Hemisferio Izquierdo (HI): En pocos años hemos pasado del "debate educativo" al discurso de la "crisis de la educación" que centra su análisis en que, más allá de los aumentos de recursos, la educación no ha mejorado en absoluto y no se encuentra a la altura de los desafíos del Uruguay del SXXI. ¿Qué tan atinado es el discurso de la "crisis educativa"? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene por delante el sistema educativo en Uruguay?
Javier Iglesias (JI): Antes que nada quiero agradecerles por concederme este espacio.
Lo primero que quiero recordar, es que -desde que tengo memoria- los sindicatos de la enseñanza hemos denunciado las brutales dificultades y carencias materiales que condicionan los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares en las instituciones que funcionan dentro de la ANEP. La precariedad presupuestal para ANEP y UDELAR ha sido en Uruguay una especie de “política de Estado” aplicada por cada uno de los gobiernos desde la restauración internacional, esta precariedad presupuestal se tradujo con Presupuestos educativos raquíticos que sometieron a la ANEP a la miseria financiera perpetua que padece hasta hoy. La vida y la experiencia internacional han demostrado que no hay proyecto educativo viable o compatible con las carencias edilicias, de materiales didácticos, de personal y salario que hoy impactan sobre la ANEP, es en este sentido es que los trabajadores hemos venido denunciando la existencia de una educación en crisis que sufre el gigantesco desfasaje entre los recursos que necesita y los que efectivamente dispone.
En los últimos años, se han multiplicado los “expertos en educación” que hablan de "crisis educativa”, apropiándose de este concepto pero reformulándolo para ponerlo al servicio de la campaña en pos de un reforma educativa privatizadora que desvíe recursos financieros estatales hacia la educación privada. Esta corriente (me tomo la libertad de llamarlos de esta manera), explica la “crisis educativa” como resultado de un sistema educativo “caduco”, “decimonónico”, “mal gestionado”, que puede superarse pauperizando la formación escolar, sometiendo a los docentes a las leyes laborales de mercado, subordinando los planes de estudio a las necesidades empresariales del momento, etc. El camino corto para lograr estos objetivos estructurales es pasar la mayor cantidad de estudiantes y presupuesto posible a manos de la enseñanza privada, ya que en ese ámbito la resistencia – que obviamente produciría aplicar estas políticas- sería mucho menor que en el estatal. De este modo “crisis educativa” ya no es el resultado de un problema básicamente presupuestal sino que es un tema de organización y dirección pedagógica, un problema que puede superarse sin necesidad de un incremento sustancial del gasto público, lo que en gran medida explica lo atractivo de esta idea para muchos políticos y economistas ya que ofrece una solución “barata” para un problema que parece endémico. Al mismo tiempo la difusión de la “crisis educativa”, a través de los medios de comunicación y su incorporación como hecho “objetivo” en los discursos políticos, tiene claros objetivos políticos. Este discurso “catastrofista” (transversal al partido de gobierno y la oposición) busca preparar las condiciones para que el público acepte el desmantelamiento – por obsoleto- de un sistema educativo que hasta hace algunos años era orgullo del país, lo que revela la intencionalidad política que para muchos tiene el repetir lo de la “crisis educativa”: “hay que aceptar que uno está enfermo para luego aceptar la medicina” sí se podría resumir la posición de muchos de nuestros “expertos en educación”. Entiendo que en ese marco hay que entender los de “crisis” que me preguntaban.
HI: El discurso de la "crisis educativa" ha venido acompañado de una suerte de "culpabilización docente", que ubica a éstos, y principalmente, a los sindicatos de la educación, como los principales responsables de los problemas educativos. ¿Cuáles son los desafíos de los sindicatos de la educación hoy?
JI: Como dije antes, la “corriente privatizadora” identifica al docente como un problema – obstáculo que se debe superar si se quiere tener éxito en la empresa que persiguen. Entonces los “expertos” recurren a culpabilizar al docente por los resultados – que siempre consideran catastróficos- , a colocarlo en la primera línea de responsabilidad y a denunciar sus “privilegios” laborales. Esta campaña de desprestigio del trabajo docente, desconoce por completo los problemas ajenos al sistema educativo que impactan sobre la trayectoria escolar de un estudiante (contexto socieconómico de su familia, problemas de aprendizaje o desarrollo intelectual, etc) y lo atribuye ciento por ciento a la currícula escolar y al desempeño docente. En este sentido el estudiante deja de ir porque tiene “muchos profesores”, no le interesan las asignaturas que incluye la currícula, porque los profesores “faltan mucho” y cosas por el estilo. Y nunca se reflexiona sobre si el estudiante no asiste porque tiene que trabajar para mantener su familia, o porque pasa hambre o porque debe cuidar a sus hermanos menores. Este sesgo para concentrar los problemas en el docente, su trabajo y su formación, tiene por objetivo lograr el apoyo social necesario para derrotar a los docentes y luego imponerles la privatización de la enseñanza pública estatal, algo que la mayoría, sin duda, resistirá y que habrá que hacer pasar con represión. Como Sindicato el desafío es doble, primero vigilar y batallar cotidianamente para que los derechos laborales vigentes se respeten y que no se intente hacerlos retroceder (por ejemplo, hoy día CODICEN apunta a una Reforma del Estatuto Docente cuyo alcance y sentido aún no podemos saber). En segundo término, explicando a la población que la salud de un sistema educativo depende de la condición salarial y laboral de sus trabajadores, no es casualidad que los sistemas educativos mejor renqueados en el mundo son los que generan mejores condiciones salariales y laborales a sus docentes. O sea, defender los derechos y salario docentes es parte fundamental de la defensa de una educación popular fundada en el pensamiento científico y orientada a formar personas críticas, creativas y con sólida base intelectual, que puedan reflexionar e intentar transformar su contexto social. La única forma organizativa institucional que garantiza esto es la Autonomía de la ANEP y el Cogobierno de los que participamos de los procesos educativos y la única forma de asegurar los recursos necesarios es destinar al menos un 6% del PIB para la ANEP y la UDELAR.
HI: ¿Cuál es y cuál debería ser la estrategia sindical para contribuir a resolver los problemas educativos del país?
JI: Es claro que en estos años se juega la suerte de la estructura nacional educativa de los próximos 50 años, o se impone una educación a la “chilena”, que es el modelo que hoy genera mayor consenso político (por ejemplo es la base del Acuerdo Multipartidario alcanzado por el PN, el PI, el PC y el FA durante el gobierno de José Mujica y que recibió el apoyo de las Cámaras patronales) o se mantiene la base de una educación estatal pública y universal, que es el proyecto que defendemos los sindicatos de la enseñanza y los gremios estudiantiles. La dilucidación de este dilema es inminente y depende en gran medida del apoyo social y político que gane cada uno, en esto el proyecyo privatizador lleva ventaja ya que es mayoritariamente respaldado por los partidos con representación parlamentaria y que disputarán el gobierno en 2019.
Hacia adentro, nuestra tarea como sindicato es explicar a los trabajadores de cada centro educativo la importancia de lo que está en juego y la necesidad de asumir una postura firme y comprometida a la hora de enfrentar las políticas educativas privatizadoras. Nuestra prioridad debe ser incorporar al resto del movimiento obrero y estudiantil a la defensa de la educación pública estatal, nuestra causa – la construcción de una educación popular- es la causa de cada familia que envía sus hijos a un centro de ANEP y el triunfo de nuestro proyecto solo es posible si las organizaciones del campo popular lo toman como propio y hacen una defensa militante de él. El primer paso en este sentido es evitar que gran parte de la ANEP y su presupuesto financiero pasen a manos de las empresas de la educación privada que lucran con esta actividad, que es el objetivo de los discursos catastrofistas y reformistas que la población escucha a diario.
Es necesario que cada organización obrera (sindicatos, cooperativas de ayuda mutua, partidos políticos de base obrera, etc) se pronuncien por la defensa de la enseñanza pública y luego actúen en consecuencia, se acabó el tiempo para las dilaciones y la indiferencia, como sociedad corremos serio riesgo de perder en manos del mercado la educación estatal, nuestro deber es no ahorrarnos esfuerzo mientras podamos evitarlo.
* Javier Iglesias es Profesor de Historia. Militante de FENAPES, de la Agrupación 1ero de Mayo y del Partido de los Trabajadores.