El techo un derecho

August 28, 2018

Ilustración: Especulación, Laura Becerra.

 

 

En el 2016 ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que presenté para su consideración. Busca entre otras cosas, regular el precio de los alquileres contribuyendo a resolver el acceso a la vivienda digna. Fue elaborado por un equipo de compañeros y compañeras que trabajamos desde hace mucho tiempo en la temática de la vivienda, en esta elaboración participaron abogadas, economistas, arquitectos, estudiantes de arquitectura, ingenieros y varios militantes sociales. Debe señalarse que se inspira en varias y diversas experiencias de regulación de precios de los alquileres que actualmente existen en ciudades como Nueva York, Berlín y Paris. Si bien las soluciones no son necesariamente las mismas, parten de la misma base: la necesidad de regular precios para garantizar el acceso a la vivienda.

 

El proyecto de ley busca poner un tope a la especulación, al establecer límites a los precios de los alquileres. Pueden existir varias alternativas al respecto, la que se encuentra en el proyecto es una de las tantas posibilidades. El proyecto también abarca las dificultades vinculadas a las garantías de alquiler, proponiendo universalizar y ampliar el sistema de Contaduría habilitando que cualquier trabajador, pensionista o jubilado registrado pueda, con su ingreso, acceder a una garantía. Esta medida impactaría también en el precio al ahorra en costos que implica un préstamo para utilizar como depósito o los de una garantía privada. Además brindaría más seguridad al mercado de alquileres, tanto para los inquilinos como para los propietarios. Otro de los costados que aborda el proyecto de ley, tiene que ver con las viviendas vacías, para lo cual se plantea multar aquellos propietarios que no usan sus viviendas. Esta medida no solo impactaría en el precio de los alquileres, puesto que sería más beneficioso tener el bien arrendado antes que estar pagando una multa, sino que además pretende frenar la especulación inmobiliaria.

 

                                                                                                                                                                                     Cuando la libertad la tiene el mercado

 

No es una novedad para nadie que el precio de los alquileres viene aumentando de manera sostenida al menos desde el 2005 a la fecha. Esto genera dificultades a miles de uruguayos a la hora de acceder a una vivienda, así como en su vida diaria cuando una parte importante del salario se les va en el pago del alquiler.

 

Según datos oficiales, el peso de los alquileres sobre los ingresos de los hogares pasó de representar el 18% en el año 2006 a ser el 22 % en Setiembre de 2015 (1). Hay que señalar con mucha preocupación, que 32.600 hogares destinan más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, de los cuales más de 12 mil pertenecen al 20% de hogares más pobres. En el año 2012, se registró una suba del alquiler del 14.82%, mientras que la inflación estaba situada en el 7,5% . Es una tendencia marcada desde hace mas de una década que los alquileres crezcan por encima de los valores de la inflación.

 

Esto tiene que cambiar. Es necesario regular el precio de los alquileres  dentro de parámetros de razonabilidad, estableciendo nuevos equilibrios que aseguren el acceso de las familias uruguayas al pago de los alquileres, y al mismo tiempo garanticen márgenes de renta atractivos para los propietarios. Para ello se ha realizado una propuesta en el proyecto de ley que obviamente está abierta a la discusión pública. Lo más importante es que podamos intercambiar con el conjunto de la sociedad, trabajadores, inquilinos, pequeños propietarios y sector inmobiliario sobre la necesidad de regular el precio.

 

Es claro que no todos quieren regular. Voceros de poderosos sectores inmobiliarios han rechazado la idea de regular el precio de los alquileres. Según sus fundamentos, regular el precio afectaría al mercado inmobiliario puesto que se contraería la inversión. Han dicho también que se perjudicaría el acceso de los uruguayos a la vivienda, que se afectaría la oferta y la demanda y que esto produciría un efecto contrario al que se busca, es decir una reducción de la oferta, y una suba de precios en la informalidad.

 

Todos estos argumentos son falsos. Es más, quienes auguran una catástrofe en materia habitacional por una regulación de precios razonable, se olvidan de reconocer lo que hoy sucede con el “libre mercado”. Si se contabilizan las viviendas vacías y abandonadas se puede afirmar que se superan las 90 mil a nivel nacional. Es insólito que existiendo casas sin gente haya gente sin casas. Solo una mirada egoísta y mercantilizada  puede explicar semejante contradicción. Máxime cuando en Uruguay mueren en incendios aproximadamente 30 personas cada invierno fruto de las precarias condiciones de sus casas en el intento de calefaccionarlas. Este solo ejemplo debería hacernos reflexionar en profundidad y proponer medidas alternativas.

 

No es cierto que el libre mercado genere equilibrios. Todo lo contrario, ha profundizado la problemática de acceso a la vivienda estableciendo importantes desigualdades. El supuesto régimen de “libre” contratación, solo ha beneficiado a los grandes propietarios en detrimento de las condiciones de vida de miles y miles de uruguayos. Tampoco es verdad que todos podemos elegir el precio, lo que sucede actualmente es que los grandes grupos económicos fijan los precios, y el resto de la sociedad la vemos pasar. La libertad es para unos pocos.

 

El caso de la antes denominada vivienda de “interés social” es un buen ejemplo. En el 2011 se votó una ley para que se atendiera la demanda de los trabajadores que no podían comprar o alquilar debido a los altos precios. Para reducir los costos se establecieron importantes beneficios tributarios a las empresas inversoras que construyeran las viviendas. Se han exonerado más de 840 millones de dólares, implica una renuncia fiscal muy significativa de todos los uruguayos. Asesores del sector inmobiliario habían anunciado que con esta ley junto a las exoneraciones iban a bajar los precios de los alquileres en un 20 o 40% al aumentar la oferta y reducir los costos de las construcciones. Efectivamente aumentó la oferta y bajaron los costos, sin embargo no bajaron los precios de los alquileres, sino que aumentaron. El precio de alquiler o de venta de una vivienda construida bajo estos beneficios, iguala en el mejor de los casos a los promedios generales de viviendas sin beneficios o los supera.  ¿Dónde quedaron las teorías de la auto-regulación del libre mercado? ¿Cómo se explica que con tantos beneficios no bajen los precios de venta ni de arrendamiento? Es claro, cuando al mercado no se le establecen contrapartidas reales ocurre esto. Se transforma en un gran negocio para unos pocos mientras se perjudica a la inmensa mayoría de los uruguayos.

 

Los datos hablan por sí solos, el “libre mercado” ha generado especulación, exclusión y vulneración de los derechos, incluso de aquellos que tienen rango internacional y constitucional, como es el derecho a la vivienda. Ha desplazado a las personas de sus barrios y sus entornos socioculturales, transformando en un mega negocio la extensión permanente de las ciudades. El problema del acceso a la vivienda no solo es una cuestión vinculada a ladrillos, bloques y chapas, es también un problema de construcción de comunidad, de vínculos entre los vecinos. La movilidad permanente de los sectores más complicados económicamente, fruto de que se elevan los precios de determinadas zonas en los que vivían, hace que tengan que andar “corriendo” detrás de los precios más bajos, impactando directamente en las posibilidades organizativas del tejido social.

 

 

Para que sea un derecho

 

La vivienda digna debe ser un derecho, el acceso tiene que asegurarse como lo establece nuestra Constitución. No puede concebirse únicamente como mercancía, es un derecho fundamental de todas las personas.  Como la historia nos los demuestra, los derechos no solo deben estar reconocidos jurídicamente, para que sean realidad debemos ejercerlos. Lo central está en que se pueda discutir en toda la sociedad, no sólo este proyecto sino el acceso a la vivienda, complejizar e intercambiar sobre las situaciones que hoy  nos atraviesan.

 

El camino para garantizar que la regulación de precios se concrete, es el diálogo con las organizaciones sociales, en los barrios, es con movilización y lucha. Sin lucha no hay conquistas y las precisamos para continuar cambiando la historia.

 

Este proyecto es un paso en ese proceso, intenta ser un aporte en ese largo camino de ir construyendo mayores libertades y mejores derechos. Ojalá contribuya también a organizar un gran movimiento por el techo, que ponga encima de la mesa la necesidad de entender de que “no todo está en venta, no todo es mercado” como nos recuerdan Larbonais y Carrero.

 

 

 

Gerardo Nuñez es Licenciado en Psicología. Ex secretario general de la UJC. Afiliado al Partido Comunista del Uruguay y Diputado por la Lista 1001, Frente Amplio. Integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

 

 

Notas

1. INE. http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30880/IAI+Julio+-+Setiembre+2015/a8a0a5ee-a3ff-4e2d-8279-4f322e03350b

 

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