No hay atajos*

May 8, 2016

Imagen: Tarsila do Amaral, "Segunda clase" (1933)

 

El debate en torno de la disputa en la esfera política en Brasil, por la continuidad o no del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), tiende a ignorar la nueva configuración del capitalismo. Aun con todas las mediaciones entre una y otra esfera, esas transformaciones de fondo son base material de las determinaciones que se imponen para los Estados y para los gobiernos.

 

Impulsados por Estados Unidos, el Tratado Transatlántico, el Tratado Transpacífico y el TiSA (tratado de comercio de servicios) amplían en escala planetaria las zonas de libre comercio y las garantías para preservar los intereses de las empresas trasnacionales de eventuales intentos de cambios en la política interna de los países. La imposición de los tres tratados exige una adaptación del marco legal y del funcionamiento del Estado en cada país. Las consecuencias de estas modificaciones tendrán mayor impacto sobre las poblaciones de la periferia. Países como El Salvador y México, sólo para citar algunos ejemplos del continente, ya sufrieron esa transformación desde la última década del siglo XX. Las áreas de libre comercio y la instalación de maquiladoras en esos países son muestra de la tendencia que los tres tratados consolidarán como norma.

 

En este escenario Brasil se benefició de una posición intermediaria dentro del orden que viene configurándose, sirviendo, dentro de la región e inclusive en países de África, como operador para la realización de la especialización de los países "destinados" a la producción de commodities. La IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que surgió en el año 2000 en la reunión de presidentes de la región, ya había apostado a crear la infraestrucutra necesaria para el flujo veloz de las commodities.

 

Durante los gobiernos del PT, el Estado brasileño actuó con relativa eficiencia para impulsar la expansión del capital en esas ramas de la economía, tanto en su propio territorio, como en Latinoamérica y en países africanos, apostando al desarrollo de la infraestructura regional para la especialización productiva. Ese papel diferenciado de Brasil dio margen y creó condiciones para la obtención de ganancias extraordinarias para empresas con sede en el territorio nacional y permitió cierto impulso de la industria de transformación local. Ese margen se comienza a estrechar con la promoción de los tres tratados mencionados de la nueva "pax americana", que toma la iniciativa de reorganizar las cadenas productivas y su funcionamiento en escala planetaria, con un control más concentrado por determinadas empresas. Esta nueva "pax americana" es la que ahora arremete en América Latina.

 

Así las cosas, en Brasil la composición de clase que sustentó el proyecto de los gobiernos del PT ya no puede ser satisfecha. Por ejemplo, el sector del empresariado industrial, que fue relativamente favorecido durante la administración “petista”, no encuentra el mismo apoyo y representación en el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Ese es el motivo de la virulencia de la oposición de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo) y la posición de la FIRJAN (Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro) a favor del impeachment de la presidenta Rousseff. Las nuevas determinaciones externas obligan al gobierno a dar prioridad a otros sectores, subsidiar menos a la industria y aumentar los intereses, y esto afecta a los industriales.

 

Sólo que ni el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), hasta hace poco aliado del PT, y mucho menos el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), principal partido de la oposición de derecha, se comprometen con una política de apoyo a la industria. Entre los partidos del orden, ninguno es capaz de resistir la imposición externa. Lo que hacen es disputarse quién continuará administrando la transición, con estilos diferentes. Esta campaña judicial articulada con la campaña mediática que se realiza contra el PT terminará debilitando a todos los partidos del orden, una vez que avancen las investigaciones que revelan la red de favores como práctica inherente a la gobernabilidad en el capitalismo dependiente. Esto deja al descubierto la autocracia propia de la dominación burguesa en la periferia, que implica a veces ilegalidades y a veces un uso selectivo de la ley para favorecer (en el sentido del favor como institución) un sector y no otro. Por ejemplo la Operación Santiagraha, desarticulada en 2004 por la policía federal, investigó el pago de soborno a políticos, jueces y periodistas por parte de banqueros y lavado de dinero, fue cajoneada porque desestructuraría al Estado en su conjunto si toda la información se expusiese. Los 315 políticos de la lista de delación que declaró la constructora Odebrecht reveló, en el contexto de la Operación Lava Jato (lava rápido), no permiten mantener esta investigación con foco exclusivo en el PT, aun con todos los dispositivos que movilizaron para mantenerla focalizada sólo en el gobierno. También el proceso de investigación sobre las cuentas en Suiza de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados del PMDB y principal articulador del proceso de impeachment de la presidenta. Y finalmente la divulgación de los Panamá papers, resultados del trabajo de periodistas de investigación que revela nombres de cientos de políticos brasileños involucrados en la creación de empresas en paraísos fiscales. Además de ponerse fuera de alcance de la autoridad tributaria, las empresas están bajo sospecha por el lavado de dinero de sobornos y otras actividades ilícitas. Es difícil decir cómo los partidos se recompondrán. Cualquier solución de carácter institucional que haya será inevitablemente inestable. ¿Cómo mantendrán la credibilidad si ellos generaron tal desconfianza en el funcionamiento del Estado?

 

Dentro de esta disputa, la clase trabajadora no tiene medios claros para incidir en la esfera política. Primero, porque los instrumentos creados en el ciclo anterior de luchas, iniciado al final de los años 70, con la creación del PT, no representan la configuración actual de la clase y perdieron relación orgánica con esta. Pero también porque estas organizaciones, del punto de vista de la estrategia política, permanecen apegadas al viejo proyecto y no vislumbran cualquier posibilidad de cambio en su estrategia. Estas organizaciones ya no tienen la confianza, el apoyo y el reconocimiento de la clase. Entonces, el grueso de los trabajadores no está manifestándose en el marco de la disputa actual. De hecho, sea en las movilizaciones, sea en las campañas, la clase trabajadora está observando y desconfía que puede ser utilizada. El PT está demostrando su forma de operar esta transición, sea con el "Lulinha paz y amor" (como Lula manifestó en el discurso de la manifestación del 18 de marzo) de la conciliación de clases o con la sanción de la ley antiterrorista (publicada por la presidenta la noche del 17 de marzo, en una edición extra del Diario Oficial).

 

De concretarse el impeachment resultará en una reconfiguración de las relaciones institucionales. Cabe preguntarse en qué medida esta ruptura traerá consigo un fortalecimiento acelerado del aparato represivo. Mientras observamos la virulencia del conflicto en las instituciones, apreciamos un crecimiento de las luchas sociales, ocupaciones y movilizaciones de sindicatos de trabajadores, estudiantes de secundaria y pueblos indígenas. Desde 2013, por ejemplo, se viene superando el número de huelgas de 1989 (mayor marca desde el golpe de 1964). Son huelgas de sindicatos industriales, de la educación, de servicios (en muchos casos precarizados), muchas veces acompañadas con ocupaciones de los espacios de trabajo para defender las fuentes laborales. Vemos también la irrupción de una nueva generación de luchadores, trabajadores o hijos de trabajadores que estudian en las escuelas públicas, que realizan ocupaciones contra el deterioro y la privatización de la educación, así como de una ofensiva en las ocupaciones de tierras por las nuevas generaciones de indígenas, ante la parálisis de la demarcación por el Estado y el avance avasallador del agronegocio sobre sus tierras. Son luchas centrífugas a los polos que disputan en la esfera política y no se dejan capturar por esta.

 

Esas luchas aún no tienen alcance ni continuidad nacional que resulten en nuevas organizaciones. La gran preocupación de los trabajadores con relación a esa disputa es en qué medida y cómo serán articulados los dispositivos represivos, porque estos sí pueden afectar su amplificación. En tanto estas acciones que evitan ser capturadas por las fuerzas que disputan en la esfera política del orden pueden ser afectadas por la intensificación de la represión que pretende tanto el PSDB como una parte importante del PMDB, y que puede crear situaciones muy inestables.

 

Sobre esta cuestión, el elemento externo determinante, los Estados Unidos, aún no tiene una opinión formada y consolidada. El complejo industrial-militar y petrolero, que tiene representación política en el Partido Republicano, impulsa la articulación mediática y judicial. Para este sector, la desestabilización y los conflictos localizados crean oportunidades para negocios con ganancias extraordinarias. El sector del Partido Demócrata tiene una visión de conjunto, respondiendo menos a los intereses de uno u otro sector, y viene apostando a una dominación sin tropiezos, ya que ve con preocupación un escenario que rompa con las instituciones republicanas. De hecho, mientras los gobiernos del PT mostraron capacidad de lidiar con los conflictos sociales, el PMDB y el PSDB no poseen esa capacidad de mediación de los conflictos, y precisarán recurrir a la represión para garantizar la transición.

 

En este marco, la convocatoria a movilizarse por parte del gobierno y del PT se produce dentro del estrecho marco de mantener “respirando con aparatos” el apoyo de las organizaciones sociales. Convocaron con la promesa aislada de desapropiar tierras ya recuperadas pero que estaban cajoneadas para comunidades de negros libertos, pescadores o sin tierra, y el incremento de recursos para el programa de viviendas populares "Mi casa, mi vida", que estaba paralizado.

 

Por su parte la oposición de derecha moviliza el resentimiento social de las capas medias contra los más pobres. Alimenta la criminalización de los más pobres valiéndose del discurso de la meritocracia con consecuencias en la sociabilidad en su aspecto más cotidiano.

 

Finalmente los partidos de la oposición de izquierda apuestan una vez más a la constitución de frentes que se presenten como un tercer polo en la esfera política. Reiteran así la estrategia de procurar al pueblo donde este no está, sin diagnóstico sobre la experiencia que la clase está haciendo en esta coyuntura. Tanto el llamado para elecciones generales, como la propuesta de la asamblea constituyente apuestan a la posibilidad inmediata de que la clase actúe como protagonista en la esfera política. Pero el escenario entre los trabajadores es de descrédito en la participación institucional. Tanto de aquellos que están movilizados como de aquellos que hacen de tripas corazón para sobrevivir en la actual crisis económica. A estos últimos, la narrativa flexible de las novelas de la televisión pide que continúen trabajando y sobreviviendo con la esperanza en tiempos mejores.

 

Para lanzarse a batallas mayores y más decisivas, la clase precisa construir redes de solidaridad a partir de esas luchas parciales. Es en las redes capilares de la lucha donde se puede constituir un polo de cultura de la clase, potencialmente socialista. No hay atajos, la tarea es impulsar las luchas sociales y articularlas. No se puede gambetear esa tarea.

 

 

* La nota fue escrita dos semanas antes de la aprobación del impeachment en la cámara de diputados de Brasil el pasado 17/4.

 

** Organización Política Canudos

 

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