Hemisferio Izquierdo (HI): ¿Con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos de la última dictadura ¿cómo evalúa la gestión del gobierno del Frente Amplio?
Roger Rodríguez (RR): Cuando el tema de los derechos humanos se politiza en clave de partidos políticos, siempre se termina por bastardear esos derechos. Lo político es el arte de lo posible, lo negociable; mientras que los derechos humanos implican el deber ser: son o no son respetados, son o no son garantizados, son o no son. Hay cosas que son o no son: no hay medio embarazada o medio virgen, no hay medio traidor o medio desertor, no hay medio aprobado o medio titulado, no hay medio corrupto o medio ladrón... En el tema de los derechos humanos no se puede analizar la gestión de un partido político fuera del contexto, porque el responsable del tema es el Estado, más allá del gobierno de turno. Y el Estado uruguayo hoy, es el mismo que practicó terrorismo de Estado antes, durante y después de la dictadura cívico militar. Por eso el Estado uruguayo se defiende de las acusaciones y ampara en la impunidad a los criminales de lesa humanidad.
Fue el Estado uruguayo el que hace ya 30 años aprobó la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado: fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, que se reformuló en el Poder Legislativo y amparó el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado son impunidores. Fue impunidor Julio María Sanguinetti y todo su gabinete de ministros. Fue impunidor Ernique Tarigo y la bancada colorada. Fueron impunidores Wilson Ferreira Aldunate, Martín Sturla y la bancada blanca. Fueron impunidores los miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes luego de otorgar competencia a la Justicia Civil sobre la contienda planteada por los Tribunales Militares, terminó por admitir la constitucionalidad de esa ley que claramente sometía a los jueces al dictamen de la Presidencia de la República, que era quien definía si una causa judicial estaba o no amparada al artículo 1º de la nefasta ley.
Aquella impunidad sostenida desde el Estado a pesar del plebiscito del voto verde, del plebiscito del voto rosado, de leyes interpretativas, de dictámenes de inconstitucionalidad o de sentencias internacionales, se ha enquistado en Uruguay como una cultura que atraviesa todos los estamentos y sectores. La impunidad se instaló con el no castigo de los crímenes, y la consecuencia fue esta cultura de impunidad. La impunidad se contagia, la impunidad corrompe, la impunidad se reproduce, la impunidad oscurece, la impunidad desesperanza, la impunidad también se consume. Entonces, reformulo su pregunta: ¿Qué quiso y qué pudo gestionar el Frente Amplio en el tema de los derechos humanos y en particular sobre los desaparecidos en estos dos y medio períodos de gobierno, luego de cuatro períodos presidenciales de los partidos tradicionales en los que se defendió la impunidad?. Y la respuesta, desde mi óptica de los derechos humanos es: poco y no tanto como debía.
Estaba preso junto a otros periodistas en los días que se negoció la salida del Club Naval en 1984 y no puedo confirmar ni desmentir ninguna hipótesis que se maneje sobre lo que allí finalmente se pactó, lo que sobrevoló, estuvo implícito o explicito, más allá del texto firmado en el acta de acuerdo. Estuve en el Parlamento aquel 22 de diciembre de 1986 cuando se aprobó la Ley de Impunidad y escuché las versiones de todos los parlamentarios dentro y fuera de la Sala o del micrófono. Los que tenían buenas intenciones, los que defendían el agregado Artículo 4º, los que alegaban que era lo posible de lo negociable, en el marco de una transición a la democracia de la que no hemos terminado de salir.
Lo que fue claro, es la forma como se instrumentó aquel acuerdo antes, durante y después de la primera gestión de Sanguinetti y las consecuencias de la aplicación de aquella ley. En ese período hubo “Operación Zanahorias” con un “trasplante” de los cuerpos de los desaparecidos que fueron enterrados clandestinamente durante la dictadura. No hubo cremación y cenizas al mar, hubo exhumaciones, reenterramientos, posiblemente en fosas comunes y en oxidados tanques de 200 litros a los que les “plantaron” un árbol encima. De ahí la imagen de la zanahoria.
En ese período se ascendió de grado a los militares y policías claramente implicados en violaciones a los derechos humanos. Y, como si fuera un mérito, varios de los torturadores, violadores y asesinos terminaron al frente de las principales unidades militares o de las jefaturas policiales departamentales. Y también se ascendió a civiles cómplices o partícipes de la dictadura, para generar una telaraña de impunidad e impunidores que en varias instituciones se mantiene hasta el presente, gracias a los gobierno de Luis Alberto Lacalle, nuevamente Sanguinetti y Jorge Batlle.
No solo los militares mantienen el control sobre quiénes ascienden hasta el grado de coronel para limitar las opciones en los 16 cupos del generalato. En todo ese tiempo tampoco se ha modificado al cuerpo diplomático ni su sistema de designación consular, por lo que no sabemos si algunos de los representantes de Uruguay en el mundo no fue un colaborador y espía de la dictadura. Nadie ha modificado el proceso de ascenso de las carreras en el Ministerio del Interior y todavía hoy hay colaboradores del régimen de facto que ocupan altos cargos. Nadie ha modificado al Poder Judicial cuyos actuales ministros y varios jueces se iniciaron en la dictadura; ni al Ministerio Público, donde cada Fiscal de Corte tuvo el poder para ascender o desterrar a un fiscal; ni en los Ministerios e Intendencias donde todavía perduran núcleos de poder y corrupción que gracias a la cultura de impunidad sobreviven desde la dictadura. Aún hoy, todo aquel que tiene una cuota de poder dentro de la estructura del Estado puede ejercerlo impunemente.
La aparición de Macarena Gelman en el año 2000 propició la creación de la Comisión para la Paz, durante el gobierno de Jorge Batlle, pero el grupo de personalidades que integraba la Comisión no tenía la capacidad técnica ni el poder político para realizar otra cosa que el Informe Oficial por el que el Estado reconoció la existencia de desaparecidos y a todos se los incluyó en la conveniente hipótesis de la exhumación, cremación y solubilidad en el mar. Hoy todos sabemos que eso era mentira, porque casos como el del Escribano Fernando Miranda y el maestro Julio Castro, donde expresamente el informe de COMIPAZ señalaban como enterrados, exhumados y cremados, fueron recuperados.
Durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, se logró que las Fuerzas Armadas reconocieran expresamente lo que en su momento el general Hugo Medina había calificado como una “pérdida de los puntos de referencia”. La Armada Nacional aceptó que realizó operaciones extraterritoriales, que administró la sede del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y la Prefectura Nacional Naval (DIPRE) como centros de tortura donde coordinó con la ESMA argentina. La Fuerza Aérea Uruguaya admitió que había torturado y matado a Ubagesner Chavez Sosa y a José Arpino Vega, y confirmó la existencia del “segundo vuelo” del 5 de octubre de 1976 en el que se trasladó a una veintena de uruguayos presos en el pozo porteño de Automotores Orletti, quienes fueron ejecutados y desaparecidos en Uruguay. Pero el Ejército Nacional no ha dicho quién recibió a las víctimas de ese y otros vuelos, ni donde esta ubicado el espacio que ellos llamaban “Arlington” en referencia al cementerio norteamericano. Por el contrario, el pacto de silencio entre los represores militares de todas las armas se ha mantenido, derivando a un cruel juego de mosqueta en el que los cuerpos de los desaparecidos se mantienen hoy secuestrados en calidad de rehenes o, peor aún, de trofeos de guerra.
Los informes sobre los 192 uruguayos desaparecidos que por orden de Tabaré Vázquez presentaron los mandos militares el 8 de agosto de 2005 y sus posteriores ampliaciones, solo ha permitido ubicar cuatro cuerpos enterrados (Ubagesner Chavez, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco), uno arrojado al mar (Atilio Arias), un cráneo (Roberto Gomensoro Josman) y un hueso de mujer (no identificado). De 31 cuerpos “N.N.” encontrados en las costas uruguayas, fueron identificados 6 argentinos (Roque Montenegro, Laura Romero, Horacio Abeledo, Floreal Avellaneda, María Rosa Mora y Raúl Niño Cotto), dos chilenos (Nelson Cabello y Luis Vega) y un paraguayo (Liborio Gadea). En Argentina se encontró los cuerpos de 18 uruguayos (Eduardo Del Fabro, Hugo Gomensoro Josman, José Méndez Donadio, Francisco Candia, Luis Camacho, Alberto Mechoso, Jose Pelua, Martín Pelua, Renee Pereira, Felix Rodríguez Liberto, Eduardo Chizzola, Carlos Hernández, Eduardo O'Neill, Juan Insausti, María Angélica Ibarbia, Modesto Quiñones, Helios Serra y José Urtasún), dos en Chile (Mónica Benaroyo y Arazati López) y uno en Bolivia (Enrique Lucas López). El resto sigue desaparecido.
La información recabada en archivos oficiales por la Comisión de Seguimiento de la COMIPAZ, interpretada por un equipo universitario comandando por el historiador Alvaro Rico, permitió la elaboración de cuatro tomos con la historia oficial de los desaparecidos, tres sobre la represión dictatorial y un tomo que incluye el trabajo de excavaciones realizado por el Equipo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), que comandaba José López Mazz. Un archivo completo encontrado por la ministro Azucena Berrutti en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército y en el propio Ministerio de Defensa, permanece bajo confidencialidad, a pesar de lo establecido en el Art. 12 de la Ley 18.381 de acceso a la información pública que específicamente indica que no puede haber reserva en temas vinculados a los derechos humanos. Un archivo de 65 cajas de documentos y grabaciones capturado en el domicilio del coronel Elmer Castiglioni tampoco ha sido abierto, aunque la filtración de algunos materiales demuestra la impunidad con la que aún en democracia los militares espiaban a políticos, sindicalistas, activistas sociales, periodistas y otros. No se hace pública la información.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, obligó al presidente José Mujica a derogar todos los actos administrativos con los que sus predecesores habían amparado causas judiciales en la Ley de Caducidad, en una decisión política que resultó en los hechos más efectiva que todas los plebiscitos y las discusiones legislativas que durante tres décadas buscaron eliminar la impunidad. La interpretativa Ley 18.831, declarada inconstitucional en dos de sus tres artículos, aportó en su único artículo validado, un elemento simbólico al devolverle al Estado la pretensión punitiva que le habían quitado en 1986. Pero en la realidad, las causas judiciales siguen trancadas, la documentación de los archivos del Estado no se aporta, los testigos siguen muriendo, como los propios represores, para garantizar que esto no se terminará cuando muera el último de los protagonistas. Quizás entonces se libere toda la información.
En estos 30 años de impunidad se presentaron 304 denuncias judiciales, de las cuales 180 casos (63%) permanecen en etapa de presumario, gracias a las sucesivas chicanas jurídicas interpuestas por los abogados defensores de los represores denunciados, a la complicidad del ministerio público y también a la falta de criterios del Poder Judicial, donde no se crearon juzgados específicos sobre el tema derechos humanos, permitiendo que las causas requieran un reinicio ante cada cambio de juez o fiscal (y en varias ocasiones esos cambios fueron intencionales para que los procesos se enlentecieran). De las 80 causas que tuvieron definición, 66 fueron archivadas, 10 llegaron a la etapa de sumario y en apenas 6 casos hubo sentencia de primera instancia. Eso también explica que solo 30 represores (militares, policías o civiles) hayan sido procesados y apenas 14 permanezcan encarcelados.
No hay voluntad política, sí. Pero más allá de la falta de voluntad política por la que se pueda acusar a tal o cual dirigente del Frente Amplio que tuvo o tiene cargos ejecutivos de gobierno, o que ocupó una banca legislativa en alguna de las Cámaras, o que evidenció algún tipo de renunciamiento en la causa de los derechos humanos, el tema de fondo seguirá siendo cultural e ideológico. Dar el debate ideológico implica intentar reconquistar los valores de convivencia que se han perdido con esta cultura de impunidad generada por la Ley de Caducidad y asentada en la sociedad durante la larga transición institucional que seguimos recorriendo. Aún hay actos institucionales vigentes, aún tenemos una Constitución que fue violada en reiteración real, aún no somos iguales ante la ley y cada día más la semejanza se estará dando por la impunidad de la que todos somos parte dentro de un Estado uruguayo que necesita de un nuevo contrato social.
HI: ¿Qué análisis puede hacer sobre la situación de las cárceles en Uruguay?
RR: La situación que se sufre en las establecimientos penitenciarios y en los centros de minoridad, implican directamente una violación constante de los derechos humanos por parte de ese mismo Estado que impunemente sobrevive desde sus tiempos del terrorismo de Estado. La propia cultura de impunidad ha permitido que sectores de la sociedad busquen atajos más redituables que el de los giles que laburan diez horas diarias. El concepto del “ni-ni” (ni estudia ni trabaja) también es una denuncia del deterioro cultural que comienza quizás antes de la dictadura, se asienta en el neoliberalismo de los noventa y estalla con la crisis económica del nuevo milenio. No fue casualidad que en la crisis económica ingresara el paco en sustitución de la marihuana, se propiciara la marginalidad de algunos barrios, que luego pasarían a ser zonas rojas, hoy se califican como barrios feudalizados y en el futuro serán áreas favelizadas en las que la Republicana terminará por entrar a sangre y fuego. No es casualidad que los modelos de la sociedad lo marquen la tenencia de productos de consumo, los personajes mediáticos y los deportistas exitosos; que los medios masivos de comunicación encandilen con las noticias policiales, programas religiosos, o con series y películas conspirativas; o que las encuestas muestren la falta de confianza en los dirigentes políticos, sociales y empresariales, como la falta de credibilidad en el propio sistema republicano democrático representativo de gobierno. No es casualidad que los dos principales rubros del Producto Bruto Interno sean la producción de Soja y Forestal que destruyen la tierra, contaminan con agrotóxicos y se llevan la renta al exterior; ni que los directivos de las cámaras empresariales sean dueños de empresas off shore en Panamá. No es casualidad que el 0,01% de la población (3.500 personas) tenga el 50% del capital en Uruguay y, como contracara, el 60% de los ciudadanos no pague IRPF porque cobra menos de 30 mil pesos por mes... No es casualidad, es un sistema de dominación y dependencia.
HI: ¿Qué balance hace sobre la política de seguridad del actual gobierno?
RR: El mediático tema de la Seguridad es más que una sensación térmica, es uno de los objetivos estratégicos para el gobierno, para la oposición y para cualquier grupo con pretensiones de conspiración. También fue a principios del milenio que las noticias policiales pasaron a ocupar 20 minutos en los informativos, se agregó musicalización de fondo a los informes y la ciudadanía pasó a saber de los crímenes de pasión o de barrio, sobre los que antes no se informaba y respecto a los que diariamente hacen mediciones las encuestadoras. La impunidad también afecta a la seguridad. El sistema judicial garantista no permite que los indagados vayan presos si no se presenta prueba. Y a diferencia de los tiempos del comisario Alejandro Otero, hoy no se practica aquello de que “la confesión es la reina de las pruebas”. Hoy no se ayuda a confesar. Desde el ministro José Díaz hasta el presente se han producido cambios en el Ministerio del Interior, pero no los suficientes. Se ha fortalecido a la Republicana como fuerza de choque para todo conflicto, pero todavía hay conceptos anticuados en temas como Inteligencia, que es el eje de cualquier sistema preventivo. Se ha mejorado las condiciones de vida del funcionario policial, pero no se logra imponer el concepto de policía de cercanía, que requiere de la confianza de ambas partes. El problema de la seguridad, que tiene siempre su pilar económico, es también cultural e ideológico y está afectado por todo lo que dije en párrafos anteriores sobre la cultura de la impunidad. Uruguay es uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, tiene uno de los índices de percepción de inseguridad más altos. El problema es que para sentirnos seguros, terminamos contratando empresas privadas de seguridad, enrejando nuestras casas, con cercas eléctricas y cámaras de video, para terminar presos en cárceles de nuestra propiedad privada. Y uno termina preguntándose si no es eso lo que el sistema quiere: una sociedad de consumidores bancarizados, frente a la computadora, el televisor o el celular, encerrado en sus casas y convenientemente controlados. El tema no es el modelo de seguridad del actual gobierno o de cualquier otro gobierno, sino el modelo de sociedad y el acuerdo de convivencia que nos damos. Y para tener la libertad de resolver eso, debemos eliminar los resabios de impunidad que queden y dar la pelea ideológica contra la cultura de impunidad para contraponerle una cultura de los derechos humanos.
* Periodista.