"Los sindicatos deben agregar a la visión crítica, a la acción de denuncia y reivindicación una

Hemisferio Izquierdo (HI): En pocos años hemos pasado del "debate educativo" al discurso de la "crisis de la educación" que centra su análisis en que, más allá de los aumentos de recursos, la educación no ha mejorado en absoluto y no se encuentra a la altura de los desafíos del Uruguay del SXXI. ¿Qué tan atinado es el discurso de la "crisis educativa"? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene por delante el sistema educativo en Uruguay?

Viviana Rodríguez (VR): En principio estos dos discursos se puedan pensar como discontinuos, aunque es interesante también advertir los aspectos que se entrelazan. Constituyen una breve genealogía discursiva que, más allá de las valoraciones sobre la pertinencia que hagamos, lo que ponen en evidencia es la disputa política e ideológica de la educación pública que se enmarca en otra lucha mayor de perspectiva histórica: qué proyecto de país y qué democracia queremos. Por lo tanto, ni un discurso ni el otro han podido dar una respuesta real a las tensiones y contradicciones del sistema educativo público y asumir los desafíos de construir alternativas.

Debemos recordar que el discurso del debate educativo, surge como propuesta del primer gobierno del Frente Amplio para la construcción de una ley de educación que supliera a la Ley de emergencia 15.739. Este debate se concretó en el marco del I Congreso de la Educación, el cual propuso unos lineamientos donde se consagrara la autonomía y el cogobierno de la educación pública. Era la materialización de un reclamo histórico no solo de los sindicatos de la educación sino del movimiento popular todo. Lamentablemente, las autoridades no contemplaron este eje rector emanado del debate educativo y construyó una ley omisa de la voluntad expresada por el pueblo en cada una de las asambleas territoriales.

Del comprometernos “todos”, planteado entonces por el discurso del debate educativo, pasamos inmediatamente a culpabilizar a unos “otros”: los docentes de la educación pública. He aquí el síntoma más expresivo del discurso de la “crisis educativa”. Surge entonces en ese aludir a unos “otros” un nuevo lugar o sujeto de la enunciación: un “nosotros”. ¿Quiénes? Su composición es heterogénea. Convergen numerosos sujetos de extracción política e ideológica diversa. Las acusaciones y la culpabilización hacia los docentes se han ido orquestando desde un gran espectro social en nuestro país. Desde autoridades de la enseñanza, de figuras políticas en ejercicio en el gobierno, de voces opositoras al gobierno, de las cámaras empresariales, de expertos y tecnócratas nacionales y extranjeros, de organismos internacionales. Amplificadas todas ellas por los medios hegemónicos de comunicación y “distracción” masivos, que colaboran en la tarea de instalar en la opinión pública la noción de que los docentes son los responsables mayores de los problemas de la educación, generando así un nuevo y nocivo sentido común en la sociedad sobre la educación pública en particular pero también sobre el valor de lo público en general.

Este fenómeno no es una realidad exclusiva y aislada de nuestro país, sino que se enmarca dentro de procesos políticos y económicos de alcance mundial que plantean a la educación como una mercancía con posibilidades de ganancias suculentas. Para ello debe necesariamente instrumentarse dos procesos. Uno de gran impacto mediático, de tonos escandalizantes, y retórica moralina: el desprestigio docente. El otro de forma progresiva, silenciosa, casi imperceptible: el de la privatización. Tal como lo expone Henry Giroux en su libro “La educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la agresión a los docentes, los estudiantes y la educación pública”, al estudiar la realidad de la educación pública en Estados Unidos y las consecuencias de las subvenciones educativas.

La decisión política de no haber tomado la síntesis de lo elaborado en el primer congreso de la educación, la elaboración de un presupuesto sometido a recortes y no acorde a las necesidades del sistema, nos instala necesariamente en una posición crítica y de crítica permanente de la conducción política del sistema educativo. Y también de las tendencias y acciones concretas de poderes económicos que no visualizan a la educación más que como mercancía y como engranaje de producción de mano de obra barata y despolitizada a la que hay que permanente monitorear y evaluar a través de pruebas estandarizadas diseñadas por expertos y burócratas funcionales a empresas y corporaciones multinacionales.

En el sentido aquí expuesto el discurso de la crisis de la educación es en esencia el discurso del desprestigio de la educación. Y de la educación pública, exclusivamente. Por lo tanto no solo no es atinada para analizar y diagnosticar las complejidades o establecer desafíos, sino que no es pertinente para quienes estamos convencidos que la educación no es una mercancía sino que es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto debe ser necesariamente pública y estatal.

No es atinada porque es claramente reaccionaria en sus diferentes expresiones. Se sostiene en una ideología neoconservadora y neoliberal. A nivel de nuestro país, hay múltiples voces que no reconocen los avances significativos que se han logrado en términos de universalización y democratización de acceso e inclusión a la educación pública desde un enfoque de derecho humano. Cuestiona y ataca a los colectivos docentes fundamentalmente los organizados en sindicatos y a las medidas de lucha adoptadas en defensa de la educación pública. Es un discurso contradictorio e hipócrita, ya que condena la lucha política que se libra en torno a la educación pública y a su defensa, cuando desde su retórica también se la disputa, pero para convertirla en un bien de consumo con fines de lucro y fragmentación social.

La cuestión profunda no reside en las metodologías de enseñanza aplicadas por uno u otro docente, como tratan de hacernos creer los seguidores del discurso de la crisis de la educación. Los grandes desafíos del sistema educativo uruguayo siguen siendo aquellos que planteen transformaciones estructurales y de funcionamiento del propio sistema para que la educación sea más pública y de más calidad para toda la sociedad. Calidad en el sentido que sea realmente democrática y democratizadora no solo en su acceso sino también en el conocimiento que colectiviza. Y en los recursos presupuestales, materiales, necesarios para que esto se concrete y que realmente se consagre como un derecho humano fundamental.

Todos los conocimientos para todos, siempre. Y esto exige una educación independiente de las alternancias de los gobiernos de turno. Superadora de la falsa dicotomía entre conocimiento manual e intelectual.

Para esto es indispensable la autonomía y el cogobierno, como principios rectores de todos los procesos de construcción de políticas educativa: planes, programas, prácticas educativas concretas, pedagogías.

Es decir, que en el escenario actual, se hace necesario que el sistema asuma el desafío de no quedar atrapado y detenido en la política de inclusión y asistencialismo escolar. Sino seguir buscando formas de desarrollar consolidar sus fines específicos: la enseñanza para la emancipación social.

HI: El discurso de la "crisis educativa" ha venido acompañado de una suerte de "culpabilización docente", que ubica a éstos, y principalmente, a los sindicatos de la educación, como los principales responsables de los problemas educativos. ¿Cuáles son los desafíos de los sindicatos de la educación hoy?

VR: En principio, crear nuevas nociones sobre el valor de lo público y de la educación pública en particular que confronten con las planteadas por el discurso de la “crisis educativa”. Llevar a cabo un trabajo de deconstrucción de ese discurso falaz de la crisis de la educación, denunciando públicamente sus contradicciones, develando su ideología, difundiendo sus pretensiones , intereses y fines; alertando sobre los peligros y retrocesos históricos que estos suponen no solo para los trabajadores de la educación sino también para todo el campo popular.

A su vez una defensa acérrima y permanente de los docentes, como trabajadores e intelectuales públicos; y de la libertad sindical como derecho fundamental.

Pero esto solo no basta. Los sindicatos deben agregar a la visión crítica, a la acción de denuncia y reivindicación una contraofensiva propositiva. Pueden y deben presentar un proyecto educativo que plantee alternativas tanto a nivel estructural, de funcionamiento y pedagógico.

Esta propuesta educativa, si bien presente especificidades para cada subsistema, tenga como denominador común una serie de principios rectores como los son: la autonomía y el cogobierno. Los desafíos concretos son mejorar las condiciones de trabajo y formación de los docentes como también de los estudiantes. Para eso se hace necesario dotar a las instituciones educativas del país de la infraestructura adecuada para llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.

En una sociedad donde qué modelo o visión de país queremos aún no está bien claro y definido, es importante que los sindicatos de la educación incidan en esta discusión dando su visión con su perspectiva de clase y de emancipación popular y por consiguiente brinden un proyecto de educación pública consecuente. Por lo tanto, la tarea primera es convencer de que los cambios estructurales de un país no pueden lograrse si no se coloca a la educación en un lugar preponderante. Y esto supone el desafío de lograr que se le asignarle mucho más presupuesto del que históricamente se le ha asignado y del que cuenta actualmente.

Para esto se necesita un sindicato fuerte. Acrecentar sus bases no solo en términos de número de afiliaciones sino también en formación política sindical de sus afiliados. Profundizar y reinventar los lazos con el movimiento estudiantil y con todo el movimiento sindical y popular.

Que sean los sindicatos quienes abran y orienten el debate público a partir de sus propias propuestas. Que generen, retomen y profundicen propuestas educativas populares en solidaridad con otros sindicatos o con otras organizaciones sociales como formas alternativas experimentales que disputen con la tendencia creciente de mercantilizar la educación pública.

HI: ¿Cuál es y cuál debería ser la estrategia sindical para contribuir a resolver los problemas educativos del país?

VR: Pienso que la estrategia sindical que más han desarrollado y defendido los sindicatos de la educación, y en particular la Fenapes, ha sido aquella tendiente a resolver el gran problema endémico, estructural del sistema como lo es en primer término el presupuestal y lo que este conlleva (salarios, infraestructura, creación de cargos, condiciones de trabajo). Y segundo, el de establecer claramente la lucha por políticas educativas. Esta estrategia se ha desplegado en la acción sindical concreta en base a dos derechos fundamentales como lo son el derecho a huelga y la ley-y respectivos decretos- de negociación colectiva. Considero que más allá de los resultados concretos, ha generado por un lado un proceso de consolidación y maduración política a la interna del sindicato y por otro lado uno de avance democrático puesto que ha establecido una profundización del vínculo con toda la sociedad. Ya sea desde la denuncia del estado de situación del sistema y sus constantes contradicciones hasta la resolución de medidas de paralización por violencia y agresiones a docentes, pasando por las ocupaciones sistemáticas y simultáneas en todo el país en el marco de las luchas presupuestales. También huelga y movilizaciones en contra del decreto de esencialidad. Como las conquistas de mejores condiciones de trabajo a través de los diferentes ámbitos bipartitos.

Hoy, a la luz de los acontecimientos políticos recientes relativos a la nueva forma de planificación presupuestal por parte del gobierno y a la vulneración de las instancias de negociación, se abre una etapa de profunda discusión para la acción sindical de cara al próximo año. Esta discusión vinculada a la lucha por más presupuesto, no puede darse siendo ajena a la crítica de la modalidad PPP en la educación pública y a la política de exoneración fiscal que beneficia a la educación privada. Como así tampoco a la de un proyecto de educación popular que confronte con las propuestas de reforma educativa de corte neoliberal, privatizador y mercantilizante que continúan intentando normalizase.

Con todo este panorama es inevitable pensar en la posibilidad de una nueva ley de educación y un congreso de carácter vinculante. Una lucha, aunque de largo aliento, sigue siendo necesaria.

*Viviana Rodríguez es docente de secundaria. Militante de FENAPES, del Plenario Departamental de Colonia y del PCU.