Los trabajadores y el gobierno del Frente Amplio en una nueva definición salarial

April 12, 2018

Ilustración: Pueblo (Laura Becerra)

 

 

2018 será el año de mayor negociación colectiva en la historia del Uruguay, advirtió el ministro de Trabajo. Incluye a casi todos los asalariados de la actividad privada y es también la última oportunidad para los funcionarios públicos de obtener mejoras en la actual administración. Más de un millón de trabajadores están involucrados. De tener éxito, las negociaciones definirán la evolución de los salarios en la economía uruguaya y suprimirán los conflictos laborales por los dos años siguientes. ¿Logrará el Frente Amplio estabilizar la lucha de clases durante la campaña electoral y hasta la instalación de un nuevo gobierno? 

 

Nuestro propósito no es dar un pronóstico del futuro, sino aclarar las alternativas que lo deciden analizando la relación entre el gobierno del Frente Amplio y la acción de los trabajadores. Siguiendo ese hilo, se pondrán de manifiesto no sólo las tensiones que encierra, sino también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.

 

 

El gobierno de los salarios

 

El ciclo progresista incluyó un conjunto de desarrollos económicos e institucionales que modificaron la relación entre los trabajadores y el capital.

 

En primer lugar, la crisis del año 2002 llevó el desempleo a 19% y rebajó 23% los salarios, al tiempo que la suba de los precios internacionales de las materias primas, conocida como el boom de los commodities, generó ganancias extraordinarias que atrajeron la inversión de capital extranjero. La producción reanudó el curso ascendente y ya en el año 2004 registró la fabulosa cifra de 12% de aumento. Ganancias extraordinarias y bajos salarios fueron el punto de partida de un crecimiento excepcional de la economía uruguaya, que se prolongará por una década y será la base del ciclo progresista.

 

La preocupación principal de la política económica del Frente Amplio es controlar la inflación, como lo fue para los gobiernos anteriores. Pero, mientras que los partidos tradicionales pretendían crear un mercado de trabajo flexible, los gobiernos progresistas tratan de mantener la estabilidad monetaria con la colaboración de los sindicatos.

 

El Poder Ejecutivo determina tanto el monto de los ajustes salariales como la duración de los convenios colectivos, y aplica esos lineamientos por medio de los Consejos de Salarios. Se trata de comisiones integradas por delegados del gobierno, los sindicatos y los patrones, que negocian la implementación de las pautas gubernamentales por ramas de actividad y proscriben los conflictos durante la vigencia de los convenios.

 

Los gobiernos progresistas procuraron mantener los salarios por debajo del crecimiento del producto, de modo que los aumentos fueran absorbidos por la disminución de los costos laborales y no afectaran a la ganancia de las empresas. Dentro esos límites sería posible un crecimiento “con equidad”: salarios y ganancia podrían aumentar simultáneamente sin subas de precios. El resultado es una negociación colectiva subordinada a la ganancia de las empresas y la estabilidad monetaria, antes que a las necesidades y deseos de los trabajadores.

 

 

La recomposición de los trabajadores

 

Capital extranjero y gobierno de los salarios fueron la fórmula inicial del ciclo progresista hasta que, en el curso de su desarrollo, un nuevo factor modificó la ecuación inicial.

 

La conflictividad laboral aumentó rápidamente a medida que el crecimiento económico absorbía el desempleo. Las jornadas de trabajo perdidas por conflictos pasaron de 392.914, en el año 2005, para 1.315.984, en el 2008, según el Instituto de Relaciones Laborales. Con las luchas se extendió la organización. Creció la afiliación a los sindicatos existentes y se constituyeron también otros nuevos, al amparo de la protección legal, en actividades que permanecían desorganizadas. La cantidad de trabajadores sindicalizados aumentó desde los 127.600, estimados en el año 2003, para más de 213.000 en el 2008, según el PIT-CNT.

 

La conflictividad en los gobiernos progresistas recuperó las mismas dimensiones que tenía bajo los gobiernos de los partidos tradicionales, a pesar de la introducción de instituciones mediadoras, pero con un contenido completamente distinto. Ya no son luchas defensivas por conservar el empleo o reclamar el pago de salarios adeudados; los trabajadores aprovecharon las condiciones económicas y políticas para pasar a la ofensiva por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

 

La recomposición de clase, tanto en relación al empleo como en el aspecto político de las luchas, modificó la relación de fuerzas. El cambio se expresó directamente en un alejamiento de los convenios con respecto a las pautas gubernamentales. Los trabajadores transformaron al salario en “un componente exógeno”, afirma el Banco Central, una variable referida sólo a la relación de fuerzas entre las clases, que condiciona a la política económica del gobierno en lugar de verse determinada por ella.

 

 

La disolución del pacto social

 

Cuando los precios internacionales de las materias primas bajaron y desapareció la ganancia extraordinaria, cesó la inversión de capital extranjero. El fin del boom de los commodities tuvo efectos depresivos para la actividad local: producto interno bruto y salarios varían apenas 0,4 por ciento en el año 2015 y el desempleo subió a 7,5 por ciento. La mediación política pasó a actuar entonces en la dirección opuesta. Ya no se trata, para el Frente Amplio, de que los salarios aumenten sin afectar a la ganancia, sino, al contrario, de permitir la recuperación de los márgenes de ganancia de las empresas a costa de los salarios.

 

El nudo fue la indización salarial. La indización es el mecanismo que asocia a los salarios con la variación del índice de precios. Por esa vía, los salarios monetarios suben automáticamente en la misma proporción que los precios, y su poder de compra real no es alterado. Su eliminación venía siendo reclamada por el Fondo Monetario Internacional, pero era resistida por las autoridades locales, para quienes formaba parte del “pacto social implícito”. Finalmente, el gobierno del Frente Amplio dio ese paso. El Poder Ejecutivo dejó de establecer aumentos del salario real, como hacía desde el inicio del ciclo progresista, y pasó a fijar únicamente ajustes de los salarios nominales. Los ajustes nominales permiten que, aún aumentando en pesos, el salario real pueda ser rebajado en los hechos por las subas de precios de las empresas.

 

El ataque contra la independencia de la variable salarial tuvo dos consecuencias. En primer lugar, trastornó la relación entre el gobierno y los sindicatos. El gobierno se desplazó desde la negociación hacia la imposición, las pautas salariales se volvieron más inflexibles y el recurso a la represión más frecuente. Los sindicatos, a su vez, invirtieron la lógica de la negociación. Si durante el ciclo progresista se habían apoyado en el gobierno para presionar sobre los patrones, en las negociaciones del 2015/16 buscaron la colaboración de las empresas para eludir las pautas gubernamentales. 

 

La disolución del pacto entre gobierno y sindicatos tuvo como contrapartida, en segundo lugar, un crecimiento extraordinario de la conflictividad de los trabajadores. Los conflictos del 2015 superaron el millón y medio de jornadas de trabajo perdidas –1.663.895, según el Instituto de Relaciones Laborales-, alcanzando el mayor nivel de los últimos veinte años. 

 

 

La perspectiva

 

No le faltan motivos al ministro de Trabajo para estar preocupado. La negociación del año 2018, sin embargo, ocurrirá en una situación distinta a las rondas anteriores. Por un lado, si bien el boom de los commodities no volverá, la producción aumentó alrededor de 3% el año pasado y los salarios 1,4%. Se reanudó el crecimiento, pero a un menor ritmo que achica el espacio para un aumento conjunto de salarios y ganancia. Por otro lado, la perspectiva electoral hace indispensable para gobierno y sindicatos recomponer sus vínculos, lo que pasa necesariamente por mejoras salariales, aunque nadie revivirá tampoco la indización salarial. La mediación política se hace más urgente, pero las condiciones del ciclo progresista, que la hicieron posible, han dejado de existir. Finalmente, tampoco la subjetividad de los trabajadores es la misma. Ya no son las personas desesperadas por la pobreza y dispersas por el desempleo, que produjo la crisis de principios de siglo, sino los protagonistas de las luchas que desbordaron la política de los gobiernos progresistas. Esa es la puerta estrecha de la negociación salarial del año 2018.

 

El Frente Amplio califica su papel político como partido de gobierno por la gestión de los trabajadores dentro del capital. Por medio de los Consejos de Salarios trata de encerrar los conflictos de clase en los límites de la ganancia y el control de la inflación. No tiene, sin embargo, la última palabra. Recorre las luchas, y se expresa materialmente en los salarios, un movimiento que lleva más allá del actual estado de cosas.

 

 

* Luis Ibarra es politólogo, magíster en gobierno y políticas públicas, y trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. E-mail: luis.ibarra@cienciassociales.edu.uy

 

Documentos citados

Banco Central del Uruguay (2011). Informe de política monetaria, Montevideo, BCU.

Fondo Monetario Internacional (2013). Country Report N° 13/108, Washington DC.

Instituto de Relaciones Laborales (1995-2017). Informes de conflictividad, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay.

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