Ilustración: Rogelio Naranjo.
En nuestra constitución todas las personas somos iguales ante la ley. La misma prevé asegurar el cumplimiento de los Derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, esto no sucede en la realidad.
En el caso de las personas en situación de discapacidad hace falta la creación de políticas estatales que habiliten nuestra participación para ejercer nuestros Derechos, tomándonos como parte del conjunto y no como “casos particulares” – y por tanto menos importante –.
Para ello es fundamental tomar contacto con la realidad de la temática, lo más lindo y lo más crudo de ella y ser conscientes de que los cambios no se deben dar simplemente para nosotros, sino desde nosotros. Si no somos parte del proceso de cambio, el margen de error es mayor.
En este sentido sucede que, cuando se realiza una ley, se hace una modificación edilicia o se crean nuevos esquemas en pos de la “inclusión” resultan poco efectivos, carentes de contenido y en consecuencia las soluciones terminan siendo parcialmente funcionales – en el mejor de los casos – (rampas muy empinadas, leyes que no se aplican en su totalidad, ómnibus que circulan –y hacen plata – con rampas rotas dejando a usuarios y usuarias varados en las paradas, sistemas de salud con camillas altas teniendo que adaptarse la persona al entorno y no a la inversa, sin intérpretes de lengua de señas y sin médicos capacitados, personas aisladas y estigmatizadas como “locas”, entre miles de problemas más.)
Estar en situación de discapacidad no nos hace expertos en un rubro específico, no contamos con un diploma en leyes, una licenciatura en arquitectura, o una especialización en educación. Pero si nos hace portadores de experiencia y de conocimiento sobre la temática discapacidad por el simple hecho de vivirla y participar de diferentes colectivos – el principal lugar para nutrirnos de las herramientas que llevarán al cambio –.
Si nos focalizamos en los desafíos impuestos por el entorno, es complejo explicarle a una persona totalmente ajena a la temática, que implica y cómo nos determina en el día a día. Existen infinitos mecanismos de exclusión naturalizados por nuestra sociedad que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida.
Particularmente Montevideo (y Uruguay en su conjunto) carece de infraestructura que contemple la circulación independiente de las personas en situación de discapacidad, impidiendo nuestra participación en diferentes espacios. Los avances han sido igual de progresivos que lentos. Si miramos 10 años para atrás podría hacer una lista con muchas más cosas negativas en relación a la accesibilidad: no existía casi ningún rebaje de cordón, no contábamos con transporte accesible para trasladarnos, no existía el pavimento táctil para las personas ciegas, contábamos con poquísimos baños accesibles, era impensado ver un intérprete de LSU (lengua de señas uruguaya) en un evento, y no se veía habitualmente personas en situación de discapacidad en la calle – no porque no existieran, sino porque se les recluía aún más –.
Nuestro colectivo llega a casi el 16% de la población y aún así, el sistema político no lo considera suficientemente importante para generar políticas de Estado que nos permitan tener una vida digna amparada en el goce de nuestros Derechos.
Las ciudades son creadas en función de sus ciudadanos y de las actividades económicas, sociales y políticas del país. Nuestro colectivo ha sido históricamente considerado como pasivo, sujetos de caridad, sin voz propia, donde los demás hablan, hacen y piensan por nosotros. Esta construcción determina que hoy en día se nos siga viendo como sujetos carentes de derechos, y que debemos estar conformes con lo poco que se ha hecho hasta el momento por y para nosotros.
La ciudad ha sido diseñada y construida para un sector de la sociedad activa/”sana”/ “normal”, estigmatizándonos y encasillándonos como parte inactiva/enferma/diferente a lo largo de la historia.
Las dificultades de transporte planteadas, la imposibilidad de acceder a ciertos centros estudiantiles, y la resistencia para otorgarnos un empleo (entre otros) nacen entonces, de una construcción social por no vernos como parte activa de la sociedad y sujetos de los mismos Derechos: ¿Cómo puede una persona usuaria de silla de ruedas conseguir un empleo si ni siquiera tiene los medios de transporte para llegar a él? ¿Cómo puede una persona ciega estudiar una carrera si el material de estudio al que debe acceder no se encuentra en braille o digitalizado? ¿Cómo puede una persona sorda querer formar una familia si nadie le quiere contratar?
Es en los relatos de los compañeros con los que compartimos el camino de lucha en contra de la exclusión social, es donde queda en evidencia la falta de políticas inclusivas, que dejen por fuera el paradigma asistencialista de la discapacidad y promuevan la igualdad de condiciones para todas las personas.
Nuestras herramientas para revertir esa realidad es agruparnos y alzar la voz, poder manifestar en los diferentes colectivos de los que participamos las dificultades que siguen impidiendo el desarrollo de nuestra vida y cuestionar constantemente los micro mecanismos de exclusión a los que somos sometidos.
Lo difícil de encontrarse en situación de discapacidad no parte de “lo que no podes hacer”, ni de cuánto afecta a nuestro entorno cercano. Lo difícil de la discapacidad es estar en constante lucha en contra de un sistema excluyente y represivo, que impone permanentemente barreras que imposibilitan la realización profesional, familiar y personal de los individuos en situación de discapacidad, las cuales parten de una falta de puntería en las políticas igualitarias.
Fiorella Buzeta es militante por la accesibilidad, integrante del EPA (espacio por la accesibilidad), de la Coordinadora de la Marcha por Accesibilidad e Inclusión, de la coordinadora de usuarios del transporte accesible y del grupo de mujeres y discapacidad.