Ecuador: involución y restauración

Imagen: La espera, O. Guayasamín

 

 

Hace pocos días se cumplieron seis meses del gobierno de Lenín Moreno. Para el observador externo, o inclusive para el espectador ingenuo, puede parecer que en el Ecuador está ocurriendo una lucha de facciones o pequeños ajustes de cuentas dentro del partido gobernante. En realidad, ocurre una operación política que sigue un guión replicado en toda América Latina guiada por intereses del capital transnacional y una recuperación de espacio de las élites conservadoras nacionales. Un guión que incluye la lamentable judicialización de la política y que impide la revelación de la identidad de los autores de este artículo.

 

 

La corrupción

 

El relato de la corrupción omnipresente cumple con al menos tres ejes funcionales a la restauración conservadora. Primero, es la narrativa utilizada para la persecución judicial a líderes del proyecto progresista leales al liderazgo de Rafael Correa. Lamentablemente, sí existieron episodios puntuales de corrupción –judicializados a lo largo de los diez años de gobierno de Rafael Correa– que han dado pie para que esta narrativa tenga cabida en la sociedad. Sin embargo, sería equivocado indicar que hayan sido promovidos o generalizados, puesto que fue durante el Gobierno de Rafael Correa fue cuando más se combatió la corrupción institucionalizada como la evasión tributaria y aduanera, la privatización energética, los salvatajes bancarios, la pérdida de las empresas estatales, la falta de inversión pública, la desregulación de la contratación pública, las puertas giratorias en la regulación financiera y la entrega desmedida de los recursos naturales.

 

En segundo lugar, la corrupción se asocia con el permanente discurso del Estado como un gestor incapaz e ineficiente: así se anidan las privatizaciones. De hecho, el presidente-coordinador de todas las empresas públicas, Edison Garzón, aupado por el editorial institucional del diario público pero ignorado en el debate nacional, manifestó que luego de un período de “saneamiento”, las empresas públicas se privatizarán a través del mercado bursátil.  

En tercer lugar, se busca deslegitimar el rol del Estado. Junto a las acusaciones de corrupción se acompañan los llamados a la “austeridad”, a la reducción del tamaño del Estado y (fomentada desde el poder) a la burla miope de proyectos desarrollistas de largo plazo como la Refinería del Pacífico, la Ciudad del Conocimiento Yachay y las universidades emblemáticas. Al igual que en Brasil, el Presidente Moreno se enorgullece de la reducción –en varios puntos del PIB–  de las inversiones del Estado y acusó (erróneamente) a su propio país de sobre-endeudamiento. Se conoce que Moreno mantiene un equipo asesor económico informal, liderado por Walter Spurrier, asesor también de bancos de inversión y bufetes de abogados transnacionales.

 

Al discurso de la corrupción y la austeridad lo acompaña una deslegitimación de la recaudación tributaria. Ya Moreno dijo que desde 2018 en adelante, los impuestos solo se revisarán hacia abajo. Asimismo, fue rápido en expedir una exoneración de entre 40% y el 100% del anticipo al impuesto a la renta –uno de los pocos mecanismos reales para evitar la elusión tributaria–. El anticipo, en los hechos, funciona como un impuesto mínimo, instrumento eficaz para evitar la manipulación contable donde las empresas rentables ajustan sus gastos para tener pérdidas o ganancias cercanas a cero. Acusados de ser “correístas”, ante presiones mediáticas anti tributarias, Moreno removió al líder de su equipo económico, el ex ministro Patricio Rivera y a su delegado a la Junta Monetaria, Diego Martínez.

 

En cuarto lugar, el discurso de la corrupción es un ataque geopolítico. El caso Odebrecht ha generado un enorme revuelo en toda América Latina, pero los sectores más golpeados han sido los progresistas. Es previsible que esto haya ocurrido de un proceso que partió del Departamento de Justicia norteamericano y que incluye delaciones a la carta para atacar a políticos progresistas y a políticas soberanas. En el caso del Ecuador, los funcionarios corruptores de Odebrecht negociaron su impunidad: el Fiscal General ecuatoriano se abstuvo de acusar a los confesos empleados de la transnacional brasileña.

 

Así como el caso Odebrecht y sus repercusiones sacudieron a una potencia emergente y con una dirigencia progresista como Brasil y su importante influencia a nivel regional y global, es previsible que las fuerzas del imperio orienten a que se ataque la influencia china y rusa en América Latina. En Ecuador, los ataques a la presencia de empresas chinas se ha dado de manera constante (mientras nadie habla de la corrupción ambiental y judicial de empresas norteamericanas como Occidental, Chevron o Burlington). El contexto está listo para un escándalo y subsecuente tensión de las relaciones entre Ecuador y la República Popular China. Posiblemente, se generen las condiciones mediáticas para motivar un default selectivo de la deuda china. Esto tendría un costo muy alto en términos de acceso a financiamiento, pero si está previamente acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –tutelado por los EEUU–, es un escenario que no se puede descartar. El re-alineamiento a los Estados Unidos y a Occidente se materializaría con este tipo de acción.

 

El 19 de febrero de 2017, durante el mandato de Rafael Correa, se realizó una consulta popular, y meses después se aprobó la respectiva ley, que prohíbe a los servidores públicos y autoridades electas –e inclusive, a todos los candidatos a cargos de elección popular– que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Si bien esto puede ser considerado una medida ligera –o hasta obvia– es un hito histórico a nivel global. No solo por la implicancia jurídica que tiene esta decisión en un país cuyas élites conservadoras han estado permanentemente vinculadas al mundo opaco de las offshore, sino porque puso a la sociedad a preguntarse qué son los paraísos fiscales, las empresas fantasmas y a reflexionar sobre la correspondiente conducta mafiosa que generan.

 

Se conoce que existen más de 30 mil millones de dólares (30% del PIB ecuatoriano) en capitales ecuatorianos offshore y que ese monto aumenta aproximadamente 2 mil millones cada año. La consulta generó un estigma saludable a todo lo que huela a offshore y abrió la puerta para un sendero de políticas nacionalistas, basadas en la ética. Este sendero, que debía ser seguido por el gobierno de Moreno, generó fastidia e irritó al capital transnacional y a las élites locales, que hoy deberían estar a la defensiva por sus prácticas de evasión tributaria y fuga de capitales.

 

De haber sido auténtica la lucha contra la corrupción, pública y privada, de ayer y de hoy, el gobierno de Moreno pudo haber asumido una férrea lucha contra los paraísos fiscales y las offshore del resto de los grandes banqueros ecuatorianos, que al igual que Lasso, también tienen bancos en Panamá que fugan las escasas divisas que requiere la dolarización ecuatoriana y que fueron cómplices de las transacciones de lavado y corrupción. Pero no. Pocos días antes de asumir el mando presidencial, se reunió a puerta cerrada con el cuerpo directivo de los principales bancos del Ecuador –los mismos que tienen sus capitales, y los del resto de la élite– escondidos offshore. Aún más grave, Moreno anunció en cadena nacional televisada que impulsará una amnistía para los capitales que hayan fugado del país –constituyéndose en una oferta al más alto nivel de blanqueo de dinero de la evasión, lavado o corrupción– sin establecer prohibiciones para dicha fuga en el futuro, generando un precedente nefasto. En la legislación financiera enviada a la Asamblea Nacional, no incluyó ninguna disposición que detenga, desestimule o prohiba la fuga de capitales. Es más, se ha pronunciado públicamente que va a reducir o eliminar el impuesto a la salida de divisas.

 

Por presiones de la asambleísta “correísta” Soledad Buendía, transcurridos cuatro meses de gobierno del gobierno de Moreno, la Superintendencia de Bancos apenas decide consultar a Guillermo Lasso, banquero, político perdedor de las elecciones del 2 de abril, si el banco de papel en Panamá (Banisi, offshore) le pertenece o no, luego que las investigaciones periodísticas ya habían demostrado que sí le pertenecía y que cometía una ilegalidad punible. Este banco es de papel, pues tiene apenas dos cajeros automáticos y dos tercios de sus depósitos provienen del Ecuador. Con este banco offshore, Lasso no solo tiene sus capitales en el exterior, sino que fomenta que otros capitales ecuatorianos fuguen a Panamá. Antes también tenía otro banco en la isla británica de Montserrat, donde operaba el banco llamado “Guayaquil Bank & Trust” que recibía depósitos de la élite ecuatoriana.  

 

 

El capital transnacional

 

Uno de los principales mecanismos de dominación del capital transnacional es el derecho internacional donde consagran sus privilegios: la Organización Mundial de Comercio, los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI). En los TBI, las empresas transnacionales tienen el derecho de enjuiciar a los Estados, ante el Banco Mundial, por haber afectado su nivel de ganancia. El Ecuador ha sufrido en carne propia los efectos de los TBI, al tener que pagar miles de millones de dólares a empresas transnacionales como Occidental, Chevron o Burlington aún cuando dichas empresas corruptas violaron las leyes ecuatorianas. El capital transnacional defiende los TBI con mucha fuerza, porque es, junto con los chantajes financieros, la forma en la que se garantizan siempre ganar –y que los costos los paguen los pueblos–.

 

A pocos días de concluir su mandato, luego de finalmente publicar los resultados de la auditoría ciudadana que los investigó, se evidenció que los TBI y los arbitrajes fueron instrumentos corruptos de dominación del capital transnacional. En apego a las decisiones de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, Rafael Correa denunció (dio por terminados) todos los TBI entonces vigentes con las principales potencias: EEUU, Reino Unido, China, Alemania, Italia, España, Francia, Holanda, entre otros.

 

En contraste, el Ministro de Comercio Exterior y el Ministro de Hidrocarburos del gobierno de Moreno, ambos vinculados al capital transnacional, han promovido públicamente la necesidad de firmar nuevos TBI. El primero ha anunciado la “renovación” de los TBI denunciados, lo cual sería inconstitucional. El segundo ha explicado que Exxon requiere un TBI entre Ecuador y EEUU para concretar el ingreso de la transnacional petrolera a la Amazonía ecuatoriana. La presidenta de Chile vino al País a solicitar la suscripción de un nuevo TBI. Varios otros países han insistido en la necesidad de negociar TBI. Hay presión de bufetes de abogados corruptos y traidores para deshacer las denuncias con artimañas interpretativas e incluso el Ministro de Comercio Exterior tiene elaborado un proyecto de decreto ejecutivo en el que busca ubicarse jerárquicamente por sobre la Cancillería en los asuntos relacionados a políticas de inversiones. Uno de los arbitrajes más cuantiosos e ilegítimos es el de Chevron: el Ministro de Comercio Exterior anunció que ha iniciado a negociar con Chevron sobre el juicio de las comunidades amazónicas para que vengan supuestas inversiones –diálogo ilegal denunciado ya por las comunidades afectadas por Texaco–.

 

Sin embargo, la probabilidad de cristalizar este tipo de acuerdos con las potencias occidentales es mínima. En primer lugar, porque en el mundo hay serias críticas al funcionamiento de los arbitrajes tipo TBI (la Unión Europea y EEUU han anunciado que no continuarán con políticas de arbitraje en nuevos tratados). En segundo lugar, el filtro constitucional es exigente y (salvo que se vuelva a saltar a la Corte Constitucional como ya lo hizo para la convocatoria a consulta popular) no será posible aprobar este tipo de acuerdos.

 

En breve se conocerá la decisión de quién será el embajador o la embajadora del Ecuador en EEUU. Los sectores conservadores han promocionado la figura de Ivonne Baki, amiga de Moreno y amiga de Trump, para que asuma dicha embajada. Si Baki –personaje de círculos conservadores y permanentemente cercana al poder de turno– asume la embajada en Washington, junto con Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, y Carlos Pérez, Ministro de Hidrocarburos, serán un contrapeso real en política exterior a la línea de la actual Canciller.

 

Finalmente, en estos momentos se realiza la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Argentina –país que deportó a Sally Burch, periodista ecuatoriana y directora ejecutiva de ALAI–. En el pasado, en ese foro, Ecuador junto a los países ALBA, ejercían posiciones comunes que contrastaban con las ambiciones de liberalización y apertura de los países hegemónicos. El Ministro de Comercio Exterior ya ha manifestado su apoyo a las propuestas de mayor liberalización.

 

El Ministro de Hidrocarburos, ex gerente de Halliburton, repudió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) al considerar la decisión de unirse como “política” de Chávez y Correa. Es posible que en el gobierno de Moreno, Ecuador salga de la OPEP.

 

La política exterior y la integración regional no han sido prioridad del Presidente, pero ha tenido la ventaja de tener una Canciller ideológica y con experiencia, María Fernanda Espinosa. Sin embargo, hay algunas señales importantes de la orientación de política exterior de Moreno que, junto con las exigencias del consenso conservador, prevalecerán en contraposición a la línea de la Canciller.

 

En primer lugar, un distanciamiento con el Foro de Sao Paulo –el grupo de partidos de izquierda de América Latina– y con la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA). Se había anunciado la presencia de Moreno en la reunión del Foro de Sao Paulo en Managua, pero luego se desmintió –se conoce que Gustavo Larrea recomendó que no viaje–. Moreno, siendo Presidente de Alianza País (un movimiento bolivariano), no ha felicitado públicamente al Partido Socialista Unido de Venezuela por sus victorias electorales. Es más, Moreno criticó al gobierno venezolano, con declaraciones contrastantes a las de su Canciller.

 

Asimismo, Moreno fue el segundo presidente de la Región en felicitar a Juan Orlando Hernández por su “triunfo” en Honduras sin que existan resultados oficiales; luego su Canciller emitió un comunicado que contradecía dicho apoyo. Además de la cuña de Temer en el diario público ecuatoriano, se conoce que Cancillería ya nominó a un embajador para Brasilia, con lo cual se normalizarían las relaciones con el gobierno de facto brasileño; Ecuador había retirado a su embajador cuando se consumó el golpe parlamentario.

 

Como un punto amargo, el gobierno de Moreno, a través de la Canciller, impidió que Rafael Correa intervenga como conferencista en el segmento académico de la la Conferencia de la UNCTAD sobre deuda y desarrollo, considerando que Rafael Correa constituyó una comisión ciudadana para la auditoría de la deuda y fue inmensamente exitoso en renegociar su deuda externa al inicio de su gestión.

 

 

El FMI: el ajuste está por venir

 

Se vienen dando varias reuniones entre equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Monetario Internacional. La recomendación de los asesores informales de Moreno es avanzar a una línea de crédito con el FMI, mientras que la recomendación del Ministro de Economía es no hacerlo, pues enviaría una señal de desesperación al mercado. Por primera vez en más de una década, el Presidente de la República del Ecuador se reunió con –vale resaltar– mandos medios del FMI para temas de “cooperación y coordinación económica”. De dicha reunión, se dijo que el Ecuador no pedirá financiamiento inmediato al FMI. La palabra clave es “inmediato”. Esto contrasta con las reuniones de “cooperación y coordinación económica” que lideraba Rafael Correa en el seno de UNASUR.

 

Se conoce que para aumentar el potencial monto de financiamiento del FMI, además de la “consolidación fiscal” (reducción de gastos, déficit y privatizaciones), el Fondo pide reducir los salarios públicos y privados y aumentar las tarifas de los servicios públicos (luz, teléfono, gasolina, gas). Si bien ya se redujeron los sueldos del personal de libre remoción, se paralizó la contratación de personal en el Estado y habrán miles de despidos públicos este fin de año, no se considera viable la reducción de sueldos de fuerza pública, maestros o personal de salud hasta el 4 de febrero, día de la consulta popular. El otro elemento inviable en el corto plazo es la reducción del salario mínimo. Es posible que este fin de año se anuncie un aumento muy pequeño, probablemente no mayor a los 5 dólares o que se posponga la decisión para luego del 4 de febrero. Asimismo, luego del 4 de febrero se anunciarán los cambios al Código del Trabajo que incluyen nuevas modalidades contractuales y seguramente algunas otras que impliquen una “devaluación interna” –término que usa el FMI para referirse a la reducción de sueldos en países sin moneda propia– como la eliminación de aportes patronales para ciertos trabajadores. Una muestra de precarización es la eliminación de inspecciones laborales sorpresivas; una de las primeras medidas del gobierno de Moreno fue que todas las inspecciones deben notificarse al empleador con 15 días de anticipación.

 

En el ámbito económico, diciembre de 2017 será un mes muy complejo, pues a falta de medidas económicas contundentes para preservar la liquidez y la presión de gasto fiscal para impulsar la consulta popular de febrero, habrá una importante fuga de divisas. El nuevo endeudamiento con Wall Street solo podrá durar un tiempo limitado si no se evita que los capitales salgan.

 

Aunque no haya constado en el Presupuesto General de Estado de 2018, es posible que Moreno decida aumentar el bono de desarrollo humano en enero, para dar un impulso a su apoyo electoral en la Consulta de febrero. Sin embargo, lo más probable es que luego de la Consulta Popular se cumpla la política de ajuste, el remplazo de parte del equipo económico y un acuerdo de financiamiento con el FMI.

 

 

Los banqueros ponen la agenda

 

La dolarización es un esquema extremadamente rígido y que otorga privilegios exhorbitantes a la banca. Durante el gobierno de Rafael Correa, se buscaron soluciones creativas para impulsar la actividad económica aprovechando la tecnología. El dinero electrónico es uno de esos mecanismos. Como gobierno de izquierda –coherente con su orientación de servicio y los avances de la Revolución Juliana– lo creó en el seno del Banco Central. El dinero electrónico ha tenido el apoyo de economistas heterodoxos a nivel global aunque a nivel nacional, solo de Pablo Dávalos y Alberto Acosta, académicos críticos de Rafael Correa.

 

El dinero electrónico demoró en nacer porque tuvo un feroz ataque del capital financiero y sus representantes, como Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central, quien ahora vive prófugo de la justicia ecuatoriana –probablemente protegido por los EEUU– en Miami. También fue sujeto de ataque de la prensa privada hegemónica, de los banqueros y sus voceros. En varias ocasiones, fue objeto de rumores con el objeto de generar pánico financiero, inclusive durante la campaña presidencial. El descrédito fue tal que la Asociación de Bancos Privados fue sancionada por publicidad denigrante.

 

La eliminación del dinero electrónico –enmascarada como la ampliación de ‘medios de pago electrónicos’ a ser entregados a la banca– fue una de las primeras promesas de Moreno a los banqueros en su reunión antes de asumir el mando presidencial, al punto que lo mencionó de forma codificada en su discurso de posesión.

 

Esto se concretó en un anuncio público en el Palacio Presidencial semanas después y un envío de una ley que elimine el dinero electrónico del Banco Central. El gobierno cumplió su parte, pero sorprendentemente, todo el bloque de Alianza País (“morenistas” incluidos) se opuso a que el dinero electrónico se elimine (o que entregue a la banca). Quizás, muchos asambleístas recordaron como nació el Bono Solidario en el gobierno de banqueros de Jamil Mahuad, cuando la lista de beneficiarios la manejaban la Iglesia y BANRED (empresa de pagos electrónicos del oligopolio bancario). Sin embargo, hace pocos días, en ejercicio de su poder de veto, Moreno anunció hace pocos días que insistirá en cumplir la agenda de los banqueros.

 

 

Banca: iglesia, fútbol y toros

 

Pero los acuerdos no quedan ahí, durante el gobierno de Moreno, se aprobaron convenios claramente monopólicos. La mano amiga que permite la acumulación de tanto poder financiero es una mano corrupta. Se autorizó para que Diners Club se considere banco (cuando su dueño, Fidel Egas, ya tiene el banco más grande del Ecuador: Banco Pichincha) cuando la ley lo prohibía. Se aprobaron convenios de asociación entre Banco Pichincha y Banco de Loja (ambos de propiedad de Egas). Y también –muy importante– se aprobaron convenios de asociación entre Banco Pichincha y Banco General Rumiñahui, un banco mitad offshore-mitad militar.

 

Durante el gobierno de Moreno se aprobó como Presidente alterno del Banco Pichincha al Padre José Ribas, Sacerdote Jesuita. La relación entre Banco Pichincha y la Iglesia es muy profunda: todas las semanas, auspiciada por el Banco Pichincha, la hoja pastoral “Luz del Domingo” llega a más de 272 mil feligreses en todas las parroquias del Ecuador. De igual manera, Egas es propietario del equipo de fútbol Universidad Católica de Quito.

 

También es un importante auspiciante de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, la influencia de Egas en el fútbol se coronó cuando, de forma muy semiótica, Barcelona SC de Guayaquil renombró su estadio como “Banco Pichincha”. El presidente vitalicio de Barcelona SC es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. La duradera relación entre los socialcristianos y Fidel Egas se formalizó cuando en ambas candidaturas de Cynthia Viteri (2006 y 2017), su candidato era del círculo de Fidel Egas: Ernesto Dávalos (director principal del Banco Pichincha) y Mauricio Pozo (hermano del gerente del Banco Pichincha).

 

Mientras que Fidel Egas despotrica contra Rafael Correa, en redes sociales llama a la calma a sus co-idearios de derecha y convoca a apoyar a Lenín Moreno. Egas y Moreno comparten la afición por otro de los negocios de Egas –las corridas de toros–. Correa sometió a consulta popular si debían prohibirse espectáculos públicos cuyo fin sea la muerte del animal –la mayoría de Quito coincidió en desaprobar la tauromaquia– y afectó seriamente a uno de los negocios y ejes de influencia de Egas, uno los hombres más poderosos del Ecuador. Mientras que Moreno, ya en ejercicio de su gobierno, designó a un ganadero taurino como embajador en España y se tomó fotos junto a toreros y rejoneadores. Dicho embajador anunció una propuesta para que la cartera hipotecaria de los emigrantes ecuatorianos en España pueda ser adquirida por bancos ecuatorianos: “la banca estará feliz” manifestó el embajador, seguido de un desmentido oficial por parte de la Cancillería.

 

El gobierno de Rafael Correa fue el único gobierno que luchó contra la concentración monopólica: logró la aprobación de una ley que regule el poder de mercado (una de las últimas en América Latina), la victoria de un referendo constitucional que separe a los bancos (y banqueros) de las empresas no financieras y una Constitución, aprobada en referendo, que separó al capital financiero de los medios de comunicación. Los banqueros tuvieron que desprenderse de muchos negocios.

 

 

Los medios de comunicación  

 

Durante el gobierno de Rafael Correa, se procedió con la transferencia de medios de comunicación más grande de la historia. Por un lado, la Constitución de Montecristi ordenó la venta de Teleamazonas, del banquero Fidel Egas, a un tercero. Por otro lado, procedió con la incautación de decenas de empresas de los banqueros corruptos Isaías, que habían estafado a los depositantes y al Estado por más de USD 600 millones y que viven protegidos –en Miami– gracias a sus aportes de campaña a congresistas norteamericanos. Entre esas empresas incautadas, y ahora en poder del Estado, estuvieron importantes medios televisivos: Gamavisión y TC Televisión. Y entre las empresas incautadas al banquero corrupto Aspiazu estuvo el Diario El Telégrafo.

 

Si bien Teleamazonas fue nominalmente vendido, mediante artilugios societarios transfronterizos, encargos fiduciarios y contingencias crediticias, el Banco Pichincha otorgó crédito a sus empleados de confianza, para que compren el canal. El tema aún no está cerrado, pues el Estado demandó a los involucrados acusándolos de simulación –un tipo de corrupción privada– . Igual caso ocurre con ETV Telerama, de los banqueros Eljuri, dueños del Banco del Austro. En los hechos, estos medios siguen respondiendo a la línea del capital financiero y, junto con los otros medios mercantiles, ejercieron una fuerte oposición a Rafael Correa.

 

En vista que la primera ley que Rafael Correa impulsó fue una línea de regulación financiera contra la usura –un delito de corrupción privada–, la de fijación máxima de tasas de interés, y de separación entre medios y otros negocios para evitar conflictos de interés –otro tipo de corrupción privada–, los medios de comunicación hegemónicos ejercieron una línea de oposición. Junto con el espacio de comunicación desintermediado –los enlaces sabatinos– y la expedición de la Ley de Comunicación (mandato de una consulta popular), los medios hegemónicos privados y la prensa escrita, profundizaron su oposición. El país entero fue testigo de como los medios se explicitaron como actores políticos.

 

La relación del gobierno de Moreno con los medios de comunicación del capital es amistosa. A la vieja usanza, convocó a los dueños de los principales medios de comunicación privados (incluyendo Teleamazonas) y, a puerta cerrada, concertó acuerdos de gobernabilidad. En dicha reunión, se tomaron una fotografía donde comparten la oficina más íntima del despacho presidencial que simboliza el co-gobierno con los medios privados. Ni los gremios de periodistas, ni los medios comunitarios, ni los trabajadores de los medios de comunicación estuvieron presentes, ni se han reunido con Moreno.

 

El Gerente de la Empresa de Medios Públicos, Andrés Michelena –informante de la embajada de EEUU– recientemente anunció  que algunos medios incautados, hoy de propiedad estatal, tuvieron pérdidas durante la administración del gobierno de Rafael Correa. Michelena busca justificar la re-mercantilización o re-privatización de estos medios, posiblemente a los mismos Isaías, que han argumentado lo mismo ante cortes foráneas para justificar la recuperación de sus empresas.

 

Moreno decidió modificar la línea editorial de los medios públicos: hoy es idéntica a la de los medios privados. Como ejemplo, El Telégrafo invitó a Michel Temer, Presidente del gobierno de facto de Brasil, como columnista invitado. El tema: la legitimación del neoliberalismo en Brasil.

 

Por lo pronto, los medios de propiedad estatal han sido suspendidos como proveedores de la señal de fútbol ecuatoriano, lo cual seguramente es un preludio de la privatización de la señal de fútbol a favor de los conglomerados mediáticos en alianza con el capital transnacional. Asimismo, se ha suspendido la contratación de textos escolares con la imprenta estatal de la empresa de los medios públicos y se ha decidido privatizar esa gestión.

 

Sobre la base de la Ley de Comunicación vigente, la Superintendencia de Comunicación emitió una sanción pecuniaria mínima a siete medios de comunicación privados por no publicar la información de interés público –la noticia revelada por Cynthia García de Página/12 respecto a las varias empresas offshore de Lasso y sus cercanos–. Moreno se pronunció públicamente en contra de esta sanción. Luego se comunicó de forma privada con el Superintendente de Comunicación para que se abstenga de emitir futuras sanciones a los medios de comunicación privados. Más recientemente, la Contraloría, bajo influencia de Moreno, ha emitido una predeterminación de destitución al Superintendente de Comunicación.

 

 

Los nuevos aliados

 

Jaime Durán Barba, pilar del triunfo de Mauricio Macri en Argentina, se declaró de “izquierda Macrista-Leninista”, en alusión a los presidentes argentino y ecuatoriano. Durante la primera vuelta presidencial en Ecuador, se filtró una fotografía de Durán Barba con Paco Moncayo. Hoy, por declaraciones de Durán Barba, sabemos que es asesor de Lenín Moreno. Los guiños a sectores ingenuos de izquierda, inclusive a ciertos dirigentes indígenas, apenas son guiños, en el marco de un falso liberalismo político.

 

Esta asesoría, junto con las reuniones que llevaron a cabo el equipo cercano de Moreno (incluyendo el Presidente de la Asamblea, José Serrano) con los socialcristianos y otros actores de derecha antes de la segunda vuelta electoral, configuran la cristalización de una alianza política –negociación política, según el término utilizado por Gustavo Baroja–. La directriz de esta negociación parte mucho antes del retorno de Moreno al Ecuador, pues él aspiraba que su candidata a vicepresidenta pueda ser (alguien como) Isabel Noboa, prominente empresaria guayaquileña. Esta negociación pre-electoral, y hoy alianza para la consulta popular de febrero, es el consenso entre las fuerzas políticas conservadoras. Todas las fuerzas de derecha han manifestado su apoyo a la consulta de Moreno.

 

Es probable que las críticas a los medios incautados sean una señal para los Isaías. Aquí es relevante la relación del gobierno de Moreno con Abdalá Bucaram Ortiz y Abdalá Bucaram Pulley. Estos Bucaram son conocidos por ser los actores políticos de los Isaías, al punto que Roberto Isaías fue delegado de Bucaram Ortiz a la Junta Monetaria. Días antes de la posesión de Moreno, el entonces futuro Secretario de la Presidencia, junto con el Presidente de la Asamblea, viajaron en un avión de Juan Eljuri –otro banquero con medios de comunicación– a Panamá. Se conoce que ese viaje fue para reunirse con Bucaram Ortiz aunque ninguno de los implicados ha comentado públicamente la razón del viaje. Bucaram Ortiz retornó al Ecuador pocos días después luego de su auto-exilio de 20 años en Panamá.

 

La mayor vulnerabilidad de este consenso conservador es su falta de acogida por parte de los segmentos populares, la mayoría de la población. Se asume que el respaldo ciudadano para la consulta popular se da por la importante mayoría que tiene en las encuestas. Como se demostró justamente en la victoria electoral del 2 de abril y más recientemente en Venezuela, Chile y Honduras, las encuestas son falaces para reflejar las posiciones de izquierda. En el caso particular del Ecuador, la principal fuente de encuestas, Cedatos, está acusada de fraude por manipulación de las estadísticas –financiada por una empresa intermediaria del Banco Guayaquil, de Guillermo Lasso–.

 

 

El pacto con los militares

 

Rafael Correa fue el primer presidente en haber designado a una mujer, civil y socialista, como Ministra de Defensa –Guadalupe Larriva falleció en un trágico accidente de helicóptero militar a pocos días del inicio del gobierno de Rafael Correa–. Luego hubo tensiones alrededor de la política soberana de defensa –muchos oficiales insatisfechos con la expulsión de la base de Manta y la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca–, la propuesta de la reducción del tamaño de las fuerzas (Rafael Correa suscribió tratados de delimitación definitiva de las fronteras terrestres y marítimas con Perú, Colombia y Costa Rica), el paso a administración civil de empresas públicas estratégicas (la flota petrolera, la aerolínea de bandera, entre otras), los privilegios de la oficialidad, la desmilitarización del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la conjuntez y la fusión de la Universidad de las Fuerzas Armadas, los planes para la relocalización de muchas bases militares desde zonas urbanas y –la manzana de la discordia– la “autonomía financiera” de la seguridad social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

 

A lo largo de las décadas, las Fuerzas Armadas diseñaron un sistema económico paralelo, donde la alta oficialidad se “retiraba” a cargos en la inmensa red de empresas de capital privado pero de propiedad militar –del ISSFA–. Camaroneras, florícolas, compañías de transporte o empresas constructoras son ejemplos de emprendimientos no estratégicos. También poseen otras empresas que sin duda tienen alto valor estratégico y sirven para su relación con las élites nacionales y el capital transnacional. Una de esas empresas es el Banco General Rumiñahui, que representa la alianza entre el Banco Pichincha (mediante sus brazos offshore) y las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa de Moreno ahora defiende “nuestros” recursos cuando se refiere al ISSFA, que recibe un subsidio estatal del 60%.

 

El gestor de la alianza del Banco General Rumiñahui es el general en retiro Paco Moncayo, ex candidato a la Presidencia, fiel amigo de Fidel Egas y hoy, también, de Moreno. Moncayo se manifestó recientemente en contra de la expulsión de la base de Manta.

 

Una de las últimas leyes aprobadas en el gobierno de Rafael Correa fue el IV Libro del Código de Seguridad, en el que se incluye una disposición transitoria para que un cuerpo especializado –no las Fuerzas Armadas ni la Policía– provean seguridad especial al Presidente y otras autoridades del Estado. Durante el gobierno de Correa existió una relación tensa con los mandos militares –herederos de las dictaduras de la época del Plan Cóndor, comunes en toda América Latina–, y la seguridad del primer mandatario se vio comprometida el 30 de septiembre de 2010 al punto que –se conoce– el entonces Ministro de Defensa tuvo que negociar privilegios y prebendas con los militares para que no consuman el intento de golpe de Estado.  

 

Moreno se reunió con los militares para decirles que él sí confía su seguridad a las FFAA. De manera cómica, acusó (falsamente) a Correa de espiarlo con una cámara supuestamente conectada a su celular –para justificar la contratación de servicios de inteligencia paralelos, provistos por empresas de seguridad transnacionales, aparentemente mexicanos–.

 

 

Consulta popular

 

Sin entender esta configuración más amplia de los actores y poderes fácticos, no era posible entender la propuesta de consulta popular y referéndum que planteó Lenín Moreno y que se llevará a cabo el 4 de febrero.

 

Son siete preguntas, que explotan algunas de las tensiones políticas acumuladas en la década de la Revolución Ciudadana.

 

En los temas ambientales, Moreno consulta si se debe prohibir la minería metálica, en todas sus fases, en áreas protegidas y en áreas urbanas. Esta prohibición ya existe en la Constitución y en la ley, incluso para minería no metálica. Esta pregunta daría paso a la minería no metálica y, en contrasentido, no permitiría ni la comercialización del oro ni la industrialización del mismo. También consulta si se amplía el área intangible del Parque Nacional Yasuní (no especifica dónde) y si se reduce el área de explotación petrolera a la tercera parte. Estas preguntas buscan legitimar la explotación minera y petrolera, con ciertas restricciones ambientales. No hay ninguna consecuencia práctica si su resultado es sí o no. Sin embargo, buscan resolver las tensiones acumuladas con colectivos ambientalistas, juveniles e indígenas. La decisión de Rafael Correa de explotar el campo ITT sin consulta popular, luego de haber invertido recursos y tiempo en la campaña Yasuní-ITT (por cierto, liderada por Baki) fue un motivo de desilusión de un importante segmento ecologista de la ciudadanía.

 

En el ámbito penal, se pretende hacer imprescriptible los delitos sexuales contra menores de edad y se busca consagrar la muerte civil por delitos de corrupción. El primer tema buscaba marcar una agenda anticlerical, en consonancia con revelaciones que se han dado en otros países del mundo. Sin embargo, los medios conservadores lograron imponer una agenda más bien relacionada con la casos de violación en establecimientos educativos. En primera instancia, se develaron casos en colegios privados pero rápidamente se revelaron casos en establecimientos públicos que las fuerzas conservadores convirtieron en un ataque político al ex Ministro de Educación, hoy asambleísta, y a la Red de Maestros –colectivo de profesores que respaldó la Revolución Ciudadana–. Con relación al segundo tema, busca movilizar a la ciudadanía en contra de la corrupción, en consonancia con el relato mencionando antes. El resultado no tendrá ningún efecto práctico, pues la muerte civil ya consta en la legislación.

 

Moreno busca derogar la Ley de Plusvalía, aprobada el último año del mandato de Rafael Correa. Esta ley estableció la fijación de un tributo, para aumentos extraordinarios de precios de inmuebles, como un desestímulo a la especulación inmobiliaria. Esta ley respondía a un compromiso del Ecuador asumido en la Conferencia de Hábitat III de las Naciones Unidas realizada en Ecuador; era también un elemento sustancial de reforma urbana en un país tan densamente poblado como el Ecuador; y, era una medida muy importante para re-orientar a los capitales hacia actividad productiva y no especulativa para evitar burbujas como las que se vieron en España o Estados Unidos. Sin embargo, afecta una de las principales fuentes de acumulación en el Ecuador –la especulación inmobiliaria– y, en un primer intento por aprobar la ley, el capital financiero e inmobiliario se movilizó para evitar esta legislación y logró convencer a sectores medios y populares que el gobierno impondría un impuesto a la compra-venta de inmuebles, generando un rechazo a la política tributaria de la Revolución Ciudadana. Esta tensión quedó acumulada pues, a pesar de la fuerte oposición burguesa, se dio la aprobación legislativa.

 

Moreno busca eliminar la postulación indefinida, que había sido aprobada hace pocos años por la Asamblea Nacional como enmienda constitucional. Al momento de aprobación de dicha enmienda, Guillermo Lasso y otras fuerzas conservadoras impulsaron el argumento que tal enmienda debió pasar por referéndum constitucional. Las encuestas de entonces aparentemente coincidían con esta apreciación. Se busca resolver esta tensión acumulada. Sin embargo, con esta pregunta, Moreno busca eliminar la posibilidad de una candidatura de Rafael Correa y mitigar la amenaza de su retorno. El consenso conservador considera que así logrará mayor gobernabilidad. La verdad es que luego de la consulta, de resultar victorioso el sí, el consenso conservador pasará factura a Moreno, en todos los frentes de gobierno.

 

Finalmente, el gobierno de Moreno impulsa una reforma absolutista del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Plantea remplazarlo con un consejo transitorio nominado por el Presidente, cuyas nuevas competencias incluyan la remoción de todas las autoridades anteriormente designadas por dicho Consejo. Estas autoridades incluyen a toda la función electoral, toda la función de control y toda la función judicial. De esta manera, es evidente que se potenciará la judicialización de la política y la politización de la justicia, cristalizándose la persecución en contra de Rafael Correa, su equipo de gobierno y su inhabilitación política, pero sobretodo, consumándose el inevitable reparto del poder con los aliados del consenso conservador.

 

 

Crisis política post-consulta: la restauración

 

Como es evidente, esta reconfiguración de fuerzas también tuvo un impacto en el movimiento político de gobierno: Alianza PAIS (AP). Moreno no había liderado una sola sesión del Movimiento desde su asunción como Presidente de la República. Luego de una inicial destitución de Lenín Moreno como Presidente de AP, un tribunal de garantías penales emitió medidas cautelares en defensa de Moreno, lo que derivó en un conflicto judicial-electoral aún no resuelto. Los efectos prácticos de esta disputa significan que, de perder, quienes conforman la organización política afín a Rafael Correa no contarán con estructura formal para la campaña de la consulta. Un segundo efecto práctico es que deberán reconstituirse desde cero, recopilando firmas, para participar en las elecciones seccionales de febrero de 2019 o para impulsar una Asamblea Constituyente.

 

En paralelo, Moreno ha impulsado a su amigo Gustavo Larrea y su movimiento político Democracia Sí. Es previsible que alrededor de julio de 2018, Democracia Sí se constituya formalmente como un movimiento político nacional y que, en conjunto con Alianza PAIS (de ganar Moreno el pleito judicial-electoral), o sin AP, se constituya en la fuerza electoral oficialista para las elecciones seccionales de 2019.

 

Luego de la Consulta se dará un cambio del gabinete que represente al consenso conservador en donde, además del giro en el plano económico, se realizarán cambios en la política exterior.

 

Se prevé que se nomine al remplazo del Vicepresidente Glas. En esa decisión, se reflejará la unión del consenso conservador en la Asamblea Nacional por acción u omisión. Si Moreno nomina a una persona con representatividad en los sectores populares, lanza todo el peso del ejercicio del gobierno sobre su persona y las fuerzas conservadoras aumentarán paulatinamente su nivel de agresividad para formular cambios en las políticas y consolidar la restauración conservadora. También ejercerán mucha fuerza para obtener su pedazo del pastel en la restructuración de los poderes electoral, de control y de justicia. Es una caja de Pandora que será muy difícil de manejar, como ha sido difícil de manejar el reparto que se dio en el gabinete ministerial desde mayo de 2017.

 

Si Moreno nomina a una persona con representatividad de los sectores conservadores, las fuerzas más conservadoras se volcarán a impulsar el recambio político, la sucesión y volveremos a los vicepresidentes cómplices de golpes. Si las fuerzas conservadoras logran una salida negociada como aparentemente fue su rol en la segunda vuelta electoral, habremos vuelto al reparto y se habrá consumado completamente la restauración conservadora.

 

Solo en un improbable, pero no imposible, escenario que Moreno pierda la consulta –o específicamente que gane el No en la pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)– Moreno deberá volcar su mirada a Rafael Correa. Sin embargo, cualquier tipo de acuerdo en ese ámbito es, hoy, imposible, y probablemente se abriría la puerta para la renuncia de Moreno y, como lo ha vaticinado Rafael Correa, vendrá el inicio de una etapa llena de inestabilidad política, por lo menos de un lustro, muy propicia para una contrarrevolución.

 

Este probable escenario de inevitabilidad de crisis política posterior a la Consulta Popular podrá ser modulado dependiendo de los resultados electorales en la Región y de la coyuntura global. El acercamiento prematuro de Moreno a Temer será un inconveniente de consumarse la victoria de Lula. Un triunfo de AMLO en México o de Guillier en Chile podrá dar un par de respiros a Moreno, pero nada más que eso. Las elecciones en Colombia podrían ser claves. Una victoria de las coaliciones progresistas disminuiría la presión de las fuerzas conservadoras que enfrentaría Moreno en 2018.

 

 

Concentrarse en los estructural, sujeto histórico y Constituyente.

 

La militancia de izquierda debemos hacer una lectura más estructural del momento que vivimos y planificar acordemente. Debemos realizar una articulación profunda a nivel regional y latinoamericano y denunciar la restauración conservadora en marcha. Debemos concentrarnos en lograr una victoria del No en la pregunta sobre el CPCCS. Y realizada la consulta, debemos concentrar todos los esfuerzos en impulsar una Asamblea Constituyente para reconstruir el pacto social que, para entonces, habrá involucionado a un reparto partidocrático.

 

Por lo tanto, la tarea de la militancia de izquierda debe ser una revisión autocrítica: fundamentalmente un acercamiento profundo a las bases y al sujeto histórico de la Revolución Ciudadana. El trabajo de formación política, conciencia histórica y revolución cultural. Desde ese tiempo y espacio –y con las inmensas ventajas de haber sido gobierno, de ser una alternativa con posibilidades de triunfo electoral, y de que a pesar de esta traición por lo menos estamos vivos y no muertos ni desaparecidos– debemos construir un programa, lleno de ilusiones movilizadoras para afrontar los retos de este siglo, para que se reflejen en el proyecto Constituyente.

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