La Universidad y sus pobres

Imagen: David Alfaro Siqueiros: “El pueblo a la Universidad”, Mural en la Universidad Nacional Autónoma de México

 

  

El día 30 de mayo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal pronunció un discurso ante los socios del Rotary Club en el que, como en otras oportunidades, cargó sus armas contra los maestros y las universidades públicas, además de “reconocer” la crítica situación socioeconómica de nuestro país y referirse a la re-elección del presidente Mauricio Macri. En medio de ese discurso, una frase en particular quedó resonando por las diversas redes sociales: “¿Es de equidad que durante años nos hayamos dedicado a poblar de universidades públicas la provincia cuando todos los que estamos aquí presentes sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?". Esos “todos aquí presentes” eran rotarios, miembros de un club de élite, empresarios, industriales, dueños de grandes capitales -que se vanaglorian de hacer obra benéfica y otorgar becas a estudiantes para cursar sus estudios en distintos países del mundo- y la propia gobernadora, graduada de la Universidad Católica Argentina. Es decir, la ya conocida clase privilegiada, acomodada, para quienes acceder a la Universidad fue históricamente una vía cuasi natural al terminar la escuela secundaria y obtener el título profesional que tanto padres y abuelos habían obtenido. En la pregunta retórica de Vidal, saber que “nadie que nace pobre llega a la universidad” -lo cual es, vale recordar y enfatizar, una  falacia- se traduce como afirmar la usurpación de un lugar que, para Vidal, a los pobres no les corresponde: un lugar al que nadie que nace pobre llega ni debería llegar (o haber llegado) jamás.

 

Hace casi cien años, en el mes de junio de 1918, unos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que, al calor de la lucha por una demanda en principio gremial, fueron adquiriendo conciencia de esa posición privilegiada que habían portado como hijos de patricios o de sectores medios en ascenso, se alzaron en pos de ideales de justicia social y emancipación desde la universidad. Este movimiento tomó el nombre de Reforma Universitaria y su lucha y sus demandas rápidamente se articularon con las que venían plasmandose en los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, en la experiencia modernizante de la Universidad de la Plata, o las que venían pugnando por ser escuchadas en la Universidad de Santa Fe. Así de velozmente también se propagó y articuló con movimientos estudiantiles en la Universidad de Lima, Perú, en la Habana, Cuba, en México, en Uruguay y en tantos otros rincones de nuestra América Latina. Ese conjunto de jóvenes reformistas, desde diferentes posicionamientos ideológicos, coincidieron en que la enseñanza universitaria no podía ser reducto de unos pocos privilegiados. Reconocieron que siendo la Universidad una institución del Estado tenía obligaciones que cumplir respecto del pueblo, en materia de investigación y extensión de la cultura. La crítica enérgica apuntó al reconocimiento de “los males derivados de una contradicción inadmisible, entre la igualdad de derecho, establecida por las leyes, y la desigualdad de hecho, que impone a unos, lo que no se exige a otros. Juzgamos, por lo tanto perentoria la conveniencia de devolver a la colectividad siquiera, alguna parte de los beneficios que una situación de fortuna, nos permite extraer del patrimonio espiritual de la especie, reclamando al propio tiempo, la igualación de las oportunidades, para que cada individuo pueda adquirir toda la porción proporcionada a sus aptitudes intelectuales. (…) Ya que el pueblo no va hacia la universidad, ésta, representada por sus órganos positivos, irá hacia el pueblo, procurando llenar su verdadera misión de docencia social (...)” (Manifiesto del centro estudiantes de derecho al inaugurar los cursos de extensión universitaria en Del Mazo, G. 1941).

 

Esta cita extensa de un documento del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de 1920 permite ilustrar las discusiones que en ese momento enfrentaba el naciente movimiento estudiantil. Los jóvenes reconocieron que las puertas de la universidad no habían sido abiertas al pueblo, y pugnaron por esa apertura. Sin embargo, la impronta democratizadora de aquellos jóvenes quedó limitada a sostener esa “misión de docencia social” desde la extensión universitaria. No fue hasta casi tres décadas más tarde cuando con el decreto de gratuidad universitaria de 1949 y la creación de la Universidad Obrera Nacional, el peronismo propició –en una relación tensa y conflictiva con el estudiantado, un sector de los profesores y el mundo académico- el comienzo de la masificación en el acceso a la educación superior para el sector trabajador.  

 

Los primeros tres lustros del nuevo siglo en América Latina nos encontraron con políticas públicas para el nivel que, en palabras de Eduardo Rinesi, tuvieron una profunda vocación democratizadora (2018:9), heredera quizás del discurso reformista del ‘18 y del nacionalismo-popular con el cual el reformismo nunca logró un acercamiento real. Fue en este marco que, en el año 2008, la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena de Indias, Colombia, sostuvo que la Educación Superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados.  Con esa vocación democratizadora se crearon en nuestro país diecisiete universidades entre 2003 y 2015 que sumadas a las ya fundadas a comienzos de los ‘90 da como resultado un sistema con 56 universidades nacionales, públicas y gratuitas, financiadas por el Estado; distribución que garantiza la cobertura en todas las provincias del país y fortalece los centros urbanos más importantes del conurbano bonaerense.

 

La afirmación de Vidal es sintomática del discurso de esta nueva derecha neoliberal, que entiende la inversión pública en educación como un gasto, no como un acto de justicia, en el marco de una lógica que evalúa y regula con parámetros del mercado -oferta y demanda, insumos y costos- la política pública educativa. Es posible incluso inferir que en los dichos de Vidal se estén filtrando las condiciones que el Fondo Monetario Internacional impone para la educación superior, tras el reciente “acuerdo”. En sus documentos, tanto el FMI como el Banco Mundial insisten en que la educación superior “es costosa” y enfrenta “imperativos de competencia” que atañen al gasto público; en consecuencia, la receta es la ampliación del financiamiento privado y del mérito como argumento para el otorgamiento de “ayudas” a los estudiantes de sectores desfavorecidos.

 

En la misma línea, en marzo de este año, desde la Secretaría de Políticas  Universitarias de la Nación no dudaban en recordar y conmemorar el centenario de la gesta de la Reforma Universitaria y, en el mismo acto, anunciar un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos a las universidades.

 

Vidal se pregunta si es de equidad que existan tantas universidades públicas, e insiste con que su prioridad es la infancia, pero “desencajada de la justicia, la noción de equidad (...) se ha pervertido: se la ha entendido como transferencias de recursos a los pobres (...) para que vivan sin escándalo la experiencia de la injusta desigualdad” (Rodríguez, 2002). Todos los presentes en ese espacio, Vidal, los rotarios y demás funcionarios de Cambiemos, son la muestra de quienes con el argumento de que siempre existen “temas prioritarios”, resisten en su bastión a la posibilidad de producir nuevas igualdades o atacan las ya conquistadas. Como señala Tatián, “resulta conmovedor el recurso a los pobres y la explotación ideológica de la desgracia económica por las derechas de toda laya (...) a la hora de conjurar la igualdad allí y donde irrumpe” (2010). Parafraseando al filósofo, los pobres que desde comienzos del nuevo siglo han accedido a la Universidad, que aún continúan estudiando o han egresado (véase la nota https://www.pagina12.com.ar/47613-mi-hijo-el-doctor a modo de ejemplo), en medio de contextos económicos desfavorables que los exceden y que hoy son deudores de un Estado ausente, se han convertido en sujetos con potencia política y no en objetos de asistencialismo o caridad, y allí -precisamente- radica la clave del ataque de Vidal, de la derecha neoliberal encarnada en Cambiemos, contra las universidades públicas, contra la educación superior como un derecho.

 

Si tomamos equidad e igualdad como sinónimos (sin entrar en una discusión más profunda en términos jurídicos y filosóficos que exceden las posibilidades de esta nota de opinión), y si nos paramos a responder a la pregunta de Vidal (aunque no espere nuestra respuesta), podemos afirmar que sí, es justo, es “de equidad” poblar la provincia de universidades, porque la equidad entendida como igualdad es anterior e independiente a toda lógica del mérito. La educación superior es un derecho y un bien público y social y es responsabilidad y obligación del Estado garantizarla, como posibilidad de potenciación y emancipación de sujetos, aún más en la mayor de las pobrezas. Es deber también del Estado combatir esa pobreza con leyes, como la Ley de Emergencia Social impulsada por organizaciones de la economía popular, y con políticas públicas que atiendan a reformar las condiciones estructurales que llevan cada vez a una mayor desigualdad; la alianza Cambiemos sin embargo ha optado por seguir beneficiando a una casta privilegiada, como la de aquellos que asintieron y finalmente aplaudieron enérgicamente las palabras de la gobernadora.

 


* Denisse Garrido es Licenciada en Ciencias de la Educación y maestranda en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas (UBA). Becaria de Maestría UBACyT. Docente en el ISFD Nº 51 de Pilar, provincia de Buenos Aires. También integra el equipo de investigación del Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL).

 

  

Bibliografía

 

DEL MAZO, Gabriel (1941) La Reforma Universitaria. Tomo I El Movimiento Argentino. La Plata, Centro de Estudiantes de Ingeniería Federación Universitaria de Buenos Aires.

RINESI, Eduardo (2018) “Introducción” en Las libertades que faltan: dimensiones latinoamericanas y legados democráticos de la Reforma Universitaria de 1918 compilado por Eduardo Rinesi; Natalia Peluso; Leticia Carolina Ríos. - 1a ed . - Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2018. ISBN 978-987-630-333-0

RODRÍGUEZ, P. “De nuevo, la justicia”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, año/ vol. XXXII, número 4, pp. 5-10. México, 2002. Disponible en http://www.redalyc.org

TATIÁN, Diego  “Igualdad como declaración”. Cuadernos del Inadi, Nro 3: La igualdad como problema, 2010. Disponible en http://cuadernos.inadi.gob.ar

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