“La agenda de derechos es un espacio político de una plasticidad brutal, que no se agota en la aprobación de marcos legales de ampliación de derechos, sino que tiene un horizonte utópico que es el de un Uruguay menos conservador.”

September 7, 2016

 

 

Sobre lo programático en materia de feminismo y agenda de derechos le pedimos un aporte a Romina Napiloti, socióloga, feminista e integrante de sector frenteamplista IR y el colectivo Proderechos. A continuación su aporte.

 

Caminamos sobre la delgada línea que separa a “un país comprometido con los derechos humanos de todas las personas” con “un Uruguay de los derechos for export”. Caer de un lado o del otro depende en buena medida de dar debates que marquen rumbos políticos claros. Con esto claro de antemano, es preciso decir una obviedad y es que hemos avanzado en esta agenda gracias a un compromiso político del Frente Amplio con una mirada distinta de las personas.

Analizar la cuestión de género y la agenda de derechos a la luz del proceso político liderado por el Frente Amplio desde el gobierno, requiere de un ejercicio de contextualización, de análisis de los actores involucrados tanto dentro como fuera del sistema político, y de las distancias aún existentes relativas a la síntesis social y política sobre los temas de esa agenda.

 

Este gobierno, ante una situación de emergencia como la encontrada en el 2005 se planteó el desafío de crecer y redistribuir al mismo tiempo y para ello tuvo que montar una estructura que pensara a todos los uruguayos en clave de inclusión. Se encontró con indicadores de pobreza y desigualdad históricos. En la era de la emergencia se preguntó cómo era esa pobreza, donde estaba y qué necesitaba. Se preocupó por identificar las carencias de un Estado con políticas asistencialistas o bien basadas en la afiliación al mercado laboral formal, para construir no ya políticas sino un sistema de protección social basado en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y en una articulación eficiente de los recursos del Estado.

 

Superada la etapa de la emergencia social se generaron marcos jurídicos e institucionales que pudieran incluir e integrar a toda la población al Sistema de Protección Social. Se duplicó el gasto social y se lo hizo apelando a la eficiencia del mismo. Fortaleció y garantizó la universalización del sistema a través de las reformas de salud, del trabajo, la educación y tributaria. Llegó a través de las reformas de los sistemas universales a toda la población y utilizó estrategias de focalización de alta precisión para invertir el gasto social en donde el país tenía que hacerlo.

 

Nos encontramos a más de diez años de un gobierno de izquierda y esto nos exige como fuerza política la construcción de un relato sobre el enorme desafío que nos propusimos y que llevamos adelante con éxitos rotundos y con otros que requieren todavía de mayor atención. Para hablar de la agenda de derechos en la era de los gobiernos frenteamplistas, es importante dimensionar que el Frente Amplio, le exigió a la sociedad uruguaya, humanizar a sus ciudadanos. Se comprometió con promover otra mirada de “el otro”.

 

La agenda de derechos no baja en un platillo volador, ni es una agenda que el movimiento social adoptó sonso, para hacerle el juego a las tendencias del imperialismo. Responde a un movimiento contrahegemónico que se respalda en la tradición del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y del movimiento feminista. Un movimiento que se para sobre la premisa de incluir para ser una sociedad de oportunidades y no un conglomerado de sujetos librados a la suerte que le deparen ciertas manos invisibles.

 

El peso de esta agenda, tiene también que ver con la entrada en juego de nuevos actores en la política, como más mujeres en el parlamento por ejemplo, así como de una movilización permanente y creciente de nuevas organizaciones del movimiento social que han elaborado estrategias de articulación exitosas con las más clásicas, logrando colocar sus demandas en las plataformas políticas y exigiendo tanto a la sociedad como a nuestros dirigentes, posición sobre temas que hasta no hace tanto eran tabú.

 

 

La agenda de derechos por partes

 

Analizar la agenda de derechos junto con la de género es justo si lo que queremos es analizar estrictamente la dinámica de ese impulso contrahegemónico, sus vertientes, sus estrategias de articulación y de disputa. Pero analizar los aspectos programáticos en los que se desagrega en tanto estrategias de intervención del estado sobre la realidad social, requiere de diseccionar esa agenda y mirarla por partes.

 

La transversalización de género, generaciones, raza y etnia o discapacidad, implica no solamente marcos legales que expresen la inquietud programática, no se agotan en la gestualidad de aprobar leyes, deben reflejarse en el compromiso de los actores políticos y en esfuerzos presupuestales del gobierno.

 

Existe un conjunto de aspectos estructurales de nuestra sociedad asociados no ya sólo a la condición de clase, sino a la de ser mujeres, varones, homosexuales, heterosexuales, trans, blancos, afros, o discapacitadas, que repercuten en trayectorias vitales marcadas por la desigualdad en el acceso a oportunidades. La necesidad de intervenir decididamente sobre esas vertientes de desigualdad, es una discusión que a nuestra fuerza política le cuesta aún saldar, pero que algunos consideramos que es deseable e imperiosa. A pesar de todos los avances, ser una chica trans en nuestro país, es prácticamente sinónimo de encontrar en la prostitución una forma de supervivencia. Ser afro, significa acceder a empleos de menor calidad y salario. Ser una persona con una discapacidad, significa un acceso desigual a la ciudad, a la educación, a la exploración de su potencial. Ser mujer en nuestro país, significa en buena medida estar a cargo de tus niños y estarlo sola, ganado menos que tus compañeros varones y remando cada fin de mes como una campeona.

 

El logro más importante del movimiento social es efectivamente de las mujeres. Lograron colocar a la violencia como una expresión de la discriminación y a la discriminación como un aspecto estructural de nuestra sociedad y no sólo eso, lograron construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo: el proyecto de ley de violencia basada en género, actualmente en tratamiento en la cámara de senadores es un claro ejemplo.

 

Este proyecto recoge por un lado la experiencia del feminismo latinoamericano en cuanto a la trayectoria de construcción institucional. A lo largo y ancho del continente el proceso de acumulación ha sido bastante similar, aprobándose primero tipos penales, implementándose políticas de atención y acogimiento de las víctimas y finalmente apelando a articular las anteriores con medidas de impacto sobre las bases sociales y culturales del machismo, en leyes integrales que tienen como objetivo dar respuestas complejas a un problema complejo.

 

Por su parte, capitaliza la experiencia local mejorando las figuras penales existentes y creando las inexistentes, delimitando el dispositivo de atención a las victimas así como a los agresores, mejorando los aspectos del derecho civil y procesal implicado en el tratamiento judicial de estas situaciones. También hace algo no menor que es nombrar y definir a las distintas expresiones de la violencia, desde el acoso callejero pasando por la violencia obstétrica, la mediática, la doméstica hasta llegar al feminicidio como la expresión más radical del machismo. Propone con minuciosidad las líneas de acción de todas las sectoriales del Estado para trabajar sobre las causas estructurales de este problema.

Este proyecto de ley pone en palabras las prácticas cotidianas sobre las que se cimienta el machismo de nuestra sociedad y ese, es de los logros que marcan rumbos políticos. Es un plan de largo aliento que tendrá el enorme desafío de derramar sobre la sociedad una manera de ver a las personas más allá de su género, cosa que hasta no hace mucho, condicionaba negativamente las trayectorias de vida de buena parte de la sociedad.

 

Pero tenemos discusiones pendientes y caminos a medio andar. Es urgente retomar la reforma del Código penal y hacerlo a la luz de la perspectiva de derechos humanos, en especial la de género. Discutir si los delitos contra la vida o la libertad sexual implican un mayor o un menor reproche penal que los delitos contra la propiedad, es un desafío político enorme.

Nos debemos un mayor compromiso con el acceso igualitario y universal a la interrupción voluntaria del embarazo, que para ser posible requiere de directrices políticas que desarticulen la operación de las corporaciones médicas, que boicotean el correcto funcionamiento de esta estrategia, que ha reducido la mortalidad y morbilidad de las mujeres que abortaron, abortan y abortarán. Nos debemos también un esfuerzo presupuestal a la altura del sistema de cuidados que queremos, porque si no funciona no habrá una corresponsabilidad en el cuidado de las personas con dependencia y seguirá recayendo sobre las mujeres.

 

Nos debemos dar un debate que nos obligue a admitir que la aplicación de la ley de cuotas en varios de nuestros sectores fue minimalista y que no es casualidad que los cuatro candidatos a la presidencia de nuestra coalición, hayan sido varones.

En cuanto al matrimonio igualitario es importante dimensionar que no se trata solamente de que las personas se puedan casar o adoptar, sino también de que debemos incorporar la diversidad sexual como un pilar fundamental de los valores propios de nuestro país. Cuando intentamos implantar una guía de educación sexual y diversidad en los ámbitos institucionales donde los niños, niñas y adolescentes son educadas, debemos asumir el costo político de abrazarnos al espíritu que motivó aquel marco regulatorio y hacerlo sin titubeos.

 

La discusión en torno a la ley de regulación del mercado de cannabis, fue la primera que enfrentó a la sociedad y a nuestra fuerza política a asumir que el paradigma de la guerra contra las drogas está obsoleto y ha llevado a nuestro continente a los niveles de violencia y desigualdad más altos de su historia. Si bien la implementación de esta ley ha ido marchando por caminos sinuosos y sobreprotegidos a la vez, nos enfrentamos como gobierno al desafío de delimitar qué política de persecución tendremos entonces frente al narcotráfico. ¿Condenaremos los eslabones más débiles de la cadena o perseguiremos decididamente a los eslabones más altos? ¿Seguiremos mirando como inmoral el uso de drogas o buscaremos promover un consumo responsable y calificado? ¿Reduciremos el consumo problemático a una enfermedad o brindaremos una atención adecuada? ¿Le dejaremos todas las sustancias prohibidas al narcotráfico para que siga usando a las personas pobres como carne de cañón o regularemos las sustancias tal como lo hicimos con el cannabis y el alcohol?

 

Durante el año 2014, las organizaciones sociales que se pusieron al hombro la agenda de derechos lograron revertir el resultado de un plebiscito que dábamos por perdido. La calle se llenó de gente y otra vez la gente se llenó de calle. Cientos de miles de personas salieron a decir que bajar la edad de imputabilidad estaba mal, era peor y no servía. Más de la mitad de la población construyó una síntesis social: más cárcel no es la solución. Sin embargo a dos años de aquella victoria, seguimos evadiendo una discusión profunda en la interna de la fuerza de gobierno. Ese camino no es fácil, y debe estar dirigido a construir una política criminal centrada en el uso racional de la pena, en la mejora de la situación carcelaria, en la consolidación de sistemas que rehabiliten y no solo ejerzan más daño que el provocado por quienes son penados. No podemos permitirnos ser el país con más población carcelaria en relación a su población total de América Latina y mucho menos permitirnos que más de la mitad de esa población, tenga menos de 28 años.

 

Es una obligación dejar de tomar decisiones atendiendo sólo a ese grito histérico que no ofrece otra respuesta que más cárcel para los más vulnerados de siempre. Debemos asumir un proceso de reforma de la política de seguridad que refleje los aspectos culturales intrínsecos a esa agenda de derechos que tanto nos enorgullece: que no hay ciudadanos de primera que tienen derechos humanos y ciudadanos de segunda que deben ser castigados a través de la pérdida absoluta de ellos.

 

La agenda de derechos es un espacio político de una plasticidad brutal, que no se agota en la aprobación de marcos legales de ampliación de derechos, sino que tiene un horizonte utópico que es el de un Uruguay menos conservador. El desafío de nuestra fuerza política es salir de las discusiones maniqueas sobre cuál batalla es más importante, si la de la redistribución o la del reconocimiento y liderar la articulación de la izquierda toda, para hacerle frente a un Uruguay que sigue siendo violentamente conservador y para hacer de este país un proyecto que nos enorgullezca a todos y todas.

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