Editorial. Derecho a la vivienda y a la ciudad: ideas, prácticas y disputas

 Ilustración: Fede Murro.

 

Hay dos temas viejos que, según el ropaje que les demos, están presentes de formas diversas en los debates públicos actuales y  tienen tras ellos parte de los mecanismos de funcionamiento del capitalismo que debemos interpelar desde una mirada estratégica. Nos referimos al derecho a la vivienda y al derecho a la ciudad.

 

El viejo problema de la vivienda que Federico Engels a finales del siglo XIX remarcó y al cual ningún estado de bienestar contemporáneo pudo dar (ni dará) respuesta, sino todo lo contrario, pues forma parte intrínseca de las formas de producción y reproducción del capitalismo que debemos superar. En esta no satisfacción del derecho a la vivienda y su concreción material están implicadas al menos dos aspectos: a) intervenir en el proceso de producción de la vivienda, en el que predomina el valor de cambio sobre el valor de uso; y b) contar con suelo donde construir, lo cual en estados de derechos -como los nuestros- regidos por la propiedad privada, se convierte en un escollo a enfrentar y una variable explicativa de la desigualdad territorial.

 

El suelo, como es abordado desde el marxismo(1),  es un mercancía diferente a las otras  dado que no se puede multiplicar, no se puede mover, y su transferencia es menor (pasa por pocas manos); sin embargo, es un elemento sustantivo para poder producir y vivir, no hay viviendas sin suelo, por tanto no hay posibilidad de satisfacer el derecho a la vivienda sin abordar el derecho al suelo y la propiedad social del mismo.

 

Por otro lado, la vida digna implica -aunque la contiene- mucho más que la vivienda, la construcción de un hábitat digno requiere una serie servicios urbanos, espacios de uso y goce en la ciudad que llevaron hace ya cinco décadas a que Henry Lefebvre planteara el “derecho a la ciudad” como horizonte de transformación en nuestras sociedades occidentales. Lefevre entendida, el derecho a la ciudad, como ese derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista.

 

Esa idea recorrió décadas y continentes, tomó nuevos significantes concretos a través de la lucha de los movimientos sociales por ejemplo en latinoamérica (movimientos de pobladores, cooperativistas, ocupantes e inquilinos, algunos de ellos nucleados en la Coalición Internacional por el Hábitat), pero a la vez -como con otras apuestas y conceptos- fue tomado por gobiernos (cartas de ciudades, originalmente promovidas desde la sociedad civil) y organismos institucionales (ONU Hábitat) que fueron poco a poco acompasando una mayor notoriedad (moda) del término con una pérdida en muchos casos de su potencial disruptivo. Esa preocupación por el vaciamiento del término, queda claro en varios intelectuales como David Harvey, que proponen en la actualidad el paso de la idea de reforma urbana a revolución urbana; a los efectos de recuperar tanto la capacidad analitica de Lefebvre como su potencial político transformador.

 

Ahora bien, plantear actualmente esto en Uruguay, es tan oportuno como desafiante. Máxime,  cuando se están recordando los 50 años de la Ley Nacional de Vivienda N° 13.728 con sus luces -especialmente en el contexto donde resultó- y sus sombras, y también los 10 años de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible N°18308, con su apuesta a un rol planificador, más en el plano discursivo que en el de la práctica política desarrollada por el progresismo. Ambos hechos como ambos temas mencionados (derecho a la vivienda y a la ciudad), nos llevan a interpelar desde distintas miradas y dimensiones las diversas problemáticas existentes, abordadas de forma parcial e insuficiente tanto en esta introducción como en este número que pretende contribuir a un conjunto de necesarios debates.

 

La producción de la vivienda y el mercado que el mismo conlleva, cada vez más asociado al funcionamiento del sistema financiero y la especulación inmobiliaria, es un fenómeno muchas veces inasible de entender. No obstante, es recurrente su aparición cada vez que sucede una crisis como la de las hipotecas en el 2008 en Estados Unidos, los desahucios (expulsión masiva de personas de sus viviendas) en España y en cuestiones más cercanas como la cantidad de viviendas y oficinas vacías que se construyen cada días en nuestras ciudades latinoamericanas.

O, para mencionar algún caso uruguayo, podríamos preguntarnos qué representan las propuestas del Hotel San Rafael o del Dique Mauá, sino la lógica capitalista de la especulación inmobiliaria disfrazada con el ropaje del desarrollo y la promoción de empleo.

 

Hay una gama de agentes (desarrolladores, financistas, constructoras, inmobiliarias) e intermediaciones financieras que operan en el mercado y explican absurdos como la que da cuenta la oportuna frase acuñada por los movimientos sociales de “gente sin casas y casas sin gentes”.

 

El comprender quiénes y cómo se genera la producción de la ciudad neoliberal, cuál es el poder inmobiliario(económico) y como este se articula con los agentes del Estado, es un elemento vital y una clave interpretativa que debemos tener presente en estos temas. Se requiere estudiar la riqueza y sus detentores para poder contar con mayores niveles de comprensión de la realidad que queremos cambiar, las miradas que se centran únicamente en los pobres o de la relación de estos con las políticas públicas quedan como mínimo rengas o faltas de proyección política.

 

Uno de los fenómenos actuales más importante desde hace décadas en nuestra región y otros lugares del planeta, tiene que ver con los procesos cada vez mayores de segregación y segmentación territorial. La segregación padecida, de sectores populares es una cosa recurrente y basta ver los cinturones de pobreza en nuestra periferia para reconocer como una parte de la sociedad segrega a la otra. Esa segregación, ampliamente estudiada y relacionada a los problemas de acceso al empleo y de vivienda de buena parte de la sociedad, lleva a las personas a lugares precarios con un hábitat indigno y alejados de los servicios urbanos necesarios para los modos de vida actuales del pueblo (lo que es una vivienda adecuada siempre es una construcción socio-histórica).  La segregación, tiene otra cara, la segregación autoelegida que tiene varias décadas en latinoamérica y más de dos en nuestro país (aunque se encuentre más invisibilizado), que se expresa a través de diversos formato de barrios privados y countries, donde los sectores de medios-altos y altos desarrollan una formas de “socialización burbuja” y de separación del otro (el de afuera, el que me da miedo) cada vez más clara y profunda.

 

A los fenómenos de segregación, le podemos añadir, dentro de la tendencia general de criminalización de la pobreza, los procesos de gentrificación y expulsión asociados, así como los casos de desalojos tan recurrentes. Casos, donde el capital y la sacrosanta propiedad privada que lo sostiene, evidencian que el derecho a la propiedad está por encima de derechos como el de la vivienda, y que los problemas de acceso a la “justicia” de los sectores populares o inequidad en relación a los sectores dominantes, muestra no sólo la reproducción de la clase sino hasta la criminalización por vía civil y hasta penal (como la ley Nº18116 de usurpación, en el caso uruguayo) de los sin techo o directamente los ‘sin lugar’ (pues, en situación de calle, también se los puede penar a través de la ley de 'faltas' N.º 19120). Criminalización que se acompaña, con esquemas de vigilancia y toda una industria del cierre (que a su interna, ensaya nuevos esquemas de explotación de esos trabajadores de la seguridad), que pone no sólo arriba de la mesa los formatos de urbanismo neoliberal, control e individuación actuales.

 

Encontramos un espiral de expulsión y criminalización, que encuentra trayectorias residenciales y de vida, con personas mudadas hasta más años que su propia existencia, que pasan de una pensión a un asentamiento, de la calle a un asentamiento y viceversa, de una casa autoconstruida en terreno ‘informal’ o en el fondo de un terreno a una casa hacinada, del alquilar en un mercado desregulado y en el mejor de los casos el obtener el 'derecho' de ser sujeto de un crédito a 25 o 30 años a través de un banco o el propio Estado a tasas de usura. El considerar la vivienda un derecho, y plantear la discusión sólo en términos de déficit habitacional queda corto, el  afirmar un derecho y tener una respuesta parcial o residual, que agrupa por sectores sociales (algunos asentados, parte de la clase media baja, los jubilados entre otros) y piensa a esos sujetos en relación al porcentaje del crédito a subsidiar, es rehén de una eterna estratificación sin capacidad de universalización el acceso a la vivienda. Esa universalización, pareciera acercarse, si uno regulariza los mercados de alquileres, compra-venta y suelo con mecanismos institucionales donde predomine la función social sobre el mercado; escapando a la trampa de los esquemas de desarrollo progresistas que centran sus posibilidades en la inversión privada y de generación de empleo vía obra privada como las actuales Vivienda de Interés Social (o Promoción) o vía obra de Participación Público Privada.

 

Por otra parte, los propios movimientos sociales (como el Movimiento Pase Libre en Brasil, los de lucha por la accesibilidad en Montevideo o Cumbre Urbana Popular en Colombia) han puesto arriba de la mesa una problemática que vivimos en cotidiano en las grandes ciudades, la de la movilidad urbana o circulación por la ciudad. La falta de calidad, de accesibilidad y el aumento del coste constante del transporte público colectivo, acompañado de la cultura del consumo y confort que propone al automóvil como solución, más allá de los problemas ambientales, hace que el tiempo invertido para transitar la ciudad de un trabajador ('tránsito-dependientes', aquellos que no tienen otra opción) o esquema de circulación de la ciudad generen formatos cada vez más desiguales de movilidad o menos agradables para la vida; siendo, por su parte, propuestas como las de los movimientos pro circulación de bicicletas desdeñados de forma sistemática en las prácticas y políticas urbanas como una opción.

 

La pérdida de otros ámbitos y espacios públicos o la producción de desigualdad por zonas y sectores, también resulta un desafío que configura las disímiles posibilidades no sólo de reproducción sino también producción de la vida a partir del tiempo libre y el ocio, entendido este, como necesidad humana que no deberìa regirse ni por los designios de la productividad impuesta por el capital ni por la moralidad cristiana predominante sobre este tipo de prácticas vistas de mal manera (holgazanería o ‘no haciendo nada se aprende hacer el mal’). La posibilidad de crear y del encuentro con los otros se produce en el espacio público, en la calle como espacio por excelencia, ese que se busca vaciar y sustituir a través de formatos privados que se visten de ‘públicos’ (como los centros comerciales o shopping cada vez más configuradores de la trama urbana) o a partir de tecnologías  que invitan a no salir de nuestro ‘resguardo seguro’: el hogar.

 

Por suerte, también las organizaciones y movimientos sociales de nuestro país (como el cooperativismo de vivienda, el movimiento sindical, la lucha por la accesibilidad y brigadas militantes de los asentados) como de la región (pobladores, villeros, los sin techo y tantos otros) dan muestras no sólo de formatos de producción social del hábitat y la vida digna, sino de poder establecer en muchos casos prácticas prefigurativas de una sociedad más justa. Esos relatos y capacidades de resistencia, requieren ser valorados e integrados al pensamiento estratégico, pero también deben ser interpelados colectivamente para no caer en formatos de autocontemplación o formas inconscientes de autoexplotación de la propia clase trabajadora. Para ello, aprender de los formatos de propiedad colectiva, los procesos de formación política y grupal, su internacionalización, el poder disputar los usos del espacio y el relato sobre la ciudad son un elemento sustancial para el cambio del orden social predominante.

 

El plantear estos dos grandes temas: derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, entrelazados, complementarios y poder interpelarlos atendiendo a nuestro contexto actual en Uruguay, la región y el mundo, se nos hace una tarea indispensable y una invitación que las variadas efemérides de este año nos provocan a realizar a quienes pretendemos una transformación radical de la sociedad.

 

 

* Este número ha sido elaborado en conjunto con Marcelo Pérez Sánchez, politólogo, doctorando en Estudios Urbanos (UNGS-Argentina). Profesor adjunto del Programa Integral Metropolitano y la Facultad de Derecho de la Udelar. Militante de ADUR, filial Oficinas Centrales y de FECOVI-Cooperativa Andamios.

 

Agradecemos también la colaboración de Lucía Fernández Gabard.

 

 

Nota

1. Por el propio Marx o específicamente el suelo urbano por Topalov y Jaramillo.

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