Fotografía: Lucía Cóppola

 

La Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, es un colectivo personas y de organizaciones sociales que trabajan en Uruguay para que las locuras tengan un lugar y no sean sometidas a través de prácticas de encierro en Hospitales Psiquiátricos. Y si en todo caso, -el desvío intolerable- cae en la atención como una situación de salud mental; que esta atención no sea violenta, ni de sometimiento.

 

Promovemos que esta atención se realice entre varias personas, comunicándose desde un relacionamiento interdisciplinario y desde una perspectiva que respete la autonomía y la libre determinación de las personas. Para ello es necesario cerrar los Manicomios y procesar un cambio de paradigma en el abordaje de la Salud Mental. Por eso nos hemos conectado y querido contagiarnos de que es posible. Muchxs de nosotrxs, integrantes de la Asamblea Instituyente, hemos vivido el sometimiento o los efectos de él, cuando el encierro se precipita en una persona que hemos querido, o sobre nosotrxs mismxs. Porque nuestra locura no ha sido escuchada, y menos comprendida.

 

A tres años de la muerte de Carlos Grecco, -atacado por perros- en la Colonia B. Etchepare, nos encontramos organizando el VI Encuentro Antimanicomial. El mismo será llevado a cabo el día 10 de octubre en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental, organizado por la Red Latinoamericana de derechos humanos y salud mental. Ese día también será la VII Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna en Uruguay.

 

A continuación, transmitimos la proclama del año 2017, enunciada en ocasión de la VI Marcha en Montevideo:

 

Este octubre nos encuentra en la calle después de finalizada una discusión histórica en el parlamento de nuestro país, ante la creación de una Ley de Salud Mental. Discusión en la cual hemos participado, trabajando junto a otros colectivos sociales, generando acciones a nivel público y manteniendo diálogos políticos con nuestros legisladores.

 

Hemos sostenido, tal como lo señalan los documentos internacionales que Uruguay ha ratificado en la materia, la importancia de abordar ésta Ley desde una perspectiva de Derechos Humanos, lo cual implica profundos cambios éticos y políticos en el modo de entender la locura y cómo llevar a cabo políticas en Salud Mental. Poder cuestionar los viejos modelos y saberes son fundamentales para no reproducir lógicas que queremos superar.

 

Hablamos de las insuficiencias de la Ley que se votó en el parlamento, argumentamos y fundamentamos cuáles cambios eran necesarios para que la misma refleje una real perspectiva de Derechos Humanos. Las organizaciones sociales hemos hecho aportes en el proceso de su creación y seguiremos haciéndolo durante su implementación.

 

La Asamblea Instituyente Por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, en el año 2015 presentó un anteproyecto de Ley de Salud Mental en el parlamento con casi 10.000 firmas de apoyo. Aún hoy, luego de la promulgación de la actual Ley Nº 19.529 de Salud Mental aprobada en agosto del 2017, sostenemos los planteos y diferencias de principios que hemos venido realizando desde entonces:

 

• La Ley de Salud Mental que se votó mantiene la definición de “trastorno mental” en su articulado, reduciendo la complejidad del campo a una sola disciplina, y sosteniendo conceptualizaciones que colaboran a la estigmatización y patologización de las personas. Esto a su vez se contrapone a la concepción social de la discapacidad, establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país.

 

• Debería incluir medidas específicas para prevenir la vulneración de los Derechos de las personas usuarias y para ello es fundamental que las prestaciones se provean en el marco de abordajes interdisciplinarios en todo el proceso de atención.

 

• No cumple con los requisitos internacionales en materia de legislación en Salud Mental en lo que respecta a la creación de un Órgano de Revisión que vele por los Derechos Humanos de las personas usuarias, que sea independiente y autónomo.

 

• No incluye garantías individuales en las internaciones voluntarias e involuntarias. Tampoco plantea la revisión de terapéuticas iatrogénicas y coercitivas tales como medidas de sujeción, uso indiscriminado de electrochoques, sobremedicación, etc.

 

• Consideramos necesario la inclusión de un programa de información sobre el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la salud mental con perspectiva de Derechos.

 

• La creación de dispositivos sustitutivos al manicomio (ante el cierre de los establecimientos asilares y monovalentes en el 2025) debe contar con recursos.

 

Los aportes, la experiencia y el saber de las organizaciones sociales fueron desestimados por nuestros representantes parlamentarios, quienes finalmente aprobaron una Ley sostenida esencialmente por el modelo sanitarista.

 

En este octubre nos encontramos reafimándonos desde un movimiento instituyente, juntas y juntos, en la calle, porque entendemos a la Salud Mental como buen trato, escucha, encuentro, construcción colectiva y participación democrática.

 

Este octubre nos encuentra en la calle movilizándonos frente al poder capitalista, patriarcal y sanitarista: ¡Por la redistribución de la locura y de la riqueza! (Asamblea Instituyente, 2017)

 

 

Un Nuevo octubre ya está entre nosotros, afirmémonos en él.

 

¡No más Manicomios en América Latina!

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