La protesta antiextractivista en América Latina: un breve estado de situación

July 26, 2018

Imagen: Colectivo Frente Gráfico 

 

Bajo la forma del neoextractivismo, las economías latinoamericanas tendieron a impulsar, desde principios de este siglo y de manera hegemónica, actividades tradicionales, como la minería y la explotación hidrocarburífera (Perú, Chile, Venezuela), o vinculadas al sector agroalimentario (Argentina, Paraguay y Brasil), en detrimento de la producción industrial.

 

La explotación intensiva de los recursos naturales, la utilización de tierras otrora descartadas para la producción y el empleo de reservas acuíferas en zonas geoestratégicas, constituyen los pilares de este modelo económico que pareció aunar el consenso de todos los gobiernos latinoamericanos entre circa 2002-2007 (Svampa, 2013).

 

La demanda de estas producciones de escaso o nulo valor agregado por parte de países centrales, como Estados Unidos, China y Rusia, ha alcanzado en este periodo cifras de crecimiento del PBI tan significativos que permitían afirmar que se asistía al “milagro de los commodities”. La renta excedente obtenida por la exportación de estos bienes, permitió, asimismo, el sostenimiento de políticas de transferencia monetaria condicionadas que condujeron -en gobiernos de signo antineoliberal- a la mejora de la calidad de vida de vastos sectores de la población históricamente excluidos.    

 

Sin embargo, el impacto de la crisis económica mundial de 2008 y la consecuente desaceleración de la demanda de estos bienes, comenzó a visibilizar las limitaciones de este patrón de acumulación.     

 

En efecto, pueden identificarse, al menos, tres núcleos de conflictos que este modelo económico ha generado, de los cuales nos ocuparemos en este artículo. El primero se refiere a la emergencia de movimientos de reivindicación provenientes de comunidades indígenas y campesinas que se oponen parcial o totalmente a las industrias extractivas. El segundo se enfoca en la construcción de relatos criminalizantes y distinciones idiomático-conceptuales que expresan las diversas y contradictorias concepciones que, al respecto de la tierra o los bienes de la naturaleza, mantienen los actores estatales, por un lado, y las comunidades indígenas, por el otro.

 

Y, finalmente, un tercer núcleo de análisis se enfoca en las respuestas del Estado frente a esta conflictividad, que han oscilado principalmente entre la coerción directa y las tácticas de disuasión preventivas.

 

Entendemos que estos procesos señalan la tensión entre un patrón de acumulación sobre el cual pareció existir un amplio consenso y los actores que resultan directamente perjudicados. Sus demandas, incluso aquellas que adquirieron rasgos esporádicos frente a la agresión empresario-estatal, han configurado nuevas formas de resistencia que merecen ser exploradas.  

  

 

Las demandas de las comunidades indígenas y campesinas

 

La necesidad de tierras y cursos hídricos para la explotación primaria, como pilares del modelo neoextractivista, se expresó desde sus inicios necesariamente en colisión con la defensa de los territorios de las comunidades campesinas e indígenas y la reivindicación de sus prácticas de autonomía y autogestión. Esto responde a una diversidad de problemas que incluyen desde la contaminación de tierras y reservas de agua, la eliminación o reducción de las áreas aptas para el cultivo, el desplazamiento forzado, el avasallamiento de tierras sagradas y la exclusión de los beneficios de la explotación.

 

Estos conflictos han provocado la emergencia de grupos o movimientos antiextractivistas articulados en menor o mayor medida según el área que se explore. Estas protestas, de carácter anti-capitalistas, sostienen una resistencia parcial o total a la actividad productiva nacional, principalmente la explotación minera, hidrocarburífera y agrícola.

 

Ya durante la fase de crecimiento económico sostenido, que podríamos colocar entre 2003 y 2007 (Seoane, 2011), podemos visualizar múltiples manifestaciones de protesta social e insurrecciones populares que tienen a las empresas transnacionales ligadas a la actividad extractivista como foco del ataque. La crisis de 2008, que cristalizó el aumento de la inversión extranjera directa dirigida hacia las actividades extractivistas y extranjerizó masivamente la compra de tierras, recrudeció procesos de contrarreforma agraria como el que se observó en buena parte de la selva amazónica.

 

El nuevo ciclo de protestas que se gestó en torno a estas reivindicaciones, condujo a una reconfiguración de los sujetos sociales. Los movimientos de origen rural, indígenas y campesinos, comenzaban a protagonizar las protestas sociales. (Algranati, Seoane y Taddei, 2006)

 

Articulando sus demandas históricas con la lucha antineoliberal, encabezaron un movimiento regional que comenzó a erosionar las bases mismas de la dominación estatal. La reivindicación de su autonomía, la relación con la naturaleza, el sostenimiento de formas de autoorganización no en contra sino por fuera del aparato estatal y, en definitiva, la defensa de una cosmovisión alejada de la lógica occidental, fueron vistas como amenazas potenciales.

 

La ocupación de la tierra como un acto de reivindicación identitaria se convirtió en algo más que en un elemento de protesta: ese espacio representaba el sitio de construcción de un nuevo modo de organización social. Este último rasgo es quizás, el que mayor temor suscitó a los poderes de turno, en tanto “su exclusión de facto de la ciudadanía parece estarlos induciendo a buscar construir otro mundo desde el lugar que ocupan”. (Zibechi, 2003)

 

Los conflictos sociales ligados a reivindicaciones territoriales se incrementaron visiblemente en este periodo. Sólo por mencionar dos casos significativos, en Perú, se pasó de 47 conflictos en 2004 a 229 en 2012, con un punto de inflexión significativo en la Masacre de Bagua de 2009; y en Chile, a los conflictos por la explotación de la tierra en territorio mapuche, se ha respondido con la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Si bien la demanda de commodities ha mermado desde entonces, los conflictos en torno a las fronteras de explotación se mantienen vigentes.          

 

 

El terrorismo ambiental como foco de persecución  

 

Es sabido que quien tiene la potestad de exponer el diagnóstico sobre una problemática, condiciona su respuesta. Ante cualquier conflicto, la capacidad de nominar de quienes detentan el poder, permite construir relatos e imaginarios que justifican su accionar.

 

Identificar un enemigo y construir sobre sus prácticas un relato de criminalidad, permite tornar aceptable su persecución y, en caso de ser necesario, su aniquilamiento. Las comunidades que se reúnen en torno a la defensa de sus territorios son consideradas un obstáculo para el desarrollo. Bajo el pretexto de constituir agrupaciones de terrorismo ambiental o ecoterrorismo (Antonelli, 2011) -que en ocasiones adquieren incluso el ribete de internacionales-, las comunidades indígenas y campesinas son convertidas en enemigos peligrosos de los cuales el poder debe hacerse cargo.

 

En el caso de las comunidades indígenas, en el discurso político y mediático está presente el calificativo de salvaje. Mediante estas prácticas discursivas, se opera deshumanizando a las comunidades involucradas.

 

Se cuela, en estos discursos una serie de imaginarios que incluyen desde el otro salvaje exotizado, hasta el terrorista. En ningún caso, de cualquier modo, se les reconoce su carácter de sujetos políticos, ergo, sujetos de derechos.

 

Tanto desde las tribunas mediáticas como desde las expresiones políticas, también podemos observar la recurrencia al discurso de la inseguridad jurídica. Las empresas extractivas aparecen como representantes del progreso de la nación, mientras que todos los que se oponen a su establecimiento, conforman un clima de inseguridad jurídica que inhibe la inversión extranjera y, por ende, el desarrollo del país.  

  

Del mismo modo, encontramos distinciones radicales en torno a la naturaleza, sus usos y significados. Para los actores estatales y las empresas transnacionales, la naturaleza es una mercancía, mientras que en la cosmovisión de los pueblos originarios le otorgan un valor ligado a la habitabilidad y la supervivencia de la vida humana. (Alimonda, 2011)

 

Hay, por supuesto, una contrapartida a este proceso. Como resultado del recrudecimiento de las prácticas de desterritorialización de las comunidades originarias y avasallamiento de sus áreas de subsistencia, ha renacido con fuerza una noción utópica de recuperación y defensa de territorios. Esta concepción pugna por abandonar la noción de naturaleza como un bien de mercado, reivindicando una relación con el ecosistema gestado a partir de formas autónomas y directas de producción del suelo.

 

Estos discursos representan dos formas antagónicas de concepción de la naturaleza y los recursos que de ella se extraen, donde una le reconoce un mero rol de intermediación para garantizar las divisas necesarias para el desarrollo del capital, mientras que la otra reivindica su rol como medio de subsistencia, reconocimiento que, voluntariamente o no, subraya la importancia que su preservación implica para la conservación de la humanidad.

 

Otro elemento recurrente que se ha empleado como justificación para ampliar las áreas de explotación, ha sido la noción de territorio vacío (Seoane, Taddei y Algranati, 2011), históricamente utilizada en los procesos de organización nacional. La selva amazónica ha sido frecuentemente calificada en ámbitos mediáticos y políticos como un área vacía, del mismo modo que las regiones VIII y IX del sur chileno, donde se concentran las comunidades mapuches.    

 

Esto genera una serie de procesos de exclusión y discriminación, de las cuales la más común es la indiferencia al momento de tomar decisiones gubernamentales que involucran sus tierras -sin soslayar los beneficios que la Ley de Consulta Previa, lograda por presión de estos movimientos, ha generado en términos de consenso frente a la instalación de proyectos mineros principalmente-.

 

 

La securitización de la protesta 

 

La competencia por los recursos naturales constituye actualmente una cuestión de seguridad, lo que se evidencia -principal aunque no exclusivamente- en la doctrina de guerra preventiva aplicada por Estados Unidos para la región tras el 11-S. Frente a la erosión de la unipolaridad y la aparición de nuevos competidores que disputaron los mercados latinoamericanos durante buena parte del ciclo de crecimiento de los commodities, Estados Unidos ha elaborado tácticas y estrategias que, creemos, se han utilizado en escenarios de conflictos ligados a las industrias extractivas.  

 

Las formas tradicionales de intervención ya no se plasman en intromisiones armadas, sino que priorizan cooptar a los dirigentes de los países latinoamericanos en pos de “mejorar la calidad democrática”, ayudar en la contención de potenciales amenazas –lo que deriva en la criminalización de vastos sectores sociales, principalmente indígenas y campesinos- y perseguir a los supuestos perpetradores de la inestabilidad que se presenta como un problema crónico de nuestros países.

 

En esta estrategia, contribuye el Comando Sur de los Estados Unidos de América, que desde sus múltiples bases militares coordinan la instauración de una noción de seguridad que actúa antes de que la amenaza se manifieste. Ello condujo a la preeminencia de una estrategia de defensa de guerra permanente, algo a lo que la firma de acuerdos de reciprocidad y el permiso de instalación de bases militares contribuyó a sostener. (Winer, 2015; Luzzani, 2012; Borón, 2012)

 

Frente a este contexto, los Estados de la región, se arman para el control interno “promoviendo, justificando o avalando la criminalización de la protesta”, en una configuración que “presume que los actores sociales en legítima defensa de su territorio y de los bienes comunes de este continente son, en el mejor de los casos, irracionales, opositores al progreso y al desarrollo”. (Delgado Ramos, 2013)

 

En este contexto de reordenamiento hegemónico, la elaboración e implementación de instrumentos de control y represión sobre movimientos emancipatorios de diverso signo -sociales, campesinos, estudiantiles, indígenas-, exigió su demarcación como amenaza, así como el despliegue de un arsenal policial, y militar para contenerlo, a lo que se sumó el refuerzo ideológico cristalizado por los medios masivos de comunicación.  

 

La cada vez mayor presencia de fuerzas policiales y militares, no sólo locales sino también extranjeras, en zonas cercanas a donde se hallan las reservas de recursos naturales ambicionadas por las clases dominantes, es por ello un dato alarmante.

 

En este contexto, la tierra se ha convertido en un campo de lucha en el que se despliegan actores y escenarios diversos. Por un lado, las empresas transnacionales guiadas por el único propósito de extraer los recursos naturales disponibles, con la consecuente contaminación de los suelos y los cursos hídricos.

 

Asimismo, la tierra es expresión física y simbólica de la reivindicación histórica de los pueblos originarios ancestrales, y constituye la principal vía de subsistencia de estas comunidades.

 

Pero también representa el centro de disputa de los Estados nacionales que necesitan garantizar la continuidad del desarrollo del capital. Y, en último término, representa el eje principal de los objetivos geopolíticos de las potencias centrales, ante lo cual responden con despliegues militares preventivos para contener a las poblaciones locales y dotarse así de los recursos necesarios para preservar sus patrones de consumo. El conflicto inherente entre las políticas estatales locales y los movimientos indígenas se torna así evidente.

 

La militarización de zonas estratégicas y la criminalización de la protesta indígena y campesina antiextractivista bajo el carácter de terrorismo, con su consecuente procesamiento civil y militar, no es ajeno al despliegue de prácticas de contención y control social en toda la región para garantizar el desarrollo de este modelo de acumulación. Sin embargo, es más visible en países con una importante población indígena, donde han logrado configurarse, como vimos anteriormente, en términos no sólo étnicos, de la mano de sus reivindicaciones ancestrales, sino también políticos, por su oposición a las políticas neoliberales.

 

Bajo estas lógicas, se ha instalado la agenda de la inseguridad jurídica que mencionáramos antes, es decir, se ha apelado a la construcción de un relato en torno al cual la culpa del fracaso económico del modelo es atribuida a las comunidades, agrupaciones, movimientos, activistas o dirigentes con algún grado de arraigo territorial. Este discurso de la inestabilidad o la inseguridad jurídica ha permitido encarcelar o procesar a una importante cantidad de estos defensores, so pretexto de amedrentar a los inversores extranjeros.      

 

 

¿Un enemigo para un modelo económico?

 

La dependencia de las potencias centrales -hegemónicas y emergentes- de los recursos que se hallan en la región latinoamericana, el interés de las élites locales en sostener el modelo económico basado en las ventajas comparativas obtenidas a partir de la exportación de materias primas y la imposición de una única visión de desarrollo, han conducido a una profundización del cariz represivo del Estado frente a la protesta antiextractivista.

 

La lógica binaria entre los que promueven y los que obstaculizan el desarrollo económico, impone un único relato sobre el conflicto que ubica a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, activistas ambientales y organizaciones de defensa territorial o ambiental, como amenazas al modelo político-económico neoextractivo.

 

La identificación de estos colectivos como amenazas y su estigmatización como obstáculos del desarrollo nacional, se han conjugado en una estrategia integral de criminalización que incluye desde la indiferencia frente a la protesta hasta la judicialización de los conflictos, sin soslayar los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de las que son víctimas. 

 

 

*Marina Mendoza es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (2015) y Doctoranda en Ciencias Sociales por la misma institución. Desde el 2016, es Becaria Doctoral del CONICET con sede en el IEALC. Es miembro del OBLAT y forma parte del Ubacyt “Estado, élites y grupos económicos en América Latina (2008-2017)”, dirigido por la Dra. Inés Nercesian. Correo electrónico: marinagmendoza@gmail.com

 

Referencias bibliográficas

 

Antonelli, M. A. (2011). Megaminería, desterritorialización del Estado y biopolítica. En Astrolabio. Disponible en: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/viewFile/592/3171

 

Borón, A. (2012). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.

 

Delgado Ramos, G. C. (marzo-abril de 2013). ¿Por qué es importante la ecología política? En Nueva Sociedad, 244.

 

Luzzani, T. (2012). Territorios vigilados: cómo opera la red de bases militares norteamericanas. Buenos Aires: Editorial Debate. 

 

Seoane, J.; Taddei, E. y Algranati, C. (2013). Extractivismo, despojo y crisis climática. Buenos Aires: Ed. Herramientas y El Colectivo.

 

Svampa, M. (marzo-abril 2013). “Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina”, en Nueva Sociedad, 244.

 

Winer, S. (2015). Doctrina de inSeguridad Mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. Buenos Aires: Prometeo.

 

Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. En OSAL, 9.

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