2017. Algunos apuntes sobre la institucionalidad de derechos humanos, los avances y retrocesos legislativos, el rol del poder judicial y la ideología de sus operadores respecto a la protección de los derechos humanos.

December 19, 2017

 

 

Hemisferio Izquierdo (HI): ¿Qué balance político se puede hacer del año que termina?

 

Valeria España (VE): Este fue un año de derrota y desazón para la izquierda y los derechos humanos.

 

El veneno del fascismo fluye y se expande como un cáncer en nuestro continente. El escenario es absolutamente adverso. La región avanza a pasos agigantados hacia una peligrosa encrucijada en la que desde distintos sectores se cuestiona y relativiza la decisiva importancia de la protección de la vida y la dignidad de las personas.  

 

Comparado a lo que viven nuestros vecinos, en Uruguay el ambiente es calmo.

 

Sin embargo, no podemos negar que un apasionado discurso anti derechos ha ido desplegándose paulatinamente en todos los terrenos.  

 

Los detractores de los “derechos humanos”, quienes denuncian el “extremismo progresista de la corrección política”, los que se aglutinan bajo la bandera del combate a la “ideología de género” vienen impulsando diversas estrategias en aras de concretar una suerte de “restauración conservadora”.

 

Describen un mundo que no existe, parten de la idea de que las demandas de igualdad de ciertos grupos han invadido los sentidos comunes, conquistando el lenguaje y la libertad individual. Muchos de estos “incorrectos” intentan desdibujar las fronteras tradicionales entre el progresismo y el conservadurismo, aduciendo que la lucha a favor de la incorrección política es una “batalla civilizatoria”[1].

 

Se proclaman afectados por la colonización de la agenda de derechos y apelan a las emociones de una comunidad aturdida e hiper (des) informada.

 

Termina este año y hacer un balance resulta abrumador pero es necesario.

 

Nos permite identificar por un lado los desafíos para enfrentar las reacciones y las ofensivas conservadoras ante conquistas alcanzadas y por otro la continuidad y sofisticación de violencias que consolidan una cultura de impunidad con la anuencia, por acción u omisión, de la izquierda política.

 

Opto por analizar en estas líneas algunos temas que considero medulares y que están estrechamente relacionados con la institucionalidad de derechos humanos, los avances y retrocesos legislativos, el rol del poder judicial y la ideología de sus operadores respecto a la protección de los derechos humanos.

 

 

Violencias. Resistencias y contraofensivas ante la  “nueva agenda”

 

Al día que escribo estas líneas 33 mujeres fueron asesinadas en 2017.  Esta forma de violencia extrema indigna, conmueve, nos aturde de preguntas sin respuestas. Algunas sentimos que la rabia no desborda el territorio lo suficiente, y sin embargo el 8 de marzo de  este año miles de personas  salieron a las calles y colmaron 18 de julio[2] , desde el dolor y la emergencia,  con un mensaje categórico: NI UNA MENOS.

 

Esta indignación convive con discursos abiertamente antifeministas, que reducen las demandas de la lucha contra la dominación y la violencia basada en género a “infantiles reivindicaciones de un grupo de lesbianas, de mujeres resentidas”. La referencia al feminismo, a la igualdad de género, a la batalla cultural contra el patriarcado y la violencia sexista es considerada, en diversos sectores, una expresión panfletaria en un contexto en el que, a pesar de toda evidencia, se considera superada la “desigualdad entre géneros”.

 

Los mismos sectores que se opusieron a la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género por desproporcionada, aquellos que consideraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un ley mordaza ante la posibilidad de identificar la comunicación masiva como un espacio decisivo en la redefinición de lo público y en la construcción de subjetividades, utilizaron como pretexto la conmoción causada por el asesinato de Felipe, Johanna y Brissa para introducir propuestas como pena de muerte, cadena perpetua y castración química.

 

Algunas de estas espeluznantes propuestas aparecen en ciertos imaginarios como una posibilidad, el populismo punitivista toca la puerta una vez más. Y entonces pareciera que hablar de la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la justicia no interpela tanto como apelar a la idea de la violencia institucional y la justificación del sufrimiento del otro.

 

 

En la mira

 

Este año identificamos algunas acciones dirigidas a afectar los bienes jurídicos protegidos a partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (18.987) y la de regulación del uso de la marihuana (19.172)[3]. Me referiré específicamente al caso de la L.I.V.E.

 

Por la vía judicial se cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (18.987) y se buscó por esta via generar precedentes a través de los cuales se colocara por encima del derecho a la salud y la autodeterminación de una mujer los derechos de un embrión y su supuesto padre.

 

La jueza Pura Concepción Book emitió un polémico fallo en el que se asignaba un defensor de oficio a un feto, sustentándose en una interpretación basada en convicciones personales y no en la aplicación de la normativa nacional e internacional vigente. A pesar de los innegables errores de fondo, en un evidente acto corporativista pero alegando independencia, la Asociación de Magistrados la respaldó.

 

Este caso desnudo, una vez más, la indefensión en la que podemos quedar por la impericia y la ausencia de imparcialidad de los administradores de justicia.

 

Los argumentos esgrimidos sobre la condición de persona del feto basados en el artículo 4 de la Convención Americana son las viejas narrativas utilizadas por los sectores conservadores y por la intelligentsia “pro vida” en el continente.

 

A pesar de la flagrancia de lo ocurrido en este y otros casos, algunos integrantes del Poder Judicial siguen negando firmemente el componente ideológico de sus decisiones y el grave impacto que estas pueden llegar a tener en la vida de las personas.

 

Este poder posee las credenciales democráticas más débiles y los controles más difusos en cuanto a sus acciones.

 

Las viejas inercias han acentuado su discrecionalidad, y su alegada independencia ha logrado incidir fuertemente en un blindaje corporativo, por el momento infranqueable y residual a cualquier intento de injerencia por parte de los otros dos poderes, la sociedad civil u organismos internacionales.

 

En los últimos años ante decisiones judiciales que lesionan profundamente los principios de igualdad y no discriminación, organizaciones  y movimientos sociales han intentado, sin éxito, generar mecanismos democratizadores y de incidencia al interior del Poder Judicial.

 

El ejemplo más reciente es de mayo de este año: el estado uruguayo ausente en las  Audiencias a las que fue convocado en el marco del 162º Periódo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sobre Independencia Judicial y otra sobre los operadores de justicia y defensores de derechos humanos en el contexto de la justicia transicional.

 

Las sillas vacias fueron una muestra más de la incapacidad de la izquierda política de hacer frente a estos temas y de la actitud de la SCJ ante el involucramiento crítico de la ciudadanía y los porfiados intentos de democratización de la justicia[4].

 

 

Derechos económicos, sociales y culturales.

 

Este año en el marco de la 61ª Sesión de Trabajo del Comité de Expertos en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)  fue evaluado el grado de cumplimiento por parte del Estado Uruguayo del Pacto Internacional DESC.

 

Entre otras razones, las observaciones realizadas por el Comité son relevantes, ya que retoman y respaldan las preocupaciones que han manifestado más de una vez diversas organizaciones sobre los obstáculos institucionales, normativos y procedimentales para el ejercicio de los DESC en Uruguay. El documento sintetiza el grado de acceso por parte de la población a derechos como la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda, y profundiza sobre las condiciones que inciden en su vulneración, como la económica, de género, identidad u orientación sexual, el origen étnico-racial, el origen nacional o alguna situación de discapacidad.

 

Una de las principales preocupaciones es la dificultad existente para exigir judicialmente el cumplimiento de determinados derechos en caso de vulneración, debido a la ineficacia de las herramientas procesales vigentes y a la falta de capacitación de los operadores judiciales en esta materia. Ejemplos contundentes sobre la ausencia de instrumentos idóneos para la exigibilidad son las situaciones que enfrentan miles de habitantes en este país que han sido privados de una vivienda adecuada, y del acceso al agua o al saneamiento, a pesar de encontrarse consagrado su acceso como un derecho en la Constitución de la República en los artículos 45 y 47, respectivamente.

 

Algunos procedimientos de desalojo ponen en evidencia a su vez que el Estado no sólo es omiso en la tutela del derecho a la vivienda, sino que además ha impulsado acciones que criminalizan la pobreza. En agosto del 2016, por disposición de la jueza Ana de Salterain, fueron desalojadas más de 40 familias del Parque Guaraní y fueron procesadas ocho personas, una de ellas con prisión, por el delito de usurpación.

 

A partir de esta situación y de la insistencia de organizaciones para visibilizar estas prácticas, en las sesiones del Comité en Ginebra se cuestionó al Estado por su accionar en este caso y sobre los desalojos por ejecutarse en Ciudad Vieja, que afectaran a más de 30 familias constituidas en su mayoría por personas migrantes. En sus observaciones, el Comité recomienda al Estado “que revise las medidas adoptadas en materia de vivienda con miras a adoptar una estrategia integral de vivienda social basada en el derecho a una vivienda adecuada y asequible y que cuente con criterios definidos en materia de calidad y habitabilidad”. Además, el Comité “insta al Estado parte para que tal estrategia dé prioridad a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, asegurando que en los procesos de desalojo cuando legalmente corresponda ejecutarlos se respeten los derechos de las personas afectadas, tomando en cuenta las observaciones generales números 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada, y 7 (1997) sobre los desalojos forzosos”. Respecto de la normativa vigente, que es contraria a los estándares mínimos de protección de derechos humanos, el Comité se expidió específicamente sobre el carácter profundamente discriminatorio de la Ley de Faltas, los efectos de criminalización que produce la existencia del delito de usurpación y su uso como mecanismo de judicialización de la pobreza, la ausencia de un protocolo de actuación en casos de desalojos forzados y la permanencia de expresiones discriminatorias y anacrónicas en disposiciones del Código Civil y Penal que reproducen estereotipos de género.

 

 

HI: ¿Qué perspectivas ves para 2018?  ¿Cuáles son las principales tareas y desafíos a enfrentar?

 

VE: En materia de derechos humanos Uruguay enfrenta múltiples desafíos.

 

Las propuestas aisladas , pero propuestas al fin, sobre pena de muerte , cadena perpetua y castración química son narrativas que anticipan el escenario de 2018.

 

A pesar de los avances impulsados desde distintos espacios, la fuerte desarticulación que existe ha dificultado el proceso de  acumulación y consolidación de una institucionalidad pública y una mayor producción de información y conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país.

 

Los desafíos que plantea para nuestra comunidad la lucha por la verdad, la memoria y justicia por las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de estado requiere al mismo tiempo de acciones que permitan hacer frente a las nuevas demandas pensadas en términos de igualdad estructural, de derechos colectivos, de protección y reconocimiento de identidades múltiples.

 

Es necesario orientar la mirada de los derechos humanos al campo de políticas públicas mediante la incidencia en procesos de formulación, diseño y evaluación de políticas, la producción de información técnica y en la profundización desde el campo académico y social de la producción de información y conocimiento sobre derechos humanos cuyo correlato sean las narrativas provenientes del territorio. Tenemos que estar allí donde los sectores conservadores buscan seducir y entusiasmar.

 

Los avances de Uruguay en los últimos años en materia de derechos humanos se han materializado en importantes leyes que han ampliado el reconocimiento de derechos de colectivos históricamente invisibilizados, como es el caso de las trabajadoras domésticas y el sector rural, o las luchas por la visibilización de otras formas de discriminación mediante la aprobación de leyes de acciones afirmativas para la población afrodescendiente y la participación política de las mujeres. Sin embargo, no han logrado diseñarse mecanismos que incidan en la construcción de una institucionalidad capaz de transversalizar a nivel de la administración pública dicha perspectiva y velar por el debido cumplimiento de los derechos reconocidos en el ordenamiento interno y la normativa internacional ratificada.

 

Existe una paulatina construcción de un proceso de insitucionalidad en derechos humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos fue recién creada el 24 de diciembre de 2008 por Ley No 18.446 y puesta en funcionamiento 3 años más tarde. El año que viene se cumplen 10 años de la aprobación de la ley de creación al tiempo que se cuestiona su autonomía para opinar ante determinados temas, como fue el reciente caso ante una nueva y aberrante sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que se declara inconstitucional la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Recientemente una entrevista a Nelson Villarreal en la República se titulaba   “Uruguay  es la estrella a nivel mundial de los derechos humanos”.

 

Esta condecendencia nos hace mucho mal. Hay mucho sufrimiento en nuestro territorio y tenemos que reconocer que esta todo por hacer.

 

No existe ningún diagnóstico nacional que de cuenta de manera pormenorizada y unificada de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Existen informes anuales a impulso de la sociedad civil como es el informe SERPAJ pero no ha logrado consolidarse un diagnostico que permita el diseño de un Plan Nacional para abordar las vulneraciones que se despliegan a lo largo y ancho del país. La acciones de promoción y educación en derechos humanos no bastan.

 

Muchas de las situaciones más graves no se denuncian en parte porque el acceso a la justicia es uno de los derechos más bastardeados y olvidados en nuestro país.  

El reconocimiento de derechos por la vía legislativa ha sido un logro que ha ido consolidándose año con año, pero eso no es una conquista.

Los derechos conquistados no son las promesas en papel que coronan ciertas batallas políticas, sino los derechos que son vividos y garantizados efectivamente.

 

Veo a través de la oscuridad una luz. Y eso se llama optimismo.

 

* Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Derechos Humanos y Políticas Públicas y Doctoranda por la Universidad Nacional de Lanús. Socia Fundadora del Centro de Pormoción y Defensa de Derechos Humanos.

 

 

Notas

 

1. Algunas de mis columnas de este año vinculados a los temas abordados en este texto

 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/a-contrapelo/ 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/2/la-columna-fracturada-del-mundo/ 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/los-desafios-del-feminismo-poscolonial-en-el-tercer-mundo-del-sur/  https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/desde-el-palais-wilson/

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/pura-concepcion/ 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/injusticia-social-en-el-espacio-urbano/ 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/go-home/

 

2. Sobre el 8 de marzo. Impugnación Feminista. https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/03/10/Resistencias

 

3. La presión recibida ante la implementación de la venta de marihuana en las farmacias en el marco de las acciones impulsadas para la regulación del uso del cannabis dan cuenta de la forma en que estas acciones  “inquietan” al sector financiero, un sector cuyo modelo de negocio no es ajeno a los flujos de capital provenientes del narcotráfico.

 

4. Algunas columnas que he escrito sobre este tema:

 

El delito de asonada como mecanismo de represión
https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/2/de-sorpresas-y-ferias-judiciales/
Inconstitucionalidad como mecanismo de status quo
https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/4/el-otro-fantasma/
SCJ: Ser homosexual es una injuria
https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/injurias/#!
SCJ: Ser pobre es una injuria
https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/2/dignidades/
La Justicia frente a Moya el empresario de la Posta el Cangrejo:
explotación sexual de adolescentes
https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/11/no-hay-excusas/
Pura Concepción, la jueza de Mercedes
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/pura-concepcion/

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