincuentes, “cortar el chorro de las políticas sociales” o habilitar el patrullaje militar e instalar la reclusión perpetua revisable. En definitiva, se pueden discutir matices dentro de una misma lógica interpretativa y siempre que la tarea crítica no implique salirse del acuerdo no explicitado que nos dibuja un diáfano límite entre lo racional y moralmente aceptable y aquel terreno nebuloso de una aguda alienación ideológica.

 

Un indicador de esta realidad: al momento de ser presentada la campaña de reforma constitucional en mayo de 2018, el principal líder de la misma señalaba que era una reforma “sin ideología”, que estaba más allá de los sectores políticos partidarios y era patrimonio de todos los uruguayos. A qué punto hemos llegado, que es posible afirmar que una reforma constitucional liderada por un precandidato presidencial y que propone un conjunto de medidas punitivas no representa ninguna “ideología”. Esta retórica –de la cual existen múltiples ejemplos en todo el espectro político- y que despolitiza las propuestas político-ideológicas sobre la seguridad, sólo puede resultar admisible cuando se instaló un clima cultural apropiado.

 

De allí que creo que la búsqueda de alternativas realmente efectivas al actual modelo de intervención ante los problemas de la violencia, solo resultará posible con una previa tarea que podríamos llamar “pedagógica”; desarrollando argumentos que permitan generar consensos y acuerdos básicos sobre el origen de los conflictos sociales existentes, su historicidad y complejidades. Se debe realizar el esfuerzo para construir otro lugar, un espacio intelectual desde el cual sea posible confrontar con la hegemonía del actual pensamiento, que limita toda intervención posible a la combinación de un incremento del contenido punitivo de la legislación con el fortalecimiento del protagonismo de las fuerzas de seguridad. En definitiva, de lo que se trata es de lograr revertir una concepción política que en forma casi unánime pretende resolver los problemas de la violencia sin importarle el tratamiento de las causas que la generan.

 

Y esta es una tarea esencialmente política –no necesaria ni principalmente electoral- que se desarrolla en el campo cultural y que se hace imprescindible para que las alternativas puedan ser “posibles de ser pensadas”.

 

 

*Doctor en Sociología. Profesor Titular, grado 5 en Udelar; Investigador activo del SNI.

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