"...he visto algunos sitios donde unas pocas empresas controlan casi toda el agua...": entrevista a Eduardo Gudynas*

September 7, 2018

 

 

HI: ¿Cuáles son las razones por las que en nuestro país se promulgó una nueva Ley de Riego?

 

Eduardo Gudynas: La llamada ley de riego no puede ser analizada aisladamente. Junto a ella están ahora los borradores del decreto de reglamentación que clarifican todavía más cuáles son sus propósitos. A su vez es parte de las políticas gubernamentales para la agropecuaria, y apuntan a reforzar un determinado tipo de producción.

 

En la ley se suman a las tradicionales “asociaciones” de riego las nuevas “sociedades”, y con todo eso se apunta a un giro más empresarial, e incluso, se aceptaría la participación de fondos extranjeros. Tal vez pueden proliferar más asociaciones para manejar los derechos de acceso al agua y sobre ellos es posible que florezcan empresas proveedoras de servicios de riego. A mi modo de ver es posible que el negocio más jugoso esté en esos operadores de riego.

 

Hay otros países que han profundizado ese tipo de manejo de agua en contextos de políticas agroexportadoras análogos. Si bien no son idénticos, la propuesta uruguaya evoca al marco chileno. En ese país con el paso del tiempo, se terminó en una concentración de los permisos de uso del agua, y en mis visitas he visto algunos sitios donde unas pocas empresas controlan casi toda el agua, y los pequeños productores rurales no tienen acceso o hay ríos que simplemente se secaron. He estado con mujeres chilenas que me cuentan que en el campo, en sus casas, ya no tienen agua ni siquiera para el inodoro, y deben hacer sus necesidades en bolsas de nylon.

 

No es menor que esta reforma del riego en Uruguay sea parte integrante de un paquete de políticas que recortan los contrapesos y controles ambientales. Los borradores del reglamento de la ley dicen que se harán evaluaciones ambientales pero a la vez indican que más allá de los resultados de esos estudios, de todos modos podrán ser aprobados los proyectos de ley. Entonces, de nada servirían las evaluaciones sobre los efectos en los caudales de los cursos de agua y ni los análisis sobre cuáles deberían ser los mínimos que deben preservarse para evitar el colapso de esos sistemas ecológicos. Digan lo que digan, se pueden aprobar los proyectos.

 

Esto es escandaloso. No conozco ninguna norma ambiental en todas las Américas en la que se encomiende una evaluación ambiental y a la vez indique que será irrelevante. Este “así como te digo una cosa igual te apruebo otra”, muestra la clara insistencia del MGAP de recortar los controles. Esto está en consonancia con los reglamentos que imponen una mordaza a los estudios científicos sobre los ambientes acuáticos que ese mismo ministerio insiste en aplicar.

 

Pero es más escandaloso que ya ni tratan de disimular esto. Lo expresan libremente e incluso intentan colocarlo en un decreto. Esto es un ejemplo clarísimo de un desmontaje sistemático de los controles ambientales en el país.

 

 

HI: Diversos estudios han evidenciado que existe un incremento en la contaminación de nuestra cuencas, lo que ha encarecido incluso la potabilización del agua. ¿Quiénes son los responsables de estos cambios? ¿Se han adoptado medidas políticas para revertir esto? ¿Son atinadas?

 

Eduardo Gudynas: Estamos frente a múltiples responsables, desde los tamberos o agricultores que usan agroquímicos desaprensivamente, a los malos sistemas de tratamiento de efluentes cloacales e industriales en ciudades y pueblitos. Esas responsabilidades a su vez están enmarcadas en serias limitaciones institucionales. Entre ellas están la debilidad o inefectividad de las intendencias, OSE y el Ministerio del Ambiente en gestionar adecuadamente la calidad del agua, y en paralelo el MGAP, que es muy permisivo con los agroquímicos mientras favorece un agro muy intensivo que necesita de esos químicos. Entonces, las responsabilidades de vecinos o productores a su vez están embebidas en esta problemática del Estado y la política uruguaya.

 

Se le ha avisado al Estado y los actores políticos por lo menos desde fines de la década de 1980 sobre el deterioro ambiental paulatino de las cuencas, y en especial las alertas sobre el Río Santa Lucía vienen desde los años 2006 a 2008. O sea, que hace al menos diez años tenemos luces amarillas o rojas. Parece que de todos modos no lo entienden o no lo consideran relevante. La ministra del ambiente se justifica diciendo que la contaminación está “estable”. Más allá de que ese tipo actitudes son vergonzosas, ¿cómo le podemos reclamar a un chacarero por la contaminación si hay ministerios que la alientan o toleran?

 

 

HI: ¿Qué vínculo es posible trazar entre esta reforma de la ley de riego y el modelo de acumulación en nuestro país?

 

Eduardo Gudynas: Hay una íntima relación, aunque a mi modo de ver quedan en más clara evidencia si se analizan como “estilos de desarrollo”. Tenemos una mutua dependencia entre ese tipo de riego con una agropecuaria especializada en bienes de exportación. Esa estrategia es muy distinta a los entendimientos convencionales de un agro como proveedor de alimentos o sustento de un tipo de vida rural. Todo eso está siendo desplazado por una nueva agropecuaria que es algo así como una “fábrica” que debe brindar bienes exportables. Como su finalidad es la exportación, quedamos subordinados a los mercados globales, y entonces, por ejemplo, si el precio de la soja sube, todos plantan soja, y si la rentabilidad del arroz cae, todos abandonan ese rubro. Esa dinámica externa impone los avances y retrocesos en el agro, y el Estado no ha puesto eso en cuestión. Lo que diga el ministro de agricultura a veces incide menos que el valor a futuro de los granos en la bolsa de Chicago.

 

Eso no quiere decir que el Estado esté ausente. Ha decidido apoyar ese tipo de agropecuaria, y lo hace muy intensamente desde el MGAP, por un lado, removiendo lo que considera obstáculos (por ejemplo los controles ambientales), y por otro lado, con medidas de apoyo. Estas incluyen, como decía, la nueva reglamentación de riego, pero también otras como liberar los transgénicos, las facilidades en el uso de agroquímicos, la opacidad en cuál es la fiscalización de los planes de uso y manejo de suelos, etc.

 

El MGAP no oculta sus objetivos. Están claramente explicados en lo que llama intensificación sostenible, que es simplemente aumentar los insumos en energía, agua y materia (por ejemplo fertilización) para así incrementar los volúmenes exportados.

 

Pero la sustentabilidad en su sentido riguroso y original apuntaba a respetar los límites ecológicos de la naturaleza, y por ello algo así como una intensificación sostenible es una contradicción.

 

 

HI: La era progresista parece haber coincidido con una intensificación en la explotación de los recursos naturales no solo en nuestro país. ¿A qué obedece y cuáles son los principales problemas que esto acarrea?

 

Eduardo Gudynas: Eso ha sido así. Sea en el Brasil de Lula da Silva o en la Venezuela de Chávez, lo que ha ocurrido es un agravamiento notable de la situación ambiental. La principal causa de ello han sido las exportaciones de materias primas, o sea, la apropiación de los recursos naturales. Todos ellos representan los llamados extractivismos, y son responsables de una salida masiva de recursos naturales, unos cambios territoriales a gran escala y una acumulación de impactos ambientales y sociales enorme.

 

Nada de eso es nuevo, sino que tiene una larga historia por detrás. Pero lo notable es que los progresismos no lograron construir alternativas a esos desarrollos convencionales, y seguimos siendo proveedores de materias primas. Los discursos que usaron fueron distintos, y mientras los precios globales eran altos había dinero para redistribuir o gastar, pero más allá de las variantes en la forma de organización, se repitió ese núcleo duro de un desarrollo subordinado y primarizado.

 

Los progresismos fracasaron en pensar críticamente al desarrollo y en aprovechar aquella bonanza para explorar salidas. No fueron pocos los que se volvieron soberbios y autosuficientes, y desde allí combatieron los reclamos ciudadanos y los ensayos de alternativas.

 

Quedamos todavía más dependientes de la inversión extranjera y de la necesidad de exportar lo que sea. En condiciones internacionales más restrictivas, como las que resultan de las peleas entre China y Trump, los países del sur otorgan cada vez más ventajas a esos inversores.

 

Esto es evidente en Uruguay con el caso de la planta de celulosa en el Río Negro, donde el gobierno aceptó condiciones increíbles en ese llamado contrato. Terminamos pagando buena parte de la inversión aquí en Uruguay para volver a repetir la exportación de troncos de árboles a una zona franca. En vez de un desarrollo del siglo XXI eso se parece un regreso a la ganadería cimarrona del charque del siglo XIX. Pero además deja pendiente la interrogante si realmente tenemos una política que sea nacional y soberana para nuestro mundo rural, o si apenas respondemos a los mercados internacionales.

 

 

*Eduardo Gudynas. Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor de la Naturaleza.Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)

 

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