Residuos y derecho a la ciudad: utopías urbanas en torno a la basura de Montevideo*

August 28, 2018

 Ilustración: Steve Cuts (tomado de stevecutts.com)

 

El mal común: correr de lugar un problema sin poder realmente entenderlo

 

Hace más de cien años que la ciudad de Montevideo se pregunta qué hacer con sus residuos y el tema parece seguir sin respuesta:

 

Nuestra culta Ciudad es la única que dado el número de habitantes que encierra, cuenta con un ex vaciadero a pocos metros de la población, foco insalubre que afecta directa y particularmente los intereses de la higiene y de la salud pública, mostrando al turista tan inmensa y grave fuente de gérmenes de enfermedades infecciosas, cuna de todas las moscas y ratas que azotan la Ciudad y sus alrededores.

 

El vaciadero al que refiere el Arq. Aubriot en 1914[1], es el primer vertedero de residuos de la ciudad, ubicado en la playa del Buceo, donde se acumulaban y se echaba por mar gran parte de los residuos de la ciudad. La historia de Montevideo y su basura es una sumatoria de acciones para correr de lugar un problema sin poder realmente entenderlo, tratarlo o modificarlo profundamente, asociando en particular el problema de la visibilidad de dicha basura con la pobreza urbana. Su preocupación parece más bien centrada en aspectos de higiene y salubridad pública, creyendo que existe un mejor sitio para colocar residuos que no esté cerca de la población (siguiendo lógicas de tipo nimby[2]). Esto implica poder alejarlo de la vista de los turistas, utilizados ya en aquel entonces como una figura ”otra” y ajena, quizás para evitar decir que el gran problema parece ser de clases sociales disputando el espacio en una  misma ciudad.[3]

 

Pero la basura no es sólo un problema a erradicar lo más lejos posible de la vista del ciudadano. Una fracción importante de estos residuos que producimos en los domicilios y entidades comerciales, son también un recurso que le da de comer a miles de personas. Sin embargo, al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo recolecta los residuos y los entierra en disposición final a un costo de 64 millones de dólares anuales, miles de ciudadanos dedicados a la clasificación de residuos se han visto imposibilitados de apropiarse de los materiales recuperables para su sustento, y una nueva cámara empresarial de gestores de residuos comenzó a recolectar y transformar los residuos sin que fuésemos consultados al respecto de cómo quisiéramos gestionar nuestras basuras. Porque a diferencia de otros bienes más preciados y en disputas más visibles, como ha sido el agua o más recientemente la rambla montevideana, los residuos son males comunes (Cave, 2015). Nos cuesta por tanto visualizarlos como productos plausibles de gestiones medianamente democráticas o transparentes, donde su aprovechamiento pueda incluso ser volcado nuevamente a la misma sociedad que diariamente produce esas miles de toneladas de desperdicios,  potenciales ganancias colectivas e inconscientemente construidas.

 

Analizaremos al menos como un primer puntapié para intentar despertar a algún lector motivado por injusticias socioambientales y territoriales, las disposiciones municipales recientes que han permitido este nuevo escenario de apropiación por desposesión de nuestros residuos, problematizando algunas de sus consecuencias y haciendo foco en los impactos en el acceso de los clasificadores a determinadas zonas de la ciudad. Entendiendo que la dialéctica entre permanencia y circulación de esta población es uno de los nudos teóricos principales en la planificación del manejo de residuos, cabe preguntarse si podemos pensar una gestión de residuos en clave no capitalista, que garantice el derecho a la ciudad de los trabajadores históricamente dedicados a la recuperación de residuos o que al menos, simplemente, demande mecanismos transparentes y consultivos sobre qué queremos que suceda con lo que desechamos.

 

 

Apropiación por desposesión de residuos y neoextractivismo urbano

 

Montevideo produce más de dos mil toneladas de residuos por día (1200 domiciliarias y 1000 provenientes de comercios, empresas e instituciones[4]) de los cuáles unas cientos de toneladas[5] son desviadas de su destino final a través de miles de clasificadores de residuos que se dedican a recolectar, clasificar y vender aquello que puede ser reciclable o recuperable. Esto produce una alteración en el sistema de gestión de los residuos urbanos domiciliarios, que ha generado por más de un siglo, intentos de control para revertirla de parte del gobierno municipal. Mientras el gobierno recolecta residuos con camiones importados de última generación que levantan 13.000 contenedores de la vía pública vaciando su contenido para enterrarlo en un sólo sitio de disposición final, unas tres mil personas[6] con carros tirados por caballo, de mano, o en bicicleta, extraen (o más bien extraían) de los mismos contenedores los materiales que consideran valiosos para su uso propio, venta, o recuperación, disponiendo los restos no recuperables en cientos de vertederos clandestinos o los fondos de sus propias viviendas.

 

La complejidad asociada al manejo de una producción en aumento de residuos representa una oportunidad para la generación de ganancias y una tentación para nuevos negocios rentables. Cuando el Banco Mundial publicó su reporte “What a waste” (2012), sus estimaciones de aumento de la producción de residuos se transformaron en excelente noticias en términos de acumulación de capital mediante privatización de manejos de residuos. Esto es lo que verdaderamente interesa a las soluciones orientadas por la tecnología, no el residuo en sí mismo sino la evacuación del mismo, los procesos y las estrategias para descartarlo, tratarlo, creando nuevos escenarios urbanos, producto de un sofisticado trabajo de superficie (Harpet, 1997) dónde los aspectos tecnológicos de tratamiento de residuos despliegan desde hace siglos estrategias de tipo higienistas (Harpet; Barles, 2004; Abussafy, 2013) que como vimos en Montevideo, corren el problema de un lugar a otro o lo depositan en miles de contenedores por la ciudad.

 

Estos contenedores pueden leerse como dispositivos (Agamben, 2007) producidos para regular y normalizar nuestra relación con los desechos. Lod dispositivos tienen una función estratégica y concreta que se localiza en una relación de poder (Foucault 1977, Fry 2015). Cuando los sistemas tecnológicos se globalizan, estamos globalizando una serie de dispositivos que tiene la habilidad y el poder de normalizar comportamientos planetarios (Pierron, 1997). Nuestros contenedores provienen del norte de Italia, de una multinacional llamada OMB que también nos vendió los sofisticados camiones recolectores y que en permanencia nos actualiza todo el sistema a costos millonarios.

 

 Fig 1. Contenedores de separación diferenciada en el norte de Italia, ofertados en la página web de la empresa OMB, la que ha vendido los camiones y los contenedores a la Intendencia de Montevideo desde el año 2003.

 

Nuestras ciudades como si fuesen reservas mineras, también son objeto de operaciones de extracción, llevadas a cabo mediante la desposesión social de bienes comunes urbanos a partir de procesos como la gentrificación del espacio o la privatización de sistemas de gestión (Castro-Coma & Martí-Costa, 2016). La ciudad no solo se neoliberaliza privatizando cierto manejo de los residuos, sino removiendolo de las manos de los más desfavorecidos, creando una lucha por su apropiación (Samson 2009; 2014). Argumentaremos que grupos poderosos con la ayuda de nuevas normativas públicas neoliberales, han desposeído de la basura a aquellos que viven del residuo en la cadena más precaria del circuito informal como son los clasificadores. Es precisamente en los intersticios del proceso de privatización de los comunes urbanos que deben situarse procesos actuales claves de transformación territorial y política urbana.

 

Veremos cómo el capitalismo disfrazado de políticas públicas reproduce prácticas de exclusión en la ciudad. Desde 2015, cuando los nuevos contenedores “antivandalos”  aparecieron en la esfera pública, muchos clasificadores no pudieron más acceder al centro de la ciudad para recuperar materiales. Particularmente en los últimos cinco años, la práctica de limitar y cercar el acceso a las zonas más ricas de la ciudad y por tanto a la basura que allí se produce, se ha visto intensificada por una serie de dispositivos normativos: desde la exclusión de carros a caballo en la ciudad vieja (2013) hasta la entrega a empresarios privados de los materiales recuperables valiosos que históricamente fueran clientela de los clasificadores a partir de la formalización de los levantes especiales (2012). Esto implica entre otros, la ruptura de un sistema sociometabólico donde más de tres mil clientes (Gonzales Berrenechea, 2003) ubicados en zonas céntricas de la ciudad, entregaban solidariamente lo que ya no precisaban. Por el contrario, las más de 30 empresas que forman la Camara de Gestores de Residuos (CEGRU), algunas de las cuales realizan ahora estos levantes, declaran una ganancia anual de 70 millones de dólares. Es decir, ganan más los privados por gestionar los residuos industriales, químicos, de grandes generadores, peligrosos, entre otros, que lo que invierte el estado por gestionar los residuos domiciliarios.

 

 

Desplazamientos territoriales y confinamiento de clasificadores en Montevideo

 

Para esclarecer los conflictos en torno a la basura y cómo estos operan en el espacio, en particular en el espacio público, parece de relevancia analizar la triada de dispositivos de regulación, privatización y desposesión que han afectado negativamente a los clasificadores de residuos en tanto pobres urbanos y su acceso a la centro de la ciudad. Siguiendo a Negt's y Kluge (1993), la reconstrucción de diferentes concepciones del espacio perteneciente a esferas socioeconómicas dispares en la ciudad, nos permite visualizar los conflictos de uso y apropiación del espacio urbano, y en particular sobre el control del centro de la ciudad.

 

La circulación de los clasificadores por la ciudad, al igual que sucede con cualquier ciudadano, aumenta las chances de vínculos sociales y especialmente, en este caso, de oportunidades de mejorar ingresos u obtener objetos para uso personal más allá de lo que se obtiene por la recolección de residuos domiciliarios o comerciales propiamente dichos (Cosoco, 2003). Se abastecen también de ropa, muebles, electrodomésticos o comestibles, que utilizan para su consumo, venta en las ferias o trueque (OSV, 1998).

 

En los últimos años se registraron varias intervenciones públicas de profundo impacto en el trabajo de los clasificadores y en su acceso al espacio urbano. Por un lado, la Ley de “Uso de envases no retornables”[7] constituye una importante iniciativa orientada a regular la generación de residuos de envases, responsabilizando a los generadores privados e incorporando en su implementación a grupos de clasificadores. La aplicación de esta normativa en Montevideo ha significado un importante cambio en lo que refiere a la forma en que configura los usos del espacio urbano. De cara a los clasificadores, ésta previó la formalización de su trabajo a partir de la creación de cuatro plantas de tratamiento de desechos ubicadas  en las zonas del Cerro, Colón, Casavalle y Piedras Blancas.

 

De acuerdo a lo dispuesto por la implementación de la ley en Montevideo, los grupos de clasificadores no realizan tareas de recolección, sino que se limitan a recibir los residuos que les vierte la IM y a realizar tareas de clasificado y venta de los materiales a través de un organismo encargado de las mismas. De este modo, la implementación de esta nueva normativa ha significado la concentración del trabajo de los clasificadores formalizados en las zonas periféricas de la ciudad y los mismos ya no deben trasladarse al centro de la ciudad en busca de buenos materiales a recuperar.

 

El hecho de que el nuevo sistema haya eliminado para los clasificadores las tareas de recolección, supone un acotamiento de sus circuitos laborales, que dejarán de transitar determinadas zonas de la ciudad en busca de materiales para confinarse en el espacio de las plantas. Esto imposibilita el relacionamiento y el contacto ciudadano que ocurría entre el clasificador que recorre su ciudad en busca de materiales valiosos, así como entre el clasificador y el comprador de materiales. Sin embargo le permite trabajar en espacios techados y liberar de residuos la vivienda de los clasificadores.

 

Tres años después de la implementación de la Ley de Envases en Montevideo, la IM aprobó la resolución municipal Nº 5383/12[8], que establece la regulación del proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos no domiciliarios. De acuerdo a dicha resolución, los residuos producidos por grandes generadores (instituciones y empresas) deben recolectarse mediante contratos con entidades recolectoras formales. A través de esta normativa, se habilita a un conjunto de empresas privadas a realizar tareas de recolección, manipulación y transporte de desechos, al mismo tiempo que se prohíbe su acceso a los clasificadores.  

 

Esta es quizás la normativa de mayor impacto respecto a la calidad y al tipo de residuo que el clasificador puede acceder, así como a la negación de su derecho a vincularse con vecinos que de otra forma no tendrían el pretexto de hacerlo. Si durante décadas se habían ganado la confianza de varios miles de clientes en la ciudad, esta normativa les apropia estos residuos dejándolos sin alternativa alguna más que la formalización en tanto entidades empresariales prestadores de este servicio. El productor de los residuos es ahora obligado a hacerse cargo y pagar por sus desechos generados, pero es otro actor el que podrá sacar ventaja de esta nueva normativa. Se pasa entonces de un vínculo de tipo solidario (se le entregaba el residuo al clasificador en tanto “cliente” de forma gratuita) a un tipo de formalización de tipo mercantil (se le paga a una empresa con vehículo autorizado para realizar el mismo levante) que en su gran mayoría en vez de reciclarse se entierra en disposición final. A diferencia de lo ocurrido con pliegos de recolección similares en la ciudad de Buenos Aires, donde las cooperativas existentes de cartoneros eran exclusivas gestoras de estos residuos, en Montevideo esta normativa dio entrada a nuevos actores en la materia, creando nuevas empresas o diversificando existentes en el rubro de la gestión de los residuos.

 

Un año después de haber quitado los levantes especiales, para eliminar paulatinamente la circulación de carros a través de la restricción de su ingreso a determinados barrios, se prohibió en los barrios céntricos en particular Ciudad Vieja el ingreso de los clasificadores con carro a caballo, configurando estos territorios como zonas de exclusión. La medida se inscribe en la resolución que tomó la Junta Departamental de Montevideo[9] amparándose en la llamada Ley de Faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos[10]. Con este instrumento legal, se realizaron varios procesamientos a clasificadores que se encontraban trabajando en la calle[11], no quedando del todo claro por qué se aplica exclusivamente a una determinada zona de la ciudad  y no a toda la ciudad dónde se desplazan los carros a caballo.

 

De forma paralela a esta ley, se desarrolló en la órbita municipal un conjunto de transformaciones en materia de regulación de residuos, entre las que se destaca la implementación en algunos barrios montevideanos de un nuevo sistema de recolección selectiva de residuos basado en contenedores herméticos “antivandálicos”. Si se observan en conjunto estas nuevas regulaciones y la Ley de Envases, es posible notar que al mismo tiempo que se excluye a los clasificadores informales de las zonas céntricas de Montevideo, se busca formalizar su trabajo en el espacio de las plantas, ubicadas en las periferias de la ciudad. Esta política, además de ser insuficiente desde el punto de vista de la inclusión laboral de los clasificadores[12], supone profundas transformaciones en la forma en que configura el acceso de estos trabajadores al territorio, confinados ahora  vivir y circular por la periferia.

 

 

Fig 2. Nueva configuración de la basura en Montevideo y el acceso a la misma por parte de los clasificadores (elaboración propia, nov 2017).

 

 

Derecho a la ciudad y residuos: expandiendo la noción de los comunes

 

Me llamó un vecino en Buceo y me regaló una tele de 29 pulgadas, funcionando y todo. Si nos sacan de la calle, la gente no entiende que perdemos todas estas oportunidades, que no son cuantificables a nivel económico, sino en nuestra propia calidad de vida y nuestra relación con los vecinos”. Juan Carlos Silva, presidente del sindicato de clasificadores 30/11/2015

 

Si excluir grupos, clases, e individuos de su urbanidad es también excluirlos de la civilización y de la sociedad (Lefebvre, 1968), reclamar el derecho a la ciudad para los clasificadores es una reacción legítima frente a la organización urbana discriminatoria y segregativa resultante de la combinación de dispositivos que primero buscan regular para luego privatizar y finalmente desposeer del residuo a aquellos que más lo necesitan. Podemos argumentar que el derecho a la ciudad se transforma en el derecho a la centralidad, a usar y apropiarse del espacio público, a no estar excluido de la forma urbana. El derecho a la ciudad como concepto lefebvriano, se originó para desafiar el orden capitalista en la ciudad, para buscar una reestructura radical de las relaciones sociales, políticas y económicas en la ciudad (Lefebvre, 1969; Purcell, 2002). El derecho a la ciudad no es solamente tener derecho a ser parte de la ciudad, sino sobre todo tener el derecho a demandar una nueva (Harvey 2008b; 2013), a producir una reconfiguración de los sistemas de poder que determinan la producción del espacio  (Navarro, 2014). En este sentido, el urbanista brasileño Edésio Fernandes  plantea como clave realizar un cambio de paradigma en la concepción del derecho urbanístico para permitir avanzar hacia un pleno derecho a la ciudad. Éste debe constituirse a partir del concepto del bien común, de entender que “la propiedad individual debe quedar subordinada por los intereses sociales y ambientales esenciales para lograr tener ciudades plenas, donde el derecho a la ciudad constituya un derecho social fundamental” (Fernandes, 2003). Sugiere así que el derecho urbanístico debe ir acompañado necesariamente de la gestión urbana, donde tanto los gobiernos municipales y nacionales, así como los actores sociales se involucren de manera directa en la planeación, modificación de leyes y en la toma de decisiones sobre su espacio de vida cotidiano.

 

El desafío principal para nosotros será el de la expansión de la noción de los bienes comunes, por un lado incluyendo a los residuos como tales y enmarcandolos en tanto comunes (Cave 2012, 2015; Zapata & Campos, 2015; O'Hare, 2017).  Se entienden a los comunes como algo que no está dado, sino que debe ser producido por una comunidad real de personas capaz de proponer finalidades comunes que puedan alcanzarse mediante acciones colectivas (Federici, 2012). Este concepto de los comunes, los enmarca no como objetos sino como procesos que se producen colectivamente (Federici, 2012; Heller, 2012) dónde su control o manejo no está delegado a un ente ajeno sino que se ejerce directamente por quienes lo producen. La fortaleza de entender a los comunes de esta manera, radica en que su producción nos permite pensar otras posibilidades de crear nuevas formas de reproducción, organización y regulación colectiva del manejo de los residuos. De esta forma podemos entender críticamente las relaciones entre aquellos que producen el residuo (ciudadanos) o lo mejoran en diversas escalas (clasificadores/recicladores) y aquellos que se apropian para sus beneficios de acumulación (empresas de recolección privadas por ej.) argumentando que no es el objeto/basura el común sino las relaciones que pueden transformarlo en tal.

 

La utopía urbana, es pensar en una ciudad donde el residuo no promueva  mas acumulación de capital y en particular por desposesión a los más vulnerables, sino que entienda al mismo en tanto producto plausible de transformación mediante procesos de comunalización que reconozcan el trabajo y las contribuciones de los clasificadores en la ciudad, afirmado mediante un nuevo tipo de comunidad/ciudadanía que autogestione sus recursos urbanos. A modo de ejemplo, la integración formal de clasificadores en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, transformó y democratizó fundamentalmente el sistema de manejo y la forma en que el estado se vinculaba con clasificadores y con los ciudadanos, enmarcandose en foros permanentes de discusión y debate en torno a los residuos y la ciudadanía. El estado reconoció que una nueva conceptualización de los residuos y su manejo requería nuevas formas de gobernanza para proveer el servicio. En la ciudad de Pune, India, por más de veinte años los recicladores han luchado para convertirse en proveedores públicos del servicio de manejo de residuos, y más importante, transformar la naturaleza misma del servicio público, creando nuevas y respetuosas relaciones sociales entre los trabajadores que proveen el servicio, y los residentes que se benefician del mismo (Samson, 2015). Mediante una reconceptualización del residuo en tanto objeto social producido a partir del intercambio de flujos económicos y de personas en el espacio, podemos entenderlo no como un problema a evitar sino como un recurso común a valorar, que permita intercambios entre distintas clases sociales, habilitando la concreción del derecho a la ciudad para una población de otro modo confinada a vivir y circular en los márgenes.

 

 

* El presente artículo es un extracto de un avance del doctorado en arquitectura en curso (FADU, UdelaR) presentado en el Coloquio “Le droit a Lefebvre”, Caen, Francia, mayo 2018.

 

 

Lucía Fernández Gabard es Arquitecta y doctoranda en arquitectura por la Udelar.

 

 

Notas:

1. Juan María Aubriot, Junta Económico-Administrativa de Montevideo, 1914.

2. El “Not in my backyard” refiere a todas las movilizaciones de rechazo a la ubicación de emprendimientos “contaminantes” en las cercanías (“patrio trasero”) de los sitios de vivienda o de trabajo.

3. Esta referencia al turista, también fue retomada en la conocida frases del padre Cacho, en alusión a la presencia de los clasificadores de residuos en las calles del centro de la ciudad: "Se quejan de la invasión a la ciudad y de la visión de miseria que le dan al turista. ¡Hipócritas! Debieran quedar agradecidos ante este humilde trabajador que luchando por sobrevivir, ayuda a la sobrevivencia de todos y es el profeta de la ciudad futura".

4. http://www.montevideo.gub.uy/arriba-un-montevideo-mas-limpio. Acceso enero 2018.

5. En la consultoría realizada por LKSUR para el Plan Director de Residuos del año 2004, eran 700 toneladas que desviaban unos 8000 clasificadores de las mil quinientas producidas en aquel entonces. El país atravesaba una profunda crisis económica por tanto había menos producción de residuos y más clasificadores. La cifra actual se desconoce pero podría estimarse en alrededor de 200 a 300 toneladas (considerando menos de la mitad de los clasificadores y menor posibilidad de acceso a los materiales).

6. El numero nunca ha bajado de 3500 (censo 2015) y no ha superado los cerca de 10.000 estimados durante la crisis económica de 2003.

7. 2009: Resolución N° 4663 para la implementación en Montevideo de la Ley de Uso de envases no retornables, promulgada en 2004 y reglamentada en 2007 se orienta a promover la protección del medio ambiente a través de la reutilización y reciclado de desechos, regulando la gestión de los residuos de envases generados por el sector empresarial. De este modo, obliga a las empresas agremiadas en la Cámara de Industrias que colocan envases en el mercado a presentar planes de gestión conjuntos con las Intendencias, que apunten a la reutilización y reciclado de los residuos generados.

8. 2012: Resolución municipal Nº 5383 para levantes especiales http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/Gestar/resoluci.nsf/9c58528e7d7b0c24832579430045924a/b73524769ce9c39a83257ad800614dbd?OpenDocument Acceso febrero 2015

9. 2013: Resolución Nº 12.089 para zonas de exclusión http://www.juntamvd.gub.uy/es/archivos/decretos/8977-12089.htm. Acceso febrero 2015

10. Sancionada en 2013- establece la sanción para quien “…arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos específicos”.

11. http://www.elpais.com.uy/informacion/mas-procesados-ley-faltas.html. Acceso diciembre 2017.

12. De los cerca de 3500 clasificadores censados (PNUD, 2015) solamente 128 están formalizados en plantas clasificación, que están además localizadas lejos del centro y cerca de las viviendas de los clasificadores.

 

Referencias:
Derecho a la Ciudad - Conversaciones con David Harvey y clasificadores de Montevideo, acerca de la contenerización y privatización de la basura. Una producción de WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalización y Organización) en colaboración con SCEAM, proyecto CSIC "Mas Allá de la basura" Udelar.

 

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